Sería extrañísimo encontrar en otro país razonablemente democrático, con algo de independencia entre los poderes del Estado, una iniciativa como el llamado Presupuesto Complementario sometido al Congreso Nacional hace alrededor de un mes. La razón es que resulta poco común encontrar juntos, en una sola pieza de unas pocas páginas, la violación de tantos principios que universalmente guían el manejo del dinero público.

El proyecto originalmente sometido es un triple atentado a la transparencia, a la institucionalidad y al equilibrio macroeconómico. Tanto así, que hasta el propio Ejecutivo (supongo que avergonzado) se ha visto precisado a enviar dos modificaciones para aclarar cosas o ajustarlas un poco más al orden jurídico. O bien, que hasta un Congreso que le es tan fiel (“voten honorables”), se lo ha pedido.

Decía que es un atentado a la transparencia, porque el articulado del proyecto fue redactado de forma de generar una maraña por medio de la cual ocultar cosas tan elementales, como la magnitud del gasto, el destino que se le daría, o el monto del déficit fiscal envuelto. Tanta fue la nebulosa, que hasta muchos economistas que intentaron interpretarlo, creían que se estaba sometiendo un aumento de gastos por RD$51 mil millones, cuando desde un principio eran RD$71,462 millones.

De modo que mi mejor estimación es que los ingresos fiscales terminarán este año en unos 320 mil millones de pesos. Y si se llegara a ejecutar un gasto de RD$446 mil millones como se estaría aprobando, entonces el déficit sería de 126 mil millones de pesos, más del 5% del producto, solo del Gobierno Central.

Ni qué decir de que en la propuesta no se explica ni se justifica ante el legislador (y mucho menos ante el ciudadano) el motivo de los cambios, las razones que inducen a modificar un presupuesto que había sido sometido y aprobado bajo una serie de premisas sostenidas por el mismo gobierno. Por lo demás, el ciudadano tiene derecho a saber lo que está pasando con su dinero. Se trata de su asunto. Siendo así, tanto la propuesta original como las modificaciones deberían estar disponibles al público en la web.

También decía que es un atentado a la institucionalidad, porque la propuesta viola muchos de los principios de la legislación presupuestaria y las mejores prácticas. Comenzando porque se pide autorización congresional para gastar lo que ya se gastó; para tomar deudas que ya se tomaron, y para realizar mayores gastos sin que haya habido más ingresos. En definitiva, para darle visos de legalidad a un hecho consumado, fait accompli. Y para pedir más.

Y quizás lo más grave es el atentado al equilibrio macroeconómico. Recordemos que a instancias del FMI, el gobierno sometió un presupuesto bastante restrictivo, con ingresos por RD$352 mil millones y gastos por RD$374 mil: un déficit de 22,444 millones de pesos, equivalente a un 0.9% del PIB estimado. Pero eso nunca se lo creyó nadie, comenzando por el propio gobierno, que inició el año gastando como si ese límite no existiera. El Fondo, quizás se lo creyó a principios, o tal vez no lo creyó nunca, porque en poco tiempo se anunció que el acuerdo ya no continuaba.

Sin embargo, el caso es que ahora se plantea aumentar los gastos a RD$446 mil millones, sin un centavo más de ingresos, todo con endeudamiento nuevo. Con eso ya el déficit subiría a RD$94 mil millones, alrededor de un 4% del PIB. Ahora bien, ese 4% es pura ficción, pues está calculado sobre un monto irreal de ingresos fiscales para este año. La cifra de RD352 mil millones se puso ahí para engañar incautos, porque suponía un incremento de 25% en las recaudaciones en el 2012, lo que ningún análisis macroeconómico objetivo podía sustentar. Para alcanzar ese monto, tendría que venderse una Cervecería cada mes. Y no tenemos tantas.

De modo que mi mejor estimación es que los ingresos fiscales terminarán este año en unos 320 mil millones de pesos. Y si se llegara a ejecutar un gasto de RD$446 mil millones como se estaría aprobando, entonces el déficit sería de 126 mil millones de pesos, más del 5% del producto, solo del Gobierno Central. Y a eso habría que añadir la parte del Banco Central para tener un déficit público cercano al 7%. Y esas ya son palabras mayores tratándose de un país subdesarrollado. Y hago esta precisión, porque los países desarrollados consiguen capitales a bajo costo, de manera que en determinadas circunstancias pueden operar con déficits de varios puntos porcentuales del producto. E incluso eso ya se está poniendo a prueba en algunos de ellos (Europa).

Pero ¡tranquilos!, no se asusten. Confiemos en que eso no va a ocurrir. Que se apruebe un gasto de RD$446 mil millones en el 2012 no significa necesariamente que se va a ejecutar. Leonel no va a estar los 12 meses en Palacio, y algo deberá cambiar después del 16 de agosto. Y aún en el caso hipotético de que las nuevas autoridades quisieran ejecutarlo todo, probablemente no encontrarían cómo financiarlo, por lo que tendrán que recortar, sí o sí.