Es difícil tragarse el discurso oficial de institucionalización, de transparencia y de lucha contra la corrupción. Muy difícil no concluir, como sugiere la experiencia, que toda la cháchara anticorrupción no es más que un canto de sirena cuidadosamente diseñado para seducir incautos. A fuerza de desencantos, cada vez se hace más cuesta arriba otorgarle al oficialismo el beneficio de la duda acerca de su empeño real por la agenda de transparencia.

Siempre que se pueda – y no se interpongan determinados objetivos de la real politik – la prédica gubernamental será impecable y preciosista; e irá en tándem con una arrolladora maquinaria de relaciones públicas. Estamos comprometidos en una cruzada contra la corrupción, dicen. Como nadie, insisten.

Y anuncian, con bombos y platillos, intenciones que no llegan a concretarse. Someteremos equis expedientes de corrupción administrativa, amagan. No desfalleceremos hasta ver condenas en los casos de fraudes bancarios, alardean. Estamos emitiendo un decreto que reglamentará las compras estatales, amenazan.

Pero los amagos, los alardes y las amenazas no parecen ser más que eso. Pavoneos sin consecuencias. Poses mediáticas. Mucho hablar, mientras las realizaciones caben en el conjunto vacío. Y las decisiones que implementan contradicen escandalosamente sus pronunciamientos.

La persecución de la corrupción administrativa, para empezar, está mediatizada por la política. Impensable que se sometan expedientes durante la campaña electoral y las elecciones. Imposible que los casos se lleven hasta condenar a los imputados. Como resultado, a pesar de que se sabe que la corrupción administrativa ha estado omnipresente en el tren estatal, no hay un solo reo por ese delito en las cárceles dominicanas.

Parecería que para lograr una condena por corrupción en el sistema penal dominicano hay que ser una combinación de Sherlock Holmes y Perry Mason. En cambio, los esfuerzos desplegados por los fiscales oficiales los aproximan más al inspector Clouseau.

Con el seguimiento a los casos de fraudes bancarios también hay mucha tela por donde cortar. Los procesos siguen abiertos, pero las señales que envían el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público son, por decir lo menos, cruzadas. ¿Qué se puede decir, si el ejecutivo se da el lujo de premiar al cabecilla de los defensores del principal acusado del mayor de los fraudes con una envidiable prebenda equivalente a una Secretaría de Estado? ¿Cómo no dudar de la sinceridad del deseo de justicia del Estado, ante tan monumental y gratuito conflicto de interés?

Por otro lado, el Ministerio Público no ha dedicado suficientes recursos a la persecución en los casos bancarios. Si se llega a sentencias que no dejen estos crímenes impunes, ciertamente que no será por la diligencia mostrada por los fiscales anticorrupción del Estado.

Y, finalmente, tenemos la tragicomedia del tan esperado y celebrado decreto puente. Después de más de un año de ruegos, en febrero del presente año el Presidente de la República se dignó a reglamentar por decreto las compras y las contrataciones del sector público. Se dijo, en aquella ocasión, que la firma del edicto era un acto histórico y sin precedentes en la vida republicana.

Probablemente lo era. Sin embargo, había desde el principio, suficiente espacio de maniobra como para despertar la suspicacia de algunos grupos de interés. Por ejemplo, el hecho de disponer, de forma demasiado conveniente, su entrada en vigencia para después de las elecciones. Además, los límites que establece el reglamento son demasiado benignos para los compradores del Estado.

A estas reservas se suma que ya pasó la fecha del inicio de la aplicación del mentado decreto, sin señales claras de que el mandato presidencial siquiera se cumplirá. ¿Será que no se respeta la autoridad del Presidente o será que en temas de transparencia todo es demasiado relativo?

Demasiado largo el trecho que hay del dicho al hecho; como demasiado breve es la lista de los logros mostrables en cuanto a transparencia y freno de la corrupción. Balance lamentable. Por un lado, saliva y tinta por barriles. Por el otro, resultados reales y concretos que tienden a cero por la izquierda.