Me molesta la hipocresía de ciertos políticos y de comunicadores supuestamente independientes que repiten mentiras que el fanatismo ciego o el poderoso caballero don dinero les pide que conviertan en verdades, a pesar de que para hacerlo haya que reescribir la historia del país y calumniar instituciones.

He leído declaraciones de políticos diciendo que Participación Ciudadana es una de las instituciones más serias del país; ellos mismos fueron los que otrora nos consideraban como la vanguardia del peledeísmo.

Hay gente de la radio y la televisión que me invitaba a sus programas por lo menos una vez al mes y me presentaba como miembro de una de las instituciones más serias del país que actuaba de manera vertical frente a Hipólito Mejía, Participación Ciudadana, y hoy que son parte del engranaje en el poder vociferan que la institución carece de moral para hablar de corrupción. ¿Periodismo independiente?

Argumentan que la institución tiene un color preferido. Pero no, tenemos sentido del arte y la belleza: nos desvivimos por los carnavales llenos de color y pasión. Una breve cronología del primer año de gobierno de Mejía evidencia que mantenemos las mismas posiciones a pesar del color gobernante.

El 9 de junio de 2000, a menos de un mes del triunfo de Hipólito, censuramos la práctica del PRD de llevar candidatos a cargos municipales y congresionales que debían renunciar a los dos años para dar paso a otra persona, lo cual es “una degeneración política y una práctica inconstitucional, desconocedora del principio de la representación y del voto ciudadano”.

El 16 de octubre de 2000, a dos meses de la toma de posesión, condenamos las declaraciones del presidente, en las cuales sostenía que el jefe de la Policía no debía presentarse ante un juez y calificamos esa posición presidencial de “violación a la independencia del Poder Judicial” y de “grave atentado al Estado de derecho”.

El 22 de diciembre publicamos un comunicado, junto a un centenar de organizaciones de la sociedad civil, contra los aprestos de reforma constitucional.

El 31 de enero de 2001, sostuvimos que el entonces procurador, Bello Rosa, violaba la ley al plantear que “serían absueltas de cualquier responsabilidad penal las personas que habiendo obtenido maliciosamente fondos públicos los devolvieran”.

El 14 de mayo de 2001, dijimos que los pronunciamientos de Guido Gómez, consultor jurídico, de que los perredeístas debían aprovecharse del Estado eran “del más acendrado clientelismo político y prepotencia” por lo que “merecen un rechazo contundente y definitivo”.

Estas informaciones están en nuestra página web y los periódicos de la fecha. Aquí no he tomado en cuenta las declaraciones de los coordinadores durante el gobierno de Hipólito, en el que hubo muchos y radicales.

Con nuestra carta de la semana pasada al presidente Fernández, a nueve meses de la toma de posesión, mostramos nuestra coherencia: quienes han cambiado son los políticos y supuesto comunicadores que hoy, por paga o convicción, forman parte del engranaje del poder.