La Junta Central Electoral ha informado que para las próximas elecciones congresionales y municipales serán electas las personas que ocuparán 2436 funciones públicas. Tomando en cuenta que en el país existen alrededor de 20 partidos reconocidos, 150 en proceso de reconocimiento y múltiples aspirantes para cada cargo electivo en estos partidos y proyectos de partidos; podemos decir que miles y miles de ciudadanos y ciudadanas se someterán a un proceso de escrutinio público, ofertando su propuesta política, primero a la membresía de su partido y luego al electorado.

Hablaría muy bien de la salud democrática de un país el hecho de que tanta gente este dispuesta a sacrificar parte de su tiempo en una función al servicio de la ciudadanía. Sin embargo, la deformación de nuestro sistema político consiste precisamente en que los aspirantazgos (expresión deforme de una legítima aspiración a una función pública), están orientados a satisfacer, en la mayoría de los casos, apetencias de carácter personal que no llegan siquiera a constituirse en la representación de sectores particulares y mucho menos el interés colectivo de la nación.

Tomemos por ejemplo a las regidurías. En los años ´70 y ´80 los regidores y regidoras eran realmente honoríficos. No percibían sueldos ni “dietas” por su función. Se trataba de personas que, en sentido general, tenía un genuino interés en la problemática que afectaba a sus diferentes localidades, discutiendo con Juntas de Vecinos y organizaciones sociales esos problemas y buscándoles soluciones. Hoy, la mayor participación económica de los ayuntamientos en el presupuesto nacional ha traído una grave deformación: los concejales se auto asignan dietas privilegiadas que superan con creces los salarios que devengan otras posiciones públicas. Tenemos que en algunos ayuntamientos un concejal recibe diez mil pesos (RD$10,000.00) o más por cada sesión, libre de impuestos o cargas. Y se realizan cuatro o cinco sesiones cada mes.

Pero ahí no se queda la cosa. En algunos ayuntamientos, la discusión de intereses particulares ha generado un sistema de “peajes” que provoca beneficios ilegales permanentes para una parte de los regidores y regidoras. Tenemos el caso del Ayuntamiento del Distrito Nacional. La Sala Capitular del ADN ha aprobado una Resolución que obliga a que todo proyecto de urbanización que contemple edificios de más de tres (3) niveles tenga que ser aprobado por la propia Sala. Esto a pesar de que la existe la Ley que crea las Oficinas de Planeamiento Urbano, que confiere competencia exclusiva a estos organismos para la aprobación de todo proyecto de urbanización. No hay que ser muy inteligente para deducir lo que se tiene que hacer para obtener una aprobación rápida en la Sala Capitular.

Otro caso es el de las estaciones de expendio de combustible. En los diferentes ayuntamientos del país, especialmente en aquellas urbes mas pobladas, la aprobación sucesiva de autorizaciones para instalar estas “bombas” de gasolina se convierte en un verdadero festival de la irresponsabilidad: no importa que se violenten las normas de seguridad o las disposiciones establecidas para garantizar la competencia comercial, siempre la mayoría de los regidores y regidoras se encuentran lo suficientemente “motivados” para aprobar una nueva estación de combustible. Y así podríamos mencionar muchos otros “negocios” que se realizan en el escenario municipal y que son los que determinan que tantos dirigentes políticos estén en plena disposición de “sacrificarse por la patria” en estas posiciones.

Desafortunadamente, no es sólo en las Salas Capitulares donde se articulan estas actitudes mercantilistas en el ejercicio de la política. El Congreso Nacional y las Sindicaturas, son también un ámbito propicio para estos aspirantazgos; expresión espantosa de una práctica política decadente que, sin embargo, se mantiene a flote gracias a la influencia determinante de un sistema de partidos que ha ido olvidando la ética como uno de los soportes fundamentales de la democracia.