En nuestro país ocurren cosas que son difíciles de explicar y de entender, aunque hayan pasado a formar parte del acontecer cotidiano. Si para nosotros es difícil poder hacerlo, para un espectador externo tiene que ser imposible, salvo que en su país se cuezan las habas de la misma manera que aquí se cuecen. En esta entrega compartiré cosas adicionales que suceden en el país que, o son propias nuestras, o las hacemos de una manera tan especial que se les puede otorgar cierta originalidad.

Deben ser pocos los países donde un candidato para ser electo en un cargo electivo contrae una deuda cuyo monto excede en mucho la totalidad de los recursos que en concepto de remuneración recibirá durante todo el período por el que fuera electo. La única explicación a este gasto-inversión es que, de algunas manera, a través de ese cargo se obtendrán los recursos necesarios para pagar esa deuda y, además, acumular recursos adicionales para optar en unas próximas elecciones por un cargo superior.

Parecido a lo anterior está el caso de algunos cargos electivos en los que no se contempla recibir remuneración alguna, por considerarse que su desempeño es la oportunidad que se le brinda a un ciudadano o ciudadana de colaborar con el gobierno de su comunidad. Esta oportunidad de un ejercicio de ciudadanía se ha convertido con el correr de los años en un peldaño más para el ascenso a otros cargos políticos de militantes partidarios y una forma de recompensa económica, muy jugosa por cierto, por el pago mediante dietas de lo que no se puede recibir a través de salario.

Antes de que por el empuje del neoliberalismo las funciones del Estado fueran redimensionadas, tanto en su contenido como en su alcance, en nuestro caso el Estado Dominicano había descansado la provisión de algunos servicios, que eran de su responsabilidad, y muy importantes por cierto, en algunas organizaciones no gubernamentales que las asumieron y desarrollaron como suyas. Pues bien, contrario a lo que debiera esperarse, año tras año, debemos presenciar la demanda al gobierno de esas organizaciones para que se consignen en el presupuesto de la nación los recursos que les permitan cumplir con esas funciones. En vez de aumentar esos recursos, se los regatea y después se trata de entregarles menos de lo que se aprobó en el presupuesto.

Hace unas semanas salió una noticia en la prensa escrita que pareció tan normal que no mereció algún comentario que resaltara lo paradójico de la misma. Frente a la escasez de enfermeras en el país, que con el tiempo hay que esperar que se agrave porque son pocas las universidades que ofrecen esa carrera, y menos las personas con vocación de estudiarla por la poca remuneración que reciben, por un acuerdo con el gobierno de Italia se nos informa que las enfermeras que nos faltan ahora las vamos a exportar a ese país. En vez crear las condiciones para que ejerzan su profesión entre nosotros se crean las que les permitirán que lo hagan en otro país. Es otra manera de prescindir de lo que necesitamos.

Cuando en años pasados se defendió que debíamos hacer un mejor uso de nuestra capacidad de endeudamiento y se procedió a la primera emisión de los bonos soberanos, las protestas no se hicieron esperar por la forma alegre en que contraíamos una deuda de 500 millones de dólares. Pero ahora resulta que en los últimos tiempos, cada año estamos gastando en el subsidio a la electricidad y al gas una cantidad igual o mayor a la de los bonos soberanos, y no hay muestras de sobresalto. A diferencia de los bonos soberanos, que era una deuda para realizar inversiones, según la justificación esgrimida, estos subsidios son recursos para ser “quemados” como forma de mantener la gobernabilidad. Así, preferimos asegurar la estabilidad del presente comprometiendo los recursos que debemos invertir para asegurar la viabilidad del país en el futuro.

Al igual que otros países, condenamos a una parte de nuestros ciudadanos a ser exiliados económicos porque se ven obligados a buscar en otras tierras las oportunidades que se les niegan en la suya. Allá, por su estatus legal, su preparación académica o profesional y los trabajos que tienen que desempeñar, sufren formas de discriminación y lesiones en sus derechos. Y demandamos de la forma más enérgica que nuestros compatriotas en esos países reciban el trato y la consideración que no le proporcionamos a los inmigrantes haitianos que están aquí, en las mismas condiciones y haciendo trabajos similares a los que hacen nuestros compatriotas allá. Reclamamos para los nuestros lo que les negamos a otros.

Hay una opinión generalizada de que la corrupción se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad. Acontecimientos recientes indican que no es una práctica exclusiva en el sector público, pues los fraudes bancarios hicieron evidente que está presente en el sector privado, en magnitudes insospechadas. Sin embargo, a pesar de reconocer que es un cáncer que afecta a toda la sociedad, muchas veces con la intención de explicarla o justificarla, hay sectores que están tácitamente excluidos de esta contaminación. El militar es uno de ellos. ¿Quién denuncia, o simplemente pregunta, si la corrupción ha llegado hasta el sector militar? 25/10/2005