Supongamos por un momento que de verdad deseamos avanzar. Que de verdad creemos en la construcción del consenso social. Que de verdad queremos mejorar el grado de gobernabilidad de la sociedad. Y que de verdad queremos una reforma política que transforme y fortalezca institucionalmente el país.

Con estos supuestos, me atrevo a lanzar una idea tonta.

¿Qué tal si el Presidente Fernández aprovecha la ocasión que representa la reforma institucional que él propicia para establecer un nuevo esquema de concertación? Hacer esto equivaldría a crear riqueza social sin gastar un centavo. Por un lado, la sociedad dominicana está urgida de un espacio de creación de consenso que sea estructuralmente incluyente, equitativo y participativo. Y por el otro, el Presidente no tendría ningún obstáculo para hacerlo.

Si quiere hacerlo, puede hacerlo. Pocas inversiones de capital político pueden ser tan socialmente rentables como ésta.

Se trataría de descontinuar la vieja práctica de utilizar la ilusión de concertación para la obtención de beneficios particulares de quienes manejan el proceso. Hasta ahora, este estilo perverso de falsa concertación ha logrado el doble propósito de desmovilizar a los actores sociales - o, en su defecto, mantenerlos desarticulados – y de reducirlos al papel inerte de materia prima para la manipulación. Esto es lo que ha permitido que en casi todas las experiencias anteriores el resultado no ha sido otro que la validación de las agendas de los que controlan los procesos de consulta y la consecuente frustración de los grupos de interés.

Poner en práctica mi idea tonta es muy fácil. Es un tema simple de buen gobierno público. Hay que comenzar por identificar las asimetrías de poder entre los actores para proceder a atenderlas. En otras palabras, imponer la equidad. Dicen los hindúes que no se le pregunta a un cocodrilo por dónde cruzar el río. Sentarse a concertar sin resolver las asimetrías equivale, para los actores más débiles, precisamente a eso.

Luego hay que definir un protocolo de funcionamiento del esquema de concertación que sea inteligente, transparente e integral. Inteligente para que sea ágil. Transparente para que sea confiable. Integral para que prevea todo lo necesario; incluyendo el procedimiento de convocatoria, la relación entre el esquema de concertación y los medios de comunicación, los requisitos para los acuerdos y resoluciones y la definición del espacio físico para la concertación, que no debe favorecer ni intimidar a ninguno de los actores.

¿A quiénes toca hacer todo esto? Al Presidente Fernández y a su íntimo equipo de colaboradores designados para coordinar la reforma institucional. Sabemos que en ese equipo hay personas que han sufrido en carne propia – en otras épocas, desde luego – la exclusión y la manipulación desde el poder. Son personas que, frente a la tarea que entraña esta idea tonta, sabrían por qué hacer las cosas y cómo hacerlas. Y además, sospecho que querrían hacerlas. Una oportunidad mejor que esta, imposible.

Aprender a construir el consenso de manera válida hace que una sociedad sea más rica. Y esto no cuesta dinero. Sólo cuesta compromiso. Y esto no debiera ser un problema, porque el compromiso – al menos según los pronunciamientos – sobra.

Tal vez soy tan tonto como mi idea, pero pienso que no estoy sugiriendo nada extraordinario. Nada que un grupo gobernante que crea en la buena concertación no pueda proveer.

Recordemos el supuesto. Que de verdad queremos avanzar. ¿Es éste un supuesto tonto? Pronto lo veremos en la realidad. Observemos qué hacen - y no qué dicen - el Presidente y sus colaboradores.

Lo que han dicho es que esta vez las cosas serán diferentes. Lo que harán responderá la siguiente pregunta: ¿quién podrá más: las ganas de avanzar o el deseo de conservar poder a todo costo?