En marzo del 2005 escribí un artículo llamado “Y dale con el metro”, en el cual propuse a las organizaciones de la sociedad civil que amparados en el decreto 39-2003 que crea las Comisiones de Auditoría Social, organicemos la Comisión de Auditoria Social del Metro, que podría estar presidida por el sacerdote Jorge Cela -lo propuse sin su permiso- estudioso de la problemática urbana, de reconocido compromiso con el ordenamiento urbano de la ciudad y de una impecable trayectoria ética.

¿No les parece bien hacer ese ejercicio de ciudadanía?

Expliqué que tal como dice el artículo 6 de ese decreto, las comisiones de auditoría social deben: “Contribuir con las diferentes instituciones estatales encargadas de dar seguimiento a la correcta inversión de los fondos públicos, para que las obras se construyan conforme a lo planificado y presupuestado y al programa de ejecución o cronograma de la obra”.

La Comisión de Auditoría Social del Metro lo primero que debería hacer es exigir los documentos que evidencien que el Metro se planificó y presupuestó y que existe un cronograma.

En caso de que tales cosas no existan debe exigirlas antes de que se continúe construyendo la primera línea del Metro “Llevar a cabo visitas de inspección a la obra y registrar las observaciones en el formulario respectivo”.

Esas visitas de inspección mantendrían al tanto a la ciudadanía sobre el impacto de las construcciones en la zona, si hay imponderables que están elevando los costos, si se debe modificar el cronograma, si se están disparando los precios como se dispararon los de los elevados. Entre otros aspectos. “Verificar la calidad de la construcción de la obra, documentando las fallas técnicas que se detecten”.

Esto nos obliga a considerar que en la Comisión de Auditoria Social tienen que participar grupos y sectores conocedores de los precios y la calidad de los materiales de construcción. Se puede pensar en Polón Muñoz u Oscar Grullón, los sugiero sin su consentimiento, de muy reconocida trayectoria moral en la sociedad dominicana.

La Comisión deberá “Comunicar a la oficina estatal que realiza la obra, al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, a la Fiscalía, y a cualquier otra instancia que estime conveniente, las irregularidades técnicas o de administración que detecten en la supervisión de la obra, así como las informaciones o denuncias que en este sentido reciban de parte de la comunidad.”

“Elaborar un informe final al término de la obra y previo al recibimiento formal por parte del gobierno, dando cuenta a la comunidad, a la institución gubernamental responsable, al Departamento de Prevención de la Corrupción, a la Fiscalía correspondiente, al Gobernador provincial, al Ayuntamiento, y a todas las oficinas e instancias interesadas, el resultado de su trabajo de supervisión y vigilancia”.

Se pensó que hacer la Comisión era aceptar el Metro, hoy el Metro se construye y no hay quien lo supervise. El país tiene herramientas que ayudan la transparencia que la ciudadanía casi no usa.