La transición a la democracia de 1978 condujo a un proceso organizativo y de demandas reivindicativas de distintos sectores de la sociedad dominicana, que se ha debilitado en vez de afianzarse en los últimos 30 años.

La naturaleza y forma de los movimientos sociales ha cambiado en función de diversos factores, entre ellos, la situación económica del país en distintas coyunturas y las estrategias de los distintos gobiernos para ejercer control sobre la sociedad movilizada.

El período 1978-1982 se caracterizó por la reactivación obrera con demandas por reivindicaciones laborales. Como resultado, hubo fuertes tensiones entre el empresariado y el gobierno de Antonio Guzmán, que intentó abrir la compuerta de negociación laboral cerrada durante los 12 años de represión balaguerista.

En 1982-1986 se produjeron las explosiones populares en medio de las medidas de ajuste económico impuestas por el gobierno de Salvador Jorge Blanco. No existían en aquel entonces instancias de mediación social y los eventos tomaron de sorpresa a los sectores de poder.

El período 1986-1990 se caracterizó por el surgimiento de un movimiento popular fuerte de extracción urbana, que presentó múltiples demandas socio-económicas a través de huelgas nacionales y locales, en medio de la inflación que produjo el excesivo gasto público de Joaquín Balaguer.

Un fenómeno nuevo fue el surgimiento del “diálogo tripartito”, con la participación del sector empresarial, sindical y gubernamental a través de la mediación de representantes de la iglesia católica. Con frecuencia, sin embargo, Balaguer se hizo el sordo para no impulsar los acuerdos.

El período 1990-1996 se caracterizó por la incorporación de las capas medias a la lucha por la consolidación democrática, frente a los intentos balagueristas de extender ilimitadamente su poder con trampas electorales.

Las luchas en este período tuvieron fundamentalmente un carácter cívico-democrático, con el propósito de incidir en las reformas al sistema político. Así surgió la llamada sociedad civil como un movimiento social con relativa autonomía de los partidos y el Estado.

Empresarios, obreros, profesionales, ONG, organizaciones barriales y grupos religiosos dejaron de ser rivales para coincidir en distintos foros en la lucha por el avance de las reformas institucionales.

En el período 1996-2000, el gobierno del PLD intentó dar respuestas a algunas de las demandas por la institucionalidad democrática. Por ejemplo, hizo esfuerzos por mejorar la administración pública y concretar las reformas constitucionales dispuestas en 1994. Pero enfrentado a múltiples protestas populares, el gobierno abandonó las aspiraciones de inclusión democrática y respondió con un nuevo clientelismo mediante el PEME, destinado a calmar las demandas y cooptar dirigentes. A partir de ahí, la democracia dominicana ha experimentado estancamiento o retrocesos.

En el 2000, el gobierno perredeísta adoptó un modelo de inclusión clientelista a través de la distribución de recursos públicos a las distintas facciones del PRD.

Al regresar al poder en el 2004, el PLD adoptó también la distribución clientelar para beneficiar a los partidos y facciones políticas que formaron la coalición ganadora.

En los distintos períodos citados, y ante coyunturas difíciles, se han convocado diálogos y cumbres para supuestamente enfrentar los problemas. Con frecuencia, sin embargo, los intentos han concluido en fracasos y descrédito.

El Diálogo Nacional que convocó Leonel Fernández en 1997 produjo muchas propuestas de las que pocas se materializaron, más allá de crearse nuevas secretarías y abultar la burocracia estatal.

En el 2001, Hipólito Mejía convocó un diálogo para realizar una reforma constitucional consensuada, pero el proceso culminó simplemente con el establecimiento de la reelección presidencial consecutiva.

En República Dominicana, los diálogos y cumbres no cristalizan en pactos democráticos viables porque al gobierno, del partido que sea, le resulta más rentable en el corto plazo utilizar el clientelismo y la cooptación para alcanzar sus objetivos particularistas.

La oposición, por su parte, del partido que sea, carece de ideas y proyectos de renovación, y sólo deriva su fuerza de estar en el poder. Por eso negociar con el gobierno de frente a la sociedad no le resulta rentable.