Ahora que la Asamblea Revisora ha aprobado el Artículo 16 sobre la nacionalidad con la disposición de que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en República Dominicana no recibirán la nacionalidad dominicana, el gobierno debe expulsar a todos los inmigrantes indocumentados y sus hijos. Si no lo hace, se avizoran mayores problemas sociales de xenofobia y resentimientos.

Durante muchas décadas, los gobiernos dominicanos han permitido la migración haitiana indocumentada para suplir mano de obra barata al empresariado dominicano. Primero en el azúcar, luego en otros cultivos agrícolas, y posteriormente en la construcción.

Ha sido una migración desordenada e ilegal, altamente favorable al beneficio empresarial.

Pobres y carentes de derechos, los inmigrantes indocumentados realizan los trabajos más duros, por menor pago, y con menor queja en todas las sociedades que promueven este sistema de explotación laboral.

Pero resulta que cuando las personas emigran procrean hijos en el lugar al que han emigrado. Esos niños tienen generalmente limitada conexión con el país de origen de sus padres y asumen el idioma y las costumbres del país donde han crecido.

Hasta el año 2005, se consideraban dominicanos todos los nacidos en territorio dominicano, excepto los hijos de diplomáticos o personas en tránsito. Muchos haitianos que residían en el país por décadas, eran considerados en tránsito como forma de negarles derechos.

En el 2005, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que la nacionalidad dominicana no correspondía a los hijos de indocumentados haitianos porque Haití reconoce la nacionalidad de la prole de sus ciudadanos.

La nueva Constitución busca ahora establecer que no recibirán la nacionalidad dominicana los hijos de inmigrantes indocumentados, que en su mayoría son haitianos.

La Asamblea Revisora, el Presidente de la República y los principales dirigentes políticos del país han mostrado acuerdo y determinación en no conceder la ciudadanía dominicana a esos niños.

Para ser consecuente con su decisión constitucional, el gobierno dominicano debe expulsar entonces a todos los inmigrantes indocumentados con sus hijos, de manera que esas personas sean amparadas legalmente en el país de origen de los inmigrantes.

Si las autoridades no los expulsan, y no impiden el ingreso de nuevos inmigrantes indocumentados, la República Dominicana creará una casta de personas excluidas de derechos fundamentales, y el país será mundialmente conocido por gestar un apartheid constitucional.

Durante mucho tiempo, República Dominicana ha tenido una política irresponsable ante la migración haitiana, y restringir el jus solis, como ha hecho la Asamblea Revisora, no resuelve los problemas migratorios; los agrava.

El gobierno tiene dos opciones: una, seguir promocionando la migración haitiana ilegal para beneficio empresarial, mientras el Estado niega derechos a los inmigrantes como busca hacer la nueva Constitución; o regular el proceso migratorio, aceptando sólo los inmigrantes que la economía y la sociedad dominicana pueden absorber legalmente.

Si el gobierno dominicano continúa evadiendo su responsabilidad con una política migratoria fundada en la ilegalidad y la insensatez, estará contribuyendo a agudizar las confrontaciones entre dominicanos y haitianos.

La irresponsabilidad migratoria dominicana se encubre muchas veces con denuncias de planes internacionales para perjudicar el país. Pero en el tema de la migración haitiana, no se necesita ningún plan internacional para dañar el país. El gobierno dominicano hunde la República Dominicana ante los ojos del mundo.

Una Constitución debe reformarse para ampliar y consolidar derechos, no para ignorar la realidad social y marginar segmentos de la población.

Por eso, si la nueva Constitución restringe el jus solis, el gobierno dominicano debe expulsar todos los inmigrantes indocumentados con sus hijos. Si no lo hace, la República Dominicana será un país de segregación constitucional con nefastas consecuencias sociales.