La deuda pública guarda una relación bastante simétrica con la responsabilidad del liderazgo político para con la sociedad.

Un buen liderazgo no involucra el futuro para gobernar el presente. El estadista gobierna el presente para poder cambiar y construir un mejor futuro y un bienestar más halagüeño para la sociedad.

La deuda pública no debe ser discutida con el maniqueísmo de si es manejable y sostenible; de si ésta representa un 37.7% del PIB o un 42%; vale decir, tomando en cuenta los ingresos de la población. Se requiere trascender el escenario social más que el financiero. Se trata de ver la deuda pública desde el horizonte de la legimitimidad y de la ética.

La legitimidad entendida con respecto a la deuda pública de si ésta es reconocida como válida por los ciudadanos. De si esas decisiones los ciudadanos las estamos concibiendo como aceptables, creíbles y debidas. Sucede que el conjunto de decisiones que nos ha llevado a este desconcierto de deuda es, desde la legitimidad, algo indebido, inaceptable y no creíble para seres humanos que sin haber nacido ya deben Setenta y Cinco Mil Pesos.

Los conciertos de préstamos en los últimos 10 años han tenido el manto de la legalidad como requisito para una decisión pública, pero no así su legitimidad, como fuente fundamental para la dirección de un Estado Democrático de Derecho.

Nos preguntamos si es ético comprometer el futuro de los 10 millones de dominicanos desde ahora, con una deuda donde cada uno de los habitantes debe Dos Mil Dólares; al tiempo que la mayoría de la deuda, los acreedores son proveedores de bienes y servicios particulares: bancos comerciales y gobiernos; todo lo cual hace que la deuda pública sea a más corto plazo, o sea, una deuda flotante y a tasas de interés mucho más alto que los que ofrecen los organismos multilaterales.

Hay pues, un componente ético-moral en asumir una deuda pública mayor con entidades particulares y bilaterales, pues ello encierra la corrupción. Préstamos que llegan amarrados, que violan nuestras leyes de transparencia y anticorrupción (340-06; 200-04). Préstamos con contratos con suplidores internacionales donde traen todos los bienes y servicios al precio que ellos consideren, sin la más mínima licitación y por encima de los precios de los suplidores locales. Préstamos sin el más mínimo control y supervisión, donde sólo se requiere la bendición del Congreso... y nada más.

¿Qué explica que para el 2000 el pago de intereses con respecto al PIB fuera de un 5% y 10 años después, esto es, en el 2010, el pago de intereses, vale decir, el servicio de la deuda, rondara el 14.5% del PIB? La respuesta es la exigencia de construir una nueva forma de hacer política y de generar un nuevo espacio y contenido de la POLITICA.

Lo importante es preguntarse ¿si esa carrera de endeudamiento está igualando a los ciudadanos en los territorios o está generando mayor desigualdad? ¿Si estamos articulando de manera más llevadera, los espacios públicos; si estamos construyendo el futuro más significativo, a través de la inversión en el Capital Humano, es decir, más y mejor educación y salud como elemento estratégico para la verdadera prosperidad y una sociedad de progreso y modernidad; si estamos generando más y mejor redistribución del ingreso; propiciando de manera nodal una redefinición de los servicios públicos? Es claro que no, y ésta debe ser la visión principal de la sociedad para exigir que paren la hemorragia del maratón de los préstamos.

Para el 2011, la sociedad dominicana erogará RD$113,613 millones de pesos en pagos de intereses y amortizaciones. RD$49,902 (Cuarenta y Nueve Mil Millones de Pesos) en servicio de la deuda, esto es, intereses y RD$63,711 (Sesenta y Tres Mil Millones Setecientos Once Millones de Pesos en Amortización, esto es, pago de Capital. Esto quiere decir, que si los ingresos tributarios para el 2011 son RD$278,635 (Doscientos Setenta y Ocho Mil Millones Seis Cientos Treinta y Cinco Millones de Pesos), la sociedad dominicana pagará un 40.7% de los ingresos tributarios. Dicho de otra manera, por cada Cien Pesos que el Estado reciba por ingresos tributarios, tendremos que pagar Cuarenta Pesos para el pago de la deuda pública.

Es un círculo vicioso que se irá convirtiendo cuasi en un círculo perverso, pensar el desarrollo de una sociedad en base permanente de préstamos, sin importar la importancia del mismo, los costos versus beneficios, la recuperación de los mismos y su rentabilidad para la sociedad. Llega un instante, ora por causas externas (turbulencia en la economía mundial) o Internas (crisis de confianza), y, el círculo se va cerrando. Una crisis financiera se puede derivar en una crisis social y con ella, en una crisis política. De ahí que debemos de correlacionar la deuda pública con la gobernabilidad, vista ésta como la construcción sostenible y sustancial de la democracia.

Es asumir la política como el arte de gobernar el espacio público que compartimos, que fragüe un mejor bienestar y calidad de vida para todos y todas y no verla como un mero espectáculo, donde actores claves de hoy, ven la política como fuente de riqueza, que propicia una dicotomía estructural, una sociedad verdaderamente dual, que niega en su accionar y en sus resultados, dantesca desigualdad y exclusión.

Es el riesgo de la alocada carrera del endeudamiento, como parte de las múltiples caras de la corrupción. El Poder Ejecutivo y con él la sociedad entera , requieren realizar un “golpe de timón” a la deuda pública.