DOCUMENTO DE PRENSA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD.

Ante el panorama de acentuada impunidad que padece la sociedad dominicana, Participación  Ciudadana ha decidido dar un nuevo paso al frente.  Por esa razón en el día de hoy estamos emplazando, mediante instancias formales, a diferentes salas penales que tienen casos de corrupción con varios años en los tribunales, a que agilicen los mismos.  

En este sentido, hemos emplazado a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia a que conozcan, decidan y fallen definitivamente los casos siguientes:  

  1. La recusación contra los jueces de la Cámara de Calificación que conocen el caso BANINTER.

  2. El caso de entrada ilegal al país de ciudadanos chinos.

  3. El caso de los inculpados por el Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME)

  4. El caso de las denunciadas irregularidades en el subsidio al GLP.  

  5. El caso INESPRE, con más de 15 años en los tribunales.

De igual modo, estamos emplazando al Magistrado Dr. Rafael Antonio Pacheco Paulino, Juez de la Décima Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en sus funciones de Sexto Juez del Tribunal Liquidador, para que agilice y concluya dos casos de corrupción en su poder:  

  1. El caso de los terrenos de Bahía de las Águilas, que está en los tribunales desde 1997.

  2. El caso de corrupción en Aduanas que data del año 1994.  

Asimismo, con igual propósito, hemos emplazado a los siguientes Magistrados:         

En las próximas semanas Participación Ciudadana hará emplazamientos similares a otros Magistrados que tienen engavetados casos de corrupción cuya situación estamos investigando, como lo son, por ejemplo:  el caso del fraude en la Lotería Nacional, el caso de los taxis pollitos y el caso de la Asociación Popular de Ahorros y Prestamos.  Igualmente se dará seguimiento a los dos casos más recientes:  el uso por parte de oficiales de la Policía Nacional de vehículos robados y el Plan Renove.  

Al actualizar la  investigación sobre los casos de corrupción sometidos a los tribunales de la República durante el periodo 1983-2003, publicada el año pasado con el titulo de “Veinte años de Impunidad”, nos encontramos con la misma situación deplorable, en la cual nadie guarda prisión por delitos de corrupción, a pesar de la abundancia de pruebas en muchos de los casos bajo consideración de los tribunales.  Poniéndose  de nuevo en evidencia la inutilidad y la inercia del aparato judicial dominicano, cuando de perseguir y condenar la corrupción se trata.

En todos los casos de corrupción se utiliza el mecanismo de otorgar libertad bajo fianza a los inculpados y luego, los jueces apoderados se encargan de engavetar los procesos o permitir que los mismos sean incidentados indefinidamente, de tal manera que la libertad bajo fianza se convierte en libertad definitiva sin llegar a dictar sentencia.  Eso da lugar, incluso, a que algunos expedientes desaparezcan de los archivos de los tribunales como ha ocurrido en el caso que se seguía contra Leonel Almonte desde el año 1989.  

A esta penosa práctica no escapa la propia Suprema Corte de Justicia, cuyo ejemplo más patético es el del imputado de trafico de indocumentados, Radhamés Ramos García, caso que tiene mas de dos años en su poder, sin que ese tribunal haya sido capaz de conocer el fondo. 

Es evidente que este comportamiento del tribunal supremo del país envía una pésima señal a los tribunales inferiores y le quita toda fuerza moral para exigir firmeza y responsabilidad a la hora de juzgar los delitos de corrupción.  

Estamos convencidos de que la lucha contra la corrupción y por el cese de la impunidad sólo saldrá victoriosa cuando los tribunales del país asuman la responsabilidad que les corresponde, sancionando drásticamente a los culpables de estos delitos, sin importar su poder o su influencia política o económica y sin hacer distinciones por razones de apellidos o abolengo social.

 

26 de enero, 2005