En los últimos tiempos hemos presenciado el paso de distintos gobiernos por la administración del Estado con la permanencia de los problemas que limitan el desarrollo del país y de las personas.

Los gobiernos se suceden y los problemas permanecen, algunos incluso agravados. Esta lamentable situación ha dado pié a considerar que sin llegar a ser un “Estado fallido”, posiblemente el Estado sí ha fracasado en resolver los principales problemas que desde hace muchos años afectan a la mayoría de la población.

La evidencia de que los problemas fundamentales permanecen sin ser solucionados se encuentra en la existencia de altos niveles de pobreza y desigualdad social, la crisis del sector eléctrico, la precariedad de los servicios públicos, especialmente en salud y educación, por citar sólo algunos.

La imposibilidad de resolver estos problemas por distintos gobiernos parece señalar que se debe a causas estructurales, no coyunturales, haciendo referencia a una cierta incapacidad resolutiva que se traslada de un gobierno a otro. No sería justo atribuirlo a mala fe, pero si a un cierto nivel de irresponsabilidad.

Estos problemas son tan complejos que puede explicarse, aunque no se justifique, que permanezcan si ser solucionados. Para lo que no se encuentra ninguna explicación y, mucho menos justificación, es para la permanencia de inconvenientes y comportamientos que hacen posible que terminadas situaciones permanezcan por la dejadez, la falta de responsabilidad y la complicidad de muchos, empezando por quienes tienen el deber de evitar que surjan.

Estos quizás no se resuelven porque responden a comportamientos y a formas de entender el quehacer político y que están, además, arraigados en la cultura política, tanto de la ciudadanía como de las autoridades. Por eso permanecen sin solucionarse.

En esta entrega quisiera abordar algunos de estos problemas que han debido ser resueltos hace ya muchos años, y al comportamiento que ha hecho posible que aún permanezcan sin resolverse.

Pese al reclamo desde la sociedad civil, las promesas durante las campañas políticas y el ejemplo de una minoría, se ha hecho imposible la declaración jurada de bienes de la mayoría de las autoridades electas o designadas. Algo parecido sucede con la ejecución de las leyes especiales que establecen un porcentaje del presupuesto para determinadas actividades e instituciones del Estado, que en cada presupuesto se viola sin que pase nada. Hasta este momento se ha hecho imposible también la aplicación de la ley de servicio civil y carrera administrativa, a pesar de tener más de una década de haber sido aprobada. De igual manera ha sido imposible que se respeten las normas y señales de tráfico; su violación es tolerada, y hasta practicada, por quienes tienen la responsabilidad de impedirla.

El número exacto de los empleados públicos parece que es un secreto de Estado, aunque todos y cada uno cobre mensualmente un salario, que se hace efectivo mediante cheque o transferencia bancaria. Pero a pesar de esto no se sabe cuantos son.

Las distinciones entre personal permanente del gobierno central y de órganos descentralizados, “nominillas” en distintos departamentos y la figura creativa de personal “ocasional permanente” han hecho imposible que se sepa con exactitud cuantos son los servidores del Estado.

Así también sucede con los miembros de la policía nacional que prestan servicios a personas del sector privado, del gobierno, de los cuerpos castrenses y de la propia policía: no ha sido posible lograr que retornen al cuartel para ponerlos al servicio de la ciudadanía.

Imposible ha sido también que la Junta Central Electoral fiscalice los fondos que reciben los partidos políticos de fuentes, tanto públicas como privadas, y que se respeten los plazos establecidos en la ley para la realización de las campañas electorales, que debe iniciarse tres meses antes de las elecciones. Otra cosa imposible de lograr es que el Poder Ejecutivo someta con tiempo suficiente el proyecto de presupuesto cada año para que pueda ser analizado adecuadamente, que las prioridades declaradas sean las establecidas en el presupuesto y que se haga una reforma fiscal para aumentar el gasto social, sobre todo en educación y salud, y no para pagar deudas y cubrir déficit y subsidios

Respecto a reformas que se han considerado necesarias introducir en distintas esferas de la vida política, ha sido imposible darle el tiempo suficiente para que se consoliden. Tan pronto han sido aprobadas aparecen los primeros cuestionamientos, reclamando que se vuelva a la posición anterior, sin darle el tiempo necesario para que puedan implantarse. Hacemos gala de una especie de “pubertad institucional” porque no estamos contentos con nada de lo que hacemos.

En una sociedad donde parece que no existen acuerdos básicos compartidos y respetados entre los sectores de la clase dirigente, la permanencia de estas situaciones y problemas parece evidenciar que sí existe un acuerdo ampliamente respetado entre los dirigentes de las distintas fuerzas políticas para que estos no se resuelvan, con la tolerancia cómplice de una buena parte de la sociedad.