Uno de los signos que caracteriza a las sociedades democráticas del mundo de hoy, es que el fenómeno de la corrupción administrativa ha venido a ocupar un lugar central en las preocupaciones de quienes luchan por mejorar la gestión pública y en las agendas de los organismos de cooperación internacional. Se ha constituido todo un campo de investigaciones y reflexiones sobre el tema que ha creado sus teorías y lexicología propias. En el caso de la República Dominicana, el propio término de corrupción resulta ambiguo: muchas personas lo asocian únicamente a una violación a las normas morales y no a un delito sujeto a sanción penal. En los pueblos y barrios una persona corrupta es un protagonista de juergas, un parrandero; mientras que a quien se lucra a costa de la corrupción administrativa se le llama, más llanamente, ladrón.

La historia reciente registra numerosos casos de corrupción administrativa en muy distintos gobiernos. Recordemos las cantinas militares del Triunvirato, los 300 millonarios que se paraban en la puerta del Despacho de Balaguer (¿a esperar su anuencia, siempre concedida?) o los perredeístas que salieron retratados en el Álbum de la Corrupción de los ´80. Una nueva “generación” de corruptos se inicia con la reinstalación de Balaguer en el 1986, cuya “tradición” será llevada hasta el nuevo siglo por el PLD y sus PEMES y el PRD y sus RENOVES.

La corrupción administrativa tiene también sus gradaciones y jerarquías. Inventariando nuestro pasado reciente, podríamos construir todo un catálogo de fórmulas para enriquecerse ilegalmente a costa del Estado. Por ejemplo, Tenemos el ya tradicional cobro de las comisiones por compras, ventas, edificación de obras o gestiones en algún organismo del Estado, cuya “tasa” solía ser de un 10%, pero que en algunos casos y épocas (sobre todo cuando el gobierno está a punto de finalizar y el contratista teme quedarse “enganchado”) ha subido hasta un 20%. En ciertas instituciones, como por ejemplo en las Fuerzas Armadas, estas comisiones se practican de manera tan regular que parecen tener un carácter plenamente “institucional”.

Otra variedad, más dañina aún que la anterior, es la que consiste en organizar la compra de servicios o bienes que nunca se entregan u obras que nunca se ejecutan. En uno de los tantos gobiernos de Balaguer, famoso por su creatividad en el tema, las mismas llantas para camiones se vendían a los diferentes ingenios del CEA: se firmaban recibos simulando que esas llantas se recibían en un ingenio, pero en la noche se sacaban del almacén para ser llevadas a otro ingenio y repetir la farsa. Con las obras públicas este mecanismo es típico: el contratista recibe cuantiosos avances, se simulan cubicaciones, pero de la obra apenas se hace la primera excavación. El Estado, haragán y complaciente, en muy pocas ocasiones reclama los reembolsos que corresponderían si se hiciere una justa aplicación de la ley.

También tenemos las “inmobiliarias” estatales y no nos referimos a la entidad oficial que administra los inmuebles del Estado desde CORDE. Se tratan de aquellas organizadas clandestinamente en diferentes instituciones públicas como el Instituto Agrario Dominicano, el Instituto Nacional de la Vivienda o Bienes Nacionales; y que se dedican a la especulación con los terrenos, casas y apartamentos del Estado. Bahía de las Águilas, Madrinas del INDRHI, los solares de Gascue....nos traen tristes recuerdos del desempeño de estas instancias.

Y para terminar la muestra, un caso en el que se conjuga la corrupción pública con la privada y que debe ocupar un lugar privilegiado en esta pirámide de la prevaricación: los fraudes bancarios. Al amparo de la ausencia de supervisión estatal, influyentes banqueros manejaron a su antojo el patrimonio de miles de dominicanos que confiaron en sus instituciones financieras; pero al mismo tiempo se apropiaron de los millonarios redescuentos otorgados por autoridades cómplices e ineptas. Los bancos quebraron, pero sus dueños no.

Siendo justos, podemos acusar a estos corruptos por ser indolentes ante el patrimonio de los dominicanos y el empobrecimiento que genera el peculado, pero eso sí, no podemos regatearles la sabiduría e ingenio de que han hecho gala para estafar a una Nación y preservar su impunidad.