Hace un tiempo que desde el gobierno se diseñó un plan nacional de seguridad ciudadana, el cual define los ejes principales del combate contra el crimen desde las instituciones gubernamentales. En la formulación de dicho plan se dice que la ciudadanía, a través de sus organizaciones, deberá asumir roles importantes en la lucha contra el crimen. Esto se ha quedado a nivel de declaraciones de principios. En las presentaciones que se han realizado del Plan de Seguridad Democrática no se establecen los mecanismos de participación de la ciudadanía. La única participación real de la que se habla se reduce a: 1) la participación de las universidades en procesos educativos con la policía, y 2) la contratación de asesores y consultores para realizar investigaciones. No hay en ninguno de los documentos consultados, ni en la aplicación actual, una efectiva y correcta participación de la ciudadanía.

“Barrio Seguro” es lo único que se ha hecho, de las cosas planteadas en el Plan de Seguridad Democrática. Empezó como plan piloto en Capotillo, y se ha extendido por varios barrios de la zona metropolitana y de Santiago. El tipo de participación de la ciudadanía que se ha estimulado en Barrio Seguro, a través de la Comisión Barrial, es restringida, las convocatorias no se realizan de manera amplía e incluso organizaciones ligadas a parroquias no han sido convocadas. El diagnóstico realizado para Barrio Seguro en Capotillo es bueno en términos de la investigación cuantitativa, pero se ha obviado que en esta materia se necesita cierto tipo de acompañamiento a las organizaciones y sobre todo un tipo de investigación de corte antropológico, etnográfico, lo que llaman investigación acción.

Este tipo de participación restringida que se promueve desde algunos sectores gubernamentales, provoca que no se tomen en cuenta ciertas especificidades de la geografía de la delincuencia y criminalidad en el país. Por ejemplo, en algunos casos los puntos de drogas logran mantener el barrio tranquilo y sin robos, porque necesitan que los consumidores de droga de las clases media y alta puedan ir a comprar al barrio sin ser asaltados. En esos barrios el problema principal se presenta con las luchas entre las pandillas por el control del punto de droga. En las zonas dónde vive la clase media y la alta el problema es de otro tipo de delincuencia y por lo tanto las soluciones son diferentes. En cada lugar se necesita una policía especializada y diferente para tratar cada uno de estos tipos de delincuencia.

Lo grave de todo esto es que están proliferando las opciones individuales, como la tenencia de armas, la privatización de los espacios públicos en las zonas residenciales de los más ricos, la contratación de policía privada y la exclusión de la gente que por su “apariencia” es proclive a ser vista como delincuente. Generalmente esa gente excluida son los pobres, como quien dice que el perfil del delincuente que tiene la policía es similar al perfil de una persona pobre caminando en zona residencial de ricos. Lo malo de las opciones individuales es que pueden provocar males peores. Mucha gente armada es un potencial conflictivo enorme y muchas probabilidades de muertes por riñas, o confusiones. La privatización de los espacios público es un atentado a la democracia y la libre circulación de las personas.

El estado debe asumir con mayor responsabilidad su rol de proveedor de una política de combate al criminal. La ciudadanía, en particular las organizaciones de la sociedad civil, deben ser más proactivas a la hora de exigir más seguridad ciudadana y participar más en la definición del Plan de Seguridad Democrática.