En todo el mundo, ya hay veinte millones de “refugiados ambientales” y Naciones Unidas calcula que hacia 2050 serán unos doscientos millones. Un refugiado ambiental es aquel individuo que se ha visto forzado a dejar su tierra natal de forma temporal o permanente, debido a problemas ambientales, poniendo en peligro su existencia y/o afectando seriamente su vida. (Naciones Unidas).

El reconocimiento de este vínculo ha sido plasmado en numerosos instrumentos  como la Declaración de Naciones Unidas (Estocolmo, 1972),  la Carta Mundial de la Naturaleza (ONU, 1982)  también la resolución 45/1994  de Naciones Unidas: hoy se multiplican las situaciones de desastres y poblaciones de islas del Pacífico como Tuvalu, Kiribati y Vanuatu fueron evacuadas y reubicadas en Australia.

Aquí, el Lago Enriquillo y el Etang Saumatre se desbordaron inexorablemente,  inundando infraestructuras y más de 100,000 tareas de tierras agrícolas, amenazan a la población de Boca de Cachón, consecuencias seguro del cambio climático en el Caribe. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado y de las autoridades locales,  ante la emergencia social que dispara el cambio climático?  Socorrer,  reubicar, dar tierras, viviendas.

Acá, no es así, la población del Lago no ha recibido ninguna respuesta, ni solución alterna, solo promesas y visitas que llegan en helicópteros, porque el Sur está lejos de la capital. Debemos hablar de violación a los derechos humanos de esa población.

Esos habitantes deben ser considerados urgentemente como “refugiados ambientales”: esa nueva categoría  social que afecta a los más pobres - no es casualidad -  se incrementa al ritmo del calentamiento global en todo el mundo.

¿Qué implica en la práctica la relación entre refugiados ambientales y los derechos humanos?  Que el Estado, en su rol inexcusable de garante de derechos humanos de las personas, es legalmente responsable de garantizar la vida, la seguridad en su nueva y más amplia acepción, y la subsistencia de las víctimas de desplazamiento por causas ambientales.

La realidad en esa zona de la frontera es ya  la amenaza para las vidas humanas de toda la región,  las enormes pérdidas económicas, la degradación de la biodiversidad y  la profundización del círculo vicioso de la pobreza, pero  la otra  realidad es que... ¡el Gobierno dominicano está muy ocupado por la próxima inauguración de la Autopista del Coral!