Deterioro de la Institucionalidad
11 de junio, 2008

Participación Ciudadana desea expresar su profunda preocupación por el deterioro de la institucionalidad y el retroceso existente en la lucha contra la corrupción, que en los últimos días ha quedado evidenciado por los siguientes hechos:

1. Nuevo escándalo de la Cámara de Cuentas: Las acusaciones vertidas por el Presidente de la Cámara de Cuentas en una misa en la Catedral, en las que refiriéndose a los demás miembros del organismo, señaló que se producían “apandillamientos cómplices contrarios a toda ética y al interés supremo de nuestros ciudadanos”. Estas declaraciones fueron respondidas por siete de sus miembros, que obviamente se sintieron aludidos, denunciando serias irregularidades cometidas por el presidente, sin que se  haya ofrecido una explicación al respecto.  No cabe dudas de que el criterio utilizado para la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas es el responsable de que la misma no haya podido cumplir con su rol, habiendo producido apenas diez auditorias en los últimos tiempos. Participación Ciudadana, tal como lo hizo desde que fueron escogidos, demanda la renuncia de todos los miembros de la Cámara de Cuentas y de no hacerlo, solicita a la Cámara de Diputados que apodere al Senado de la República para que se produzca su destitución y se designen nuevos miembros que reúnan los requisitos de capacidad, integridad e independencia.  Es obvio que los actuales miembros han perdido toda credibilidad ante el país y su permanencia representa un serio obstáculo en la lucha contra la corrupción.  

2. El desistimiento de la acción pública por parte de la Procuraduría General de la República en el caso seguido contra Ángel Lockward. Participación Ciudadana nunca ha pretendido convertirse en tribunal para determinar la culpabilidad o inocencia de cualquier imputado, pero ha reclamado y reclama que se permita que sean precisamente los jueces quienes tomen esa decisión.  Queda muy mal parado el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), que semanas antes de las elecciones había decidido continuar con el caso seguido contra el señor Lockward, sólo para presenciar que el superior jerárquico lo desautorizaba y desistía del caso, justo luego de concluidas las elecciones en las que el imputado jugó un rol importante a favor de la reelección, dejando en la ciudadanía la percepción de que la justicia es utilizada para pagar apoyos electorales.

3. Denuncia sobre la leche que servida a través del programa de desayuno escolar. Uno de los hechos más graves de los últimos tiempos fue denunciado recientemente por  la periodista Nuria Piera, quien basándose en pruebas de laboratorio, informó  que  la mitad de la leche que se suministra a los niños a través del desayuno escolar no posee los nutrientes necesarios por lo que es prácticamente agua con saborizante. Hasta ahora el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) no ha reaccionado, a pesar de que debió  iniciar una investigación para someter a la justicia a los responsables de esta estafa contra el Estado, que afecta fondos públicos y que por perjudicar a los niños pobres del país, constituye un verdadero crimen de lesa humanidad. Tampoco la Secretaría de Estado de  Educación ha ofrecido una explicación al país o por lo menos informado que ha iniciado una investigación de la denuncia. Solicitamos y exhortamos a que la Secretaría de Estado de Educación  se pronuncie al efecto.

Hechos como los descritos ameritan que la ciudadanía se decida a ejercer los derechos que posee de reclamar soluciones institucionales e incluso tomando iniciativas que venzan la inercia de la administración y del ministerio público en la búsqueda de las mismas. Los órganos internos de Participación Ciudadana  discutirán en el futuro la implementación de un plan que permita a la ciudadanía estar conscientes de las herramientas que posee para dejar de ser una simple espectadora de este tipo de escándalos y comience a utilizarlas, incluyendo la que dispone el artículo 85 del Código Procesal Penal, que dispone lo siguiente: “En los hechos punibles que afectan intereses colectivos o difusos pueden constituirse como querellantes las asociaciones, fundaciones y otros entes, siempre que el objeto  de la agrupación se vincule directamente con esos intereses…En los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de su función o en ocasión de ella, y en las violaciones de derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante”. 

11 de junio, 2008