Hay quienes no pueden hacer estas dos cosas al mismo tiempo. O tropiezan, o se muerden la lengua. De similar descoordinación adolecen algunos grupos gobernantes, que no lucen capaces de hacer coincidir esfuerzos. Parecería que atender los problemas urgentes de la población y plantear reformas normativas y estructurales no son tareas que puedan emprenderse concomitantemente.

De otra forma no se explica que, de repente, el partido de gobierno no encuentra nada más urgente que una reforma de la Constitución para invertir su monumental y recién adquirido capital político. Los apremiantes problemas de la población – tal vez por aquello de que el que espera lo mucho espera lo poco – tendrán que ponerse en fila y aguardar su turno por respuestas y soluciones, a pesar de la gran oportunidad que representa el dominio de los poderes ejecutivo y legislativo por parte de un solo partido.

Pareciera que estamos condenados a un trastrueque de prioridades cada vez que hay un cambio radical en la composición de fuerzas del Congreso. No bien consiga alguna fuerza política una mayoría absoluta en el Congreso, es previsible que proceda ipso facto a reformar la Carta Magna. ¿Por qué? Porque puede.

Y no es que la Constitución actual no pueda mejorarse. Lo que resulta sospechoso es que, de buenas a primera, la reforma constitucional tiene mayor urgencia que todos los problemas que nos aquejan. Además, y de forma bastante conveniente, el partido oficial no desea que el vehículo para tan importante reforma sea una Asamblea Constituyente. Antes, cuando no tenían mayoría congresual, estaban a favor de la Constituyente. Ahora, que la tienen, bastará el consenso de las fuerzas vivas de la nación, que supuestamente serán consultadas y respetadas.

Consenso desde la mayoría. Difícil de creer. Vuelven a surgir los fantasmas de las últimas reformas constitucionales. Y volvemos a recordar el mal sabor que dejaron.

La del ’94, por lo pronto, fue una salida obligada a un tranque político. La del 2002 fue un traje a la medida del partido gobernante entonces, y los juristas y representantes de grupos de interés que fueron convidados a participar en su definición fueron usados como tontos útiles. Después de que los invitados dedicaron horas al análisis y al diseño de propuestas específicas, lo que se hizo en la práctica fue poner a trabajar la aplanadora de los dueños de la mayoría. Como era de prever, el resultado fue una reforma vacía, en la que sólo se trató el tema de la reelección. Total, que quien iba a lucir el traje confeccionado por los congresistas nunca llegó a ponérselo.

Aparte del riesgo que entraña un consenso controlado, hay otros aspectos muy preocupantes. Preocupa, sobre todo, que el partido de gobierno se concentre en la susodicha reforma constitucional y se distraiga de los problemas concretos y cotidianos de la ciudadanía dominicana. Vamos, que se detenga ahora a mascar chicle a la vera del camino, cuando no bien acaba de comenzar a caminar.

No hace falta una reforma constitucional para, por ejemplo, diseñar una verdadera política de seguridad ciudadana; una que ataque los problemas de raíz y que trascienda las relaciones públicas. No es cierto que esta tarea no pueda acometerse de inmediato. Y, por favor, no me digan que es un tema de recursos. Porque eso no es verdad.

No pueden decirme que los recursos son escasos, cuando el gobierno se gasta al menos mil millones de pesos al año en una publicidad estatal que es, en su mayor parte, innecesaria. No puede haber escasez si nos damos el lujo de dedicar parte del presupuesto nacional a la construcción de un tren urbano, por encima de la opinión de expertos internacionales y de agencias multilaterales.

Es que no hay que reformar la Constitución para cumplir y hacer cumplir la ley. Ni tampoco para mejorar el servicio de salud. Y no es cierto que la reducción de la pobreza no pueda atacarse de inmediato.

No hace falta reformar nada para cumplir la ley de presupuesto y dedicar a la educación los recursos mínimos estipulados. De hecho, podrán hacerse mil reformas constitucionales, y no evitaremos seguir siendo el hazmerreír internacional; como lo somos cada vez que el discurso de modernidad se confronta con el tamaño de la asignación presupuestaria a la educación.

Más que una reforma constitucional, hacen falta voluntad política y prioridades claras. Y si se acepta que en política el establecimiento de prioridades siempre será un dilema, también hay que recordar lo que sucede a quienes malgastan el capital político adquirido en las urnas.

Es cierto que la política es el arte de lo posible. Y, precisamente por el poder que ha reunido, el partido de gobierno tiene mucho espacio para escoger resolver un buen grupo de problemas reales. Como mucho pueden, mucho se les exigirá.

Que no pierdan el foco, por ejemplo. Que no se distraigan demasiado con aquellas cosas deseables, pero que no son ni urgentes ni importantes. Que por sabroso que esté el chicle, no detengan su marcha hacia las soluciones que ansiamos.