Hasta donde sé, en una democracia no hay que pedir permiso para ser ni para pensar. Ni para decir, ni para disentir. Tampoco para proponer, ni para hacer. Mientras se respeten las leyes, y no se lesione ningún derecho de personas u organizaciones, los ciudadanos y las ciudadanas de la democracia tenemos espacio virtualmente para todo.

De hecho, no solamente es que tenemos la prerrogativa de usar nuestros derechos hasta el límite que marca la ley, sino que se espera que seamos, pensemos y hagamos lo que queramos. Más aún. El ejercicio responsable de estos derechos es la mejor contribución a la democracia que la ciudadanía puede hacer, porque, como los músculos, si ciertos derechos no se usan, se atrofian. Y, en la democracia, cuando un derecho se atrofia, en la práctica desaparece para todos y para todas.

Especialmente sucede con aquellos derechos individuales y colectivos que han sido arrebatados a cualquier forma de poder establecido, sea éste legítimo o ilegítimo. El caso es que ciudadanos y ciudadanas tienen el deber para con la democracia de ejercer algunos derechos al máximo.

Uno de los derechos-deberes más sagrados en todo sistema democrático lo constituye el derecho que tienen las personas de agruparse para empujar una agenda de interés común. Este derecho-deber es primo hermano del también sagrado derecho de afiliarse a una organización política – o, en su defecto, crear una – con vocación de conquistar el poder público a través del voto de conciudadanos y conciudadanas.

Sin ambos derechos-deberes, la democracia no está completa. Así como es un absurdo pensar en una democracia funcional sin partidos políticos fuertes y plurales, de la misma forma es un absurdo concebir un sistema democrático sin grupos de interés organizados. El lector y la lectora avezados probablemente han adivinado que me refiero a la sociedad civil.

Admito que no he descubierto ninguna fórmula mágica. A estas alturas debería tratarse más bien de una perogrullada. Sin embargo, parecería que, en términos prácticos, este derecho-deber de asociación se ha atrofiado bastante en la República Dominicana, a fuerza de no ser suficientemente ejercido.

Cierto que tenemos en el país un sistema político que celebra elecciones periódicamente, con aceptables participación y respeto por los resultados. Cierto que existe relativa libertad de expresión. Pero es cierto también que la noción de que los individuos pueden y deben agruparse a exigir derechos y a vigilar a sus representantes se concibe todavía en algunos sectores como una blasfemia o una intromisión.

El concepto de los funcionarios públicos, incluyendo al Presidente, como servidores de la ciudadanía - que es quien paga sus salarios - es aún una novedad. Y la idea de que el Estado es para los ciudadanos y las ciudadanas y no al revés es subversiva, por decir lo menos. Tal vez esto explica que aún hoy, a más de cuarenta y cinco años del final de la dictadura, el comportamiento reflejo de los actores sociales y políticos frente al poder y sus símbolos sea de sumisión y de genuflexión.

Valiente democracia. Incompleta democracia. ¿Absurda democracia? ¿Cuál es el mensaje que a veces se envía? Si usted quiere ejercer una ciudadanía activa, inscríbase en un partido político, póngase en fila y salga a conseguir votos. O cállese. Y si el juego del clientelismo es muy pesado para usted, entonces es que su estómago no le sirve para el ejercicio político. Quédese en su casa y deje el terreno a los que viven de eso. Lo demás son necedades.

La realidad, sin embargo, es otra. En cualquier democracia, los políticos profesionales tienen que convivir con una ciudadanía profesional. Es lo que permite que las sociedades progresen. Y los ejemplos sobran.

Sin un movimiento articulado a favor de los derechos civiles, es muy poco lo que habrían avanzado los afro-americanos en los Estados Unidos. Sin una movilización de millones de personas en Sudáfrica, la caída del apartheid habría tardado mucho más. Sin la presión de miles de organizaciones, ¿habrían reconocido gratuitamente los sistemas políticos occidentales los derechos de la mujer?

¿Tendríamos elecciones confiables en República Dominicana sin la necia y constante intromisión de grupos de ciudadanos y ciudadanas en el terreno de los políticos profesionales?

No hay duda de que sería más cómodo para los actores “tradicionales” que no existieran grupos de interés. Pero no se trata de comodidad. Se trata de una prerrogativa ciudadana. Se trata de calidad de la democracia. De pluralidad.

El problema no es que incordiemos. El problema es que deberíamos ser más. Centenares de incordios, metiendo la cuchara en cada tema nacional y local. Porque es nuestro derecho. Y nuestro deber.