En el marco de la IV Convención Empresarial celebrada recientemente, se presentaron importantes recomendaciones dirigidas a que el país pueda asumir con éxito sus retos fundamentales en materia económica, social e institucional. Estas propuestas llegaron en medio de la más oportuna coyuntura política, pues la campaña electoral se constituye en un escenario adecuado para debatir sobre el futuro de la República Dominicana y generar los compromisos que tendrá que asumir la clase política de cara a la agenda nacional. Los candidatos deberán tomar en cuenta este nuevo aporte del empresariado, tanto en la definición de sus programas de gobierno, como en el contenido de sus discursos electorales. 

En diversas oportunidades se ha planteado que los desafíos del desarrollo económico y social, tienen mucho que ver con el necesario clima de confianza y de legitimidad del sistema político. En tal sentido, tienen gran relevancia las propuestas planteadas en el ámbito institucional. La Convención Empresarial abordó diversos temas que son fundamentales para afianzar la calidad de la democracia y el Estado de derecho en la sociedad dominicana. 

Esta Convención hizo énfasis en mejorar la transparencia y rendición de cuentas en el Estado, garantizar la seguridad jurídica y en ampliar la participación social en las políticas públicas. Esto supone la promoción de reformas institucionales pendientes desde hace muchos años. Sin embargo, en la propuesta empresarial se reitera que no se trata sólo de aprobar nuevas leyes, sino de un compromiso real para su cumplimiento. 

Dentro de las reformas políticas e institucionales destacadas, se encuentran las que procuran mejorar el funcionamiento del sistema electoral y de partidos políticos. Para ello se requerirá de un acuerdo entre los actores políticos para que en el país podamos contar con órganos electorales realmente independientes. Esta es la única garantía para que las instituciones tengan la suficiente legitimidad para llevar a cabo los cambios que requiere el sistema electoral.

Según las propuestas del sector empresarial, sólo se avanzará en un sistema político democrático, si se cuenta con una ley de partidos y se promueven reformas a la ley electoral, que hagan posible la transparencia en el financiamiento político, la democracia interna de los partidos y una regulación efectiva de la campaña electoral. Para el empresariado es vital la preservación de los mecanismos de observación electoral y de conteos rápidos que han existido en el país. Esto es muy importante en momentos en que existen serias amenazas de retrocesos en este sentido.