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Isidoro Santana | 01 de Octubre del 2012
Borrando el aleluya

Se dice que a partir de estos momentos, la República Dominicana volverá a exportar oro. ¡Aleluya!

 

Pero se dice también que esos dólares van a entrar por un lado para salir inmediatamente por el otro. Se va el oro y también se van los dólares. ¡Borren el aleluya!

 

Se dice, por otro lado, que el anterior gobierno le dejó al actual una situación fiscal “nada fácil”, fundamentalmente porque el gasto público se disparó desde finales del año pasado. El Presidente Danilo Medina quiere acordar un pacto social para afrontar el déficit, en primera instancia. Y para poder llevar a cabo una gestión de gobierno como la que se ha propuesto, en segunda instancia. Un pacto que involucre todo lo fiscal, amén de otros pactos.

 

Dado la magnitud del problema, luce que no va a ser fácil la solución, lo cual podría implicar una larga negociación. Pero de lo que no hay dudas es que se les van a pedir grandes sacrificios a todos los sectores económicos y sociales. Excepto a la mina de oro.

 

El gobierno va a estar partiéndose la cabeza tratando de escarbar donde ya se ha escarbado mucho, bregando contra múltiples intereses y con sectores sociales que sienten legítima desconfianza porque han sido engañados tantas veces, y procurando ver como reúne unas decenas de miles de pesos, sin poder mirar hacia el único lugar donde hay mucho.

 

Aquí es donde aparece el gran dilema: es sumamente cuesta arriba proponer renegociar los términos a una inversión extranjera justamente cuando está iniciando sus operaciones, pero más cuesta arriba es pedir un aporte a todo el mundo, excepto a la mina de oro. Particularmente tomando en cuenta la forma como se diligenció el contrato que le permitió llevarse todo el oro y también los dólares.

 

Tratemos de entenderlo. Inicialmente el Estado Dominicano no tenía ningún contrato con la Barrick Gold. Lo tenía con otra empresa llamada Placer Dome, la cual lo había ganado de manera aparentemente muy lícita, por medio de un concurso público internacional, en el cual habían participado otras empresas. Pero las propuestas de esas otras empresas no eran satisfactorias al Estado, siendo que los términos ofrecidos por la Placer Dome resultaron los mejores.

 

Después la Barrick Gold absorbió a Placer Dome con todo y contrato. Sin pretender entrar al mundo de los abogados, entiendo que cuando una empresa adquiere otra, normalmente lo hace con todas sus consecuencias, activos  y pasivos, incluyendo el contrato.

 

Si después la Barrick Gold entendió que la compra había sido un error, que los términos de ese contrato no le eran satisfactorios a sus intereses, supongo que lo correcto era renunciar a él, y pedirle al gobierno que convocara a una nueva licitación. En ese caso, podría participar ofreciendo sus propios términos, pero en competencia igualitaria con las otras empresas. A lo mejor ganaba alguna  de las que inicialmente habían perdido, porque ahora sus propuestas podrían haber resultado más satisfactorias al interés del Estado que los nuevos términos de la Barrick. Pero esta lo que hizo fue agarrar el contrato, y después venir a modificarlo con términos radicalmente distintos.

 

Según el contrato ganado por Placer Dome en competencia con otras, el Estado recibiría cuantiosos fondos por los beneficios de la explotación aurífera desde un principio, con lo cual, el problema fiscal del gobierno no sería tan grande ahora. Pero con la renegociación, ahora el gobierno va a tener que esperar hasta que la empresa recupere su inversión, un monto que se fue agrandando de manera tal que ahora nadie sabe a ciencia cierta cuándo la empresa comenzará a tributar en magnitudes significativas.

 

El nuevo contrato fue aprobado por el Congreso Nacional, sospechosamente de manera unánime por ambas cámaras y todos los partidos, de acuerdo a lo informado por un ex presidente de la propia empresa. De modo que la nueva actividad económica, muy rentable por los altos precios actuales del oro, de poco le servirá al Gobierno de Danilo.

 

Intentar modificarlo ahora, implicaría un enorme riesgo para la imagen del país en términos de respeto a las normas establecidas. Paradójicamente, la República Dominicana es un país que ha mantenido una gran tradición de respeto a la inversión extranjera. Y así ha sido con todos los gobiernos. Cuando el nombre del país se ha visto afectado negativamente, ha sido por decisiones personales derivadas de la rampante corrupción que conocemos, la gran inseguridad jurídica y la inseguridad ciudadana que provienen de nuestra debilidad institucional. Pero no por una decisión consciente del Estado en contra de una empresa extranjera.

 

Lo lamentable es que cuando el país ha sido sometido a tribunales de arbitraje, o a cualquier tipo de tribunales, normalmente los árbitros se limitan a ver hasta dónde el gobierno cumplió los términos del contrato, sin detenerse en lo más mínimo a analizar los medios utilizados para conseguirlo. El caso reciente de CODACSA  es muy ilustrativo.

 

Pero más lamentable aún es que habitualmente los funcionarios envueltos hacen muy poco esfuerzo por evitar que el Estado Dominicano sea condenado, pudiendo llegar al caso de ponerse del lado del demandante. Total, que del dinero de la indemnización no va a salir ni un centavo de sus propios bolsillos, pero sí podría entrar una parte, como aparentemente sucedió con el caso de unas Soluciones muy Modernas hace unos años.

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