A simple vista este proceso electoral reitera, aunque multiplicadas, las debilidades institucionales de la nación:
1Una Junta Central Electoral con poca capacidad para hacer cumplir la ley electoral, permeada por las preferencias partidarias y con escasos niveles de eficiencia, ya que pudo organizar un mejor proceso con menos dinero y menos conflictos;
2.El uso excesivo de los recursos públicos de parte de las dos alianzas principales;
3.Las organizaciones de la sociedad civil insistieron en el debate de programas e intentaron buscar la forma darle sustancia al certamen electoral. Su éxito fue reducido: ni los debates, ni las campañas cívicas lograron reducir los efectos del clientelismo político y mejorar substancialmente el conjunto de opciones presentadas.
Pero, las similitudes ocultaron el punto más trascendente de todos: la coyuntura electoral es el inicio del cierre de la transición hacia la conformación de un nuevo liderazgo. Los y las líderes, en algunos casos sin saberlo, se estaban jugando su futuro político y las posibilidades de ser los albaceas de las herencias de los tres caudillos que dirigieron el sistema político dominicano hasta hace unos años.
En este sentido la campaña tuvo ganadores y perdedores que no eran candidatos a puestos electivos. El reacomodo del sistema político es lo que explica que se elevara a la enésima potencia el cambio de partidos de los descontentos, evidenciándose la implosión del reformismo y debilitándose sensiblemente el PRD, otrora el partido más grande del país, emergiendo el PLD como la principal fuerza política en la actualidad.
1. Los indicadores de las debilidades tradicionales.
Paulo Herrera Maluf, coordinador general de Participación Ciudadana, afirmó que “el proceso propiamente dicho ha mejorado tanto que aun con una junta mediocre se pueden tener elecciones aceptables”. Una revisión de los hechos más relevante le da la razón:
1.La JCE intentó imponer el uso de urnas electrónicas a la carrera, sin estudiar todas las opciones disponibles y sin haber diseñado una buena campaña de promoción. Descuidó el proceso organizativo para dedicarse a observar procesos electorales del mundo y firmar convenios y compras que no necesitaban de la presencia de los jueces. Lo que provocó improvisación y situaciones difíciles, como el supuesto descubrimiento de un complot en el departamento de logística el día 15 de mayo.
2.Faltando dos meses para las votaciones, al menos unas 20 Juntas Electorales en los municipios no habían sido constituidas. La constitución de los colegios electorales y la capacitación de sus miembros se realizaron a la carrera. La impresión de las boletas se realizó en la recta final del proceso. Las consecuencias de estos retrasos se verán el día de las votaciones en el desempeño de cada uno de estos actores del sistema.
3.La imagen de imparcialidad de la JCE se vio cuestionada. En ese sentido se destacan A) el nombramiento del vocero de la JCE a pesar de haber sido impugnado por los otros partidos debido a su participación como funcionario público durante el gobierno de Hipólito Mejía y B) el padre de una de las juezas de la Cámara Administrativa corrió como candidato de la Gran Alianza Nacional en una de las provincias del país.
4.La JCE no ha dado una explicación satisfactoria a la movilización de electores hacia municipios pequeños, en donde pocos votos pueden influir en el resultado final. El caso más grave es el de Pedernales hacia donde fueron movidos 3,454 personas residentes en una provincia distinta. Sin embargo, no se ha se investigó el caso ni se establecieron las responsabilidades debidas. La impunidad de este hecho augura que puede repetirse en el futuro.
5.A una semana del día de las votaciones la prensa publicó que el Senado, de mayoría perredeísta, aprobó la venta de 31,897 metros de terrenos propiedad del antiguo CEA al presidente de la Cámara Contenciosa, Salvador Ramos, a 10 pesos con 33 centavos el metro cuadrado. Según la Dirección General de Impuestos Internos el precio del Metro Cuadrado en el Higüero, zona en que se ubican los terrenos, es de 75 pesos. La Cámara Contenciosa será la encargada en última instancia de decidir sobre las impugnaciones, lo que coloca un nivel de preocupación a la situación posterior al proceso de votación.
6Faltando varias semanas para el día de las votaciones se rumoraba que diversos candidatos y candidatas habían renunciado o habían sido “compelidos” a renunciar. La JCE se resistió hasta el último momento a ofrecer la lista de dichas renuncias. El 10 de mayo dio a conocer la lista. Se observó que las renuncias afectaron el cumplimiento de la cuota femenina, con lo cual se está violando claramente la ley. Del PRD renunciaron 11 candidatas a diputadas y un candidato a diputado y fueron sustituidas por 11 hombres y sólo una mujer. Los reformistas sustituyeron a 9 mujeres candidatas a diputadas, por 9 hombres. En total, las renuncias fueron 229, distribuyéndose de la siguiente manera: 62 corresponden a la UDC; 37 al PRI; 32 PRSC; 32 BIS; 27 PRSD; 22 PRD; 5 PLD; 4 MIUCA; 3 PPC; 1 PVUD y 1 del PNVC. Lo grave del caso es que los renunciante son quienes aparecen en la boleta electoral.
