Nos dicen que han crecido la delincuencia y la violencia y muchos ojos miran hacia el nuevo Código Procesal Penal. Si se demuestra su culpabilidad la opción es sencilla: cambiemos el nuevo Código. Pero la realidad es mucho más compleja y necesita ser estudiada antes de emprender un tortuoso proyecto como es cambiar un código que costó años y mucho debate para poderlo implementar y hacer ley, como es el nuevo Código Procesal Penal. Hay que ver el asunto libre de pasiones y reflexionarlo sopesadamente. Algo sí debemos tener claro, es imposible buscar remedios a situaciones que no son bien conocidas, no se pueden emprender grandes proyectos de reforma partiendo de las percepciones y los deseos, hay que sustentar los argumentos en los datos, bien construidos y analizado, por eso para planificar son tan necesarias las informaciones veraces y confiables.

Por eso los procesos de planificación y cambio en el país son tan falibles. ¿Dónde están los datos incontrovertibles que muestren el aumento de la criminalidad? ¿Cuáles son los argumentos irrefutables que evidencian que el nuevo Código es la principal causa de dicho aumento? Dos preguntas difíciles de responder ya que se carece de estadísticas sobre el desempeño tanto policial como del ministerio público en términos de investigación y persecución de crímenes y delitos, así como de sus características y frecuencia. Para probar la hipótesis de que el nuevo Código Procesal Penal es culpable, necesitamos datos de la situación previa a la puesta en vigencia del nuevo Código y datos posteriores, para poder comparar las dos situaciones. Pero, esos datos no deben ser construidos en función del “yo creo que”, es decir, de las percepciones, deben ser construidos en función de indicadores de primera mano.

La Procuraduría General de la República hace esfuerzos por la recopilación de los mismos, aunque todavía se pueden observar algunos problemas, los cuales probablemente vienen de las fuentes que sirven las informaciones a la Procuraduría, en particular la Policía Nacional. Los datos disponibles en la página web de la Procuraduría sugieren que no se puede afirmar que la violencia se haya incrementado en la sociedad dominicana en los últimos meses. Según esos datos la Policía reportó 194 homicidios y muertes en intercambios de disparos en enero del 2005 mientras que en el mismo mes del 2006 hubo 26 menos es decir 168. Como se puede ver en términos absolutos hay una reducción de las muertes violentas en el país al comparar los albores de la aplicación del nuevo Código con la situación un año después. Pero, no sólo los datos de la Policía revelan la reducción de las muertes violentas. Los médicos legistas también reportaron menos muertes violentas en esos meses: 181 en enero del 2005 y 166 en enero del 2006, para una reducción de 15 muertes violentas. Es decir, que dos fuentes distintas consignan que efectivamente hay una reducción importante en las muertes violentas.

Observar esta reducción según las circunstancias en que ocurren las muertes violentas puede ser útil para planificar la prevención de este tipo de muerte. El cuadro uno, construido con los datos que se encuentran en la página de la Procuraduría nos dice:

En este aspecto tan importante se comienzan a observar las dificultades de los datos que reporta la Policía. Cuando se contabilizan las cifras del cuadro según circunstancias se tiene que hay diferencias en el reporte de la Policía. En efecto en enero del 2006 la Policía reportó 168 muertes, pero cuando se suman las muertes según las circunstancias vemos que hay 177. Pero en el 2005 cuando se ven los datos agregados se nos dicen que las muertes fueron 194 y al sumar los datos según circunstancia vemos que hay 200. De todas maneras y a pesar de la impresión sigue siendo obvio que las muertes violentas se reducen. Hay que explicarles a quienes llevan las estadísticas la importancia de ser precisos en los reportes de las muertes y las circunstancias en las que ocurren ya que esta información será de gran importancia para establecer una verdadera política de combate al crimen.

La otra dificultad que tienen los datos es el muy alto número de muertes cuyas circunstancias son “indeterminadas”, en enero del 2005 hay 61 muertes de las cuales no se puede determinar las circunstancias, y en enero del 2006 hay 54. Aunque, se destaca que las muertes reportadas por intercambio de disparos pasaron de 45 a 15 en ambos meses, también las muertes por rencillas o riñas disminuyeron y aumentaron las muertes en circunstancias relacionadas con las Drogas. En otras palabras, la causa principal de la reducción de las muertes violentas es la actuación policial y la reducción de las rencillas y riñas.

En definitiva, a pesar de las imprecisiones se puede decir que hay evidencias de que se han reducido las muertes violentas. Entonces, ¿a qué se debe la percepción de la gente y algunos sectores de la prensa de que hay un incremento de la violencia y la delincuencia? Quizás lo que ocurre es que ahora son más visibles actos delincuenciales como los asaltos, actividad muy común en los barrios pobres desde hace mucho tiempo. Una hipótesis es que ha cambiado la geografía de la delincuencia. Los asaltantes que operaban en los barrios que hoy son seguros han pasado a otras zonas donde son más visibles y se mueven en motores más baratos, más efectivos y discretos que las ruidosas y ostentosas Harleys.

¿Y la responsabilidad del nuevo Código? Según los boletines de la SCJ gracias a la vigencia del nuevo Código se tienen sentencias definitivas más rápidas, se han reducido los presos preventivos y el proceso de administración de Justicia es meno ineficiente. El miércoles 8 de marzo en el periódico Hoy el Procurador en licencia, Francisco Domínguez Brito, sostuvo que se ha disminuido el número de presos preventivos, pasando de 9 mil 103 a 6 mil 337 durante su gestión, que es la gestión que coincide con la implementación del nuevo Código. Además, se aumentaron la cantidad de presos condenados de 4 mil 165 a 6 mil 656. Es decir, por el lado de la administración de justicia el nuevo Código puede exhibir éxitos indudables.

Hay un aspecto que falta por estudiar y es dónde debería centrarse el debate: Si el nuevo Código ha tenido