Además de la realización de actividades de proselitismo político, los procesos electorales se constituyen en un escenario ideal para el debate sobre los retos políticos, sociales y económicos que tiene una sociedad. 

Las campañas deben servir para que los aspirantes expongan sus ideas de cómo piensan asumir estos desafíos y que asuman compromisos reales, frente a los electores, de impulsar políticas públicas más adecuadas.

La campaña electoral en el país, además de mítines y caravanas, debe implicar una seria discusión sobre los principales problemas que tiene la nación y las vías para solucionarlos. Ya en el ámbito de las políticas sociales, los candidatos asumieron un compromiso público de cara a una mayor inversión en Educación. Esta iniciativa debe servir de modelo para lograr acuerdos entre los partidos, sobre las acciones necesarias para enfrentar la débil institucionalidad democrática del Estado dominicano. 

La institucionalidad política tiene una estrecha relación con las posibilidades de desarrollo social y económico en el mediano y largo plazos. Esto supone que la clase política entienda que, además de las reformas jurídicas realizadas, para consolidar el Estado de Derecho se requiere de voluntad política para implementar las leyes, así como del fortalecimiento y autonomía de las instituciones de fiscalización y control.  

Es necesario un compromiso electoral dirigido a promover un profundo proceso de reforma del Estado, que haga posible la modernización, eficiencia y transparencia en la administración pública. Esa es la única garantía que tiene la ciudadanía de contar con un Estado en capacidad de brindar servicios públicos de calidad.

Se requiere establecer la disposición de los candidatos a liderar los esfuerzos de modernización y racionalización del Estado, comprometiéndose con la implementación de la ley 41-08 de Función Pública e impulsando las reformas pendientes. Este debe ser un compromiso para desterrar, o por lo menos reducir, las prácticas clientelares de un Estado que se ve impedido de cumplir con su rol de formulación y puesta en ejecución de políticas púbicas efectivas. Esto requiere la voluntad de propiciar mecanismos de transparencia y rendición de cuenta y de combate a la impunidad en el país.

Hacen falta propuestas programáticas que establezcan la visión de los candidatos sobre la descentralización del Estado y el fortalecimiento del desarrollo local, así como las condiciones que serán creadas para la participación de la ciudadanía en la gestión pública. Estos son sólo algunos de los puntos de la agenda institucional del país, varios de los cuales están contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo que se debate en el Congreso. Es necesario que se aproveche la coyuntura electoral para lograr un compromiso de los partidos políticos y sus candidatos con el desarrollo institucional.