2. Más dinero que nunca
Esta ha sido la campaña electoral más costosa del país, sin lugar a dudas. Participación Ciudadana comprobó que entre enero y marzo del 2006 los partidos invirtieron 140 millones de pesos sólo en publicidad radial, televisiva y en la prensa escrita. De estos el PLD y sus aliados gastaron unos 67 millones, mientras que el PRD y el PRSC juntos suman 69 millones de pesos. No se tienen las cifras para abril y mayo, pero si nos llevamos de la forma exponencial que los partidos incrementaron la publicidad es probable que el gasto en publicidad haya subido al doble.
Hay gastos difíciles de cuantificar. Los actos de cierres de campañas, con la participación de figuras importantes de la farándula. Los recorridos del presidente de la República por todo el país y la cantidad de recursos necesarios para moverlo. Las ayudas que los 17 Senadores que desean repetir proveen a sus parciales en las provincias, así como las de los diputados en sus circunscripciones.
El gobierno Central gastó más de 150 millones en publicidad entre enero y marzo y es indudable que una proporción de los anuncios gubernamentales funcionaban como propaganda política del partido que controla el Ejecutivo. Lo mismo se puede decir de los ayuntamientos y el poder legislativo, aunque los montos de estos últimos fueron substancialmente menores.
Fue un choque de titanes entre dos grandes polos que usaron todos los recursos a los que tenían acceso.
3. Lo inédito
Este proceso electoral presenta las pistas para saber cuál podría ser el desenlace del combate por la sustitución de los tres liderazgos que forjaron el actual sistema político. Estamos ante el inminente cierre de una transición y la reconstrucción de los liderazgos en el país.
Salen fortalecidos los liderazgos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Su estrategia fue exitosa. La basaron en el uso de las técnicas modernas de hacer política, como la realización encuestas constantes y la redefinición de la estrategia en base a sus resultados, con el uso de los recursos tradicionales como la cooptación de los líderes locales de los partidos contrarios y la movilización clientelar.
Este partido y su liderazgo dieron una imagen de mayor nivel de compactación y acuerdo que sus rivales de la Gran Alianza Nacional (GANA). El PLD presentó una campaña que intentó dirigir hacia los candidatos de GANA toda la responsabilidad de los desaciertos del gobierno anterior, encabezado por Hipólito Mejía. Comprometió el prestigio del actual Presidente de la República y Presidente del PLD tratando de transmitirlo hacia sus candidatos. Jugada muy arriesgada que todos los indicadores dicen que le ha sido efectiva.
GANA intentó contrarrestar la campaña acusando al PLD de hacer campaña sucia. Pero, no logró presentarse como una organización compacta, y a pocas semanas del día de las votaciones el presidente del PRD, Ramón Alburquerque, sostuvo que los reformistas no se habían incorporado a la campaña. De los candidatos de GANA Alfredo Pacheco, candidato a sindico por el Distrito Nacional, fue el único que trató de distanciarse de las ejecutorías de Mejía. El punto es importante porque todas las encuestas realizadas previo al certamen electoral presentaban a Mejía como uno de los líderes con mayor nivel de rechazo.
El PRD tradicionalmente ha tenido un liderazgo local más fuerte y enraizado en las comunidades que los demás partidos, pero no supo aprovecharlo en esta ocasión. Hipólito Mejía y el antiguo PPH, hoy Corriente Institucional, prefirieron afianzar su poder, relegando a los dirigentes históricos del PRD, así como a una parte de ese fuerte liderazgo local a un segundo plano. Lo que provocó descontento en sus filas. GANA fue el gran triunfo de Hipólito sobre los demás grupos dentro del PRD. Pero el desempeño estratégico y errores como mostrar dos cheques alterados como prueba de la compra de los militantes de GANA pueden constituirse en la tumba política de esta corriente dentro del PRD y en el motivo de la implosión de ese partido.
El balaguerismo se fragmentó, una parte se fue al PLD y quienes tenían el control del PRSC se unieron al PRD. El desempeño de estos últimos fue tenue, difuso, a la cola de la Corriente Institucional liderada por Mejía. Tanto el PRSC como el PRD se encuentran rezagados en la transición hacia la sustitución de los liderazgos de sus caudillos muertos. Ambos partidos podrían ir hacia un proceso de fragmentación, o de convivencia inestable entre sus diversos líderes.
La coyuntura sugiere que el mapa político dominicano y el sistema de partidos están prestos a sufrir un gran cambio del cual saldrán mejor posicionados los partidos que completen la transición hacia el nuevo liderazgo y se presenten más unidos y compactos.
Resultados
Este proceso electoral ha mostrado claramente la necesidad de buscar una nueva forma de elección de los miembros de la JCE, que haga posible que la misma sea más equilibrada en su composición interna, con mayores niveles de transparencia y menos permeable a las presiones partidarias. Es necesario reglamentar mejor los recursos financieros destinados a los partidos e incluso aplicarles la ley de lavado de activos. Deben justificar claramente de donde han salido tantos recursos para invertir en las campañas electorales.