Excúseme si vuelvo a molestar su atención, pero me es imposible callar frente a la pequeña diferencia de costo de tan solo RD$61,000,000,00 entre dos obras de tan diferente envergaduras como el moderno Centro Penitenciario de La Isleta en Moca y la carretera de apenas 6 kms. de acceso a la misma, ya que el primero costó tan solo RD$261,000,000.00, debido principalmente a las desfavorables condiciones topográficas del terreno y la segunda con apenas 6 kms. de tercera clase RD$200,000,000.00 ¡Qué le parece!

Honorable Señor, esa pequeña diferencia entre obras tan distintas se debió a que la primera la hizo la Procuraduría General por sorteo con presupuestos racionales y apegada a las Leyes 340-06 y 449-06, promulgadas por Usted, y la segunda no concursada. Que no le quepa la menor duda que si la segunda se hubiera concursado con el mismo criterio de austeridad que en la primera, el departamento correspondiente se hubiera economizado la apreciable suma de $60,000,000.00 (sesenta millones de pesos).

La verdad es que no acabo de entender la razón por la cual el secretario de Obras Públicas y el director ejecutivo de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, allí presentes, no acaban de entender la importancia de respetar dichas leyes, como lo hacen la Procuraduría General, el Indotel e Inapa.

Casos como este nos hacen pensar que las leyes citadas se hicieron simplemente para complacer requerimientos de organismos internacionales, pero que en el fondo, los departamentos citados no tenían, ni tienen, la menor intención de respetarlas. Considero oportuno comparar el criterio austero y la rapidez con que se construyó dicha obra en tan solo 6 meses, con la cárcel de Higüey la que se proyectó para resolver el hacinamiento que provocó la muerte de 154 reclusos, que fue iniciada hace 5 años, con un presupuesto indefinido, y todavía no se ha terminado.

Finalmente pienso cuál será la situación de este empobrecido país si los préstamos aprobados por el Congreso no son manejados con un alto criterio de racionalidad ajustado a las Leyes vigentes sobre construcción de obras.