La persona a quien la sociedad o el Estado le confiere el poder de juzgar a sus semejantes, de absolverlos cuando los halle libre de culpas o condenarlos por los hechos cometidos, es lo más cercano a Dios sobre la Tierra. De ahí que, como el humano es falible, la sociedad se preocupe porque sus fallos no lo sean,  creando sistemas y procedimientos que  le acerquen  a  la verdad objetiva, sin apasionamiento, “sin favor ni temor.” Sin otro supremo compromiso que cumplir con el dictamen de su conciencia y  con lo prescrito por la ley,  si  es buena,  justa y sana,  como debe ser.  Convencido de esa verdad, nuestro  Patricio Juan Pablo Duarte, nos exhorta: “Sed justos, lo  primero, si queréis ser felices. Ese es el deber primero.”

En su cátedra universitaria, el eminente Profesor Pedro  Muñoz Amato nos enseñaba que  más importante que el sistema administrativo que se adopte es el personal que lo administra. Cualquier  sistema, por bueno que fuese,  es proclive a corromperse si no es manejado con pulcritud, honestamente; por lo contrario,  aun deficiente o defectuoso, puede dar buenos frutos si es dirigido por gente honesta y justa. 

Confrontan las autoridades nacionales el reto de elegir los jueces que integrarán las más elevadas instancias del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado en que descansa la esencia del sistema del gobierno democrático. A pesar de que la Constitución los iguala, la independencia y  funciones del Judicial, influenciado y condicionado por el poder político de los otros dos poderes, siendo el que  debería ser el más independiente   ha sido  la cenicienta.  

El Consejo Nacional de la Magistratura, creado en medio de una crisis política- electoral tiene la delicada misión de  remover y cubrir las vacantes  los jueces de la Suprema Corte de Justicia, nombrar los trece magistrados que conformarán el nuevo Tribunal Constitucional, más los jueces del Tribunal Superior Electoral,  escogiendo y  designando  la Excelencia dentro de los numerosos aspirantes  que han abrazado la carrera judicial y otros juristas de comprobada competencia e integridad profesional y personal.      

No  obstante los logros alcanzado, el modelo estructural administrativo no ha sido el más idóneo para fortalecer la democracia, la equidad e independencia necesarias para el mejor funcionamiento del Poder Judicial, respondiendo la elección de los jueces supremos, predominantemente, a preferencias políticas o filiación partidista, cuando deberían ser  los elegidos los más neutrales y  menos comprometidos.  

Justa es, por tanto, la preocupación demostrada por organismos la sociedad civil y voces autorizadas que abogan para que esa selección, de suma importancia, sea la más transparente y no resulte otra experiencia frustrante. Resultados  recientes  crean  suspicacia y escepticismo. Es interés supremo de la nación que sus jueces, en todos los niveles, sean escogidos obedeciendo  a un perfil profesional y ético, determinado por la trascendencia  del cargo más que por preferencias grupales o personales.

Que garantice la majestad de su  investidura, las virtudes morales, cívicas y personales que adornaron la vida de nuestro Fundador. Ilusión de toda una sociedad que ve perder sus auténticos valores, más no resigna la esperanza de poderlos rescatar un día.