No necesito una hora de aspavientos histriónicos para establecer mi punto. Tampoco mil palabras de circunloquios aviesos. Mi punto es simple y claro.

El conflicto de interés es un hecho. No una opinión. No es correcto ser simultáneamente funcionario público de alto nivel - con rango de secretario de estado y con un puesto en el Consejo de Gobierno - y defensor del acusado de la más grande defraudación pública en toda la historia del país. Es incorrecto desde todo punto de vista. No importa la posición que tenga el funcionario ni cómo la ejerza. Es incorrecto. Ese es el hecho.

Ahora sí, una opinión. Un gobierno que proclama su compromiso con la transparencia y con la justicia, y que a la vez permite que prevalezca un conflicto de interés tan evidente, tan escandaloso y tan flagrante, cae en la incoherencia y conspira contra su propia credibilidad. Y un gobierno que permite que desde esa posición se embarre gratuitamente a sus propios funcionarios, a instituciones y a ciudadanos particulares con insidia barata e interesada, demuestra una gran debilidad de carácter.

Ciertamente, una manera muy timorata e irresponsable de escurrir el bulto. Esa es mi opinión. Y punto.