Cuando el Estado rehúye la responsabilidad de construir una nación democrática, los sectores dominantes recurren a argumentos patrioteros para adoctrinar las masas y extorsionar a los trabajadores.

En el mundo moderno, la opresión tiene distintas expresiones, pero una fundamental es mantener un segmento de la población sin derechos sociales y políticos. En República Dominicana este asunto nos refiere a los inmigrantes haitianos.

Haití y la República Dominicana son ambos responsables del caos migratorio que impera.

En Haití, la pobreza extrema y la corrupción gubernamental empujan la población hacia el exterior. En República Dominicana, funcionarios corruptos y empresarios explotadores promueven la migración haitiana.

Ni unos ni otros desean que el flujo migratorio cese porque les conviene económicamente.

El resultado es un aumento constante de la población inmigrante haitiana, que alimenta la ansiedad y xenofobia de muchos dominicanos. En este contexto, los agitadores nacionalistas echan con frecuencia leña al fuego.

La condición de ilegalidad de muchos haitianos contribuye a crear una casta de personas excluidas de los derechos civiles más fundamentales, como enviar los hijos a la escuela o tener un carnet de identidad y residencia.

Y ante cualquier cuestionamiento a este estado de cosas, la maquinaria patriotera está siempre lista para emitir acusaciones de anti-patriotismo a quienes proponen soluciones viables y humanitarias.

Guste o no, la realidad es que por décadas se han asentado muchos haitianos en República Dominicana, que no tienen ya la posibilidad de regresar a su país de origen.

Además, muchos han procreado hijos que se han criado en territorio dominicano y es la única realidad social que conocen.

¿Qué hacer entonces con esta población?

La postura radical de rechazo consiste en argumentar que el gobierno debe expulsarlos. Pero muchas de estas personas no tienen un lugar donde regresar porque han vivido fuera de su país por mucho tiempo. Además, muchos de sus descendientes carecen de fuertes lazos personales en Haití.

En cuanto a los recién llegados, quienes más se oponen a su repatriación son los empresarios dominicanos, que dependen de esa mano de obra para realizar los trabajos arduos en el campo y la construcción.

En complicidad con el gobierno dominicano, estos empresarios favorecen un proceso migratorio indocumentado, porque así aseguran mayor explotación de la mano de obra.

Hasta la fecha, el Estado dominicano ha ignorado la legalización de muchos descendientes de haitianos arguyendo que son personas “en tránsito” a quienes no les aplica el jus solis (o derechos a la nacionalidad por nacimiento en el país), que establece la Constitución actual.

Ahora, el proyecto de reforma constitucional que conocerá el Congreso, eleva a la categoría de norma constitucional la ilegalidad existente, al no reconocer derechos de nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados.

La nueva Constitución, al restringir el jus soli de esta manera, creará un apartheid dominicano, con muchos descendientes de haitianos que vivirán en República Dominicana sin nunca poder tener derechos ciudadanos.

Por otro lado, la nueva Constitución busca extender el jus sanguinis (derecho a la nacionalidad por sangre) para los descendientes de dominicanos en el exterior. Ellos tendrán la posibilidad de optar con mayor facilitad por la nacionalidad dominicana; la que probablemente no asumirán, porque tendrán la de otro país, posiblemente desarrollado.

Esta es una concepción penosa de la dominicanidad. Inclusiva para los descendientes de dominicanos en el exterior, y excluyente para muchos descendientes de haitianos que nacerán y se criarán en República Dominicana con el “pecado constitucional” es ser hijos de haitianos indocumentados.

La República Dominicana como país soberano tiene derecho a establecer los criterios que considere apropiados para otorgar la nacionalidad. Pero al hacerlo, debería mostrar coherencia y sensatez entre los dispositivos constitucionales y la política migratoria.

Permitir un flujo constante de inmigrantes haitianos, y restringir constitucionalmente los derechos de esa población y sus descendientes, es inhumano y no resuelve los problemas sociales e internacionales que enfrenta actualmente la República Dominicana con respecto a la migración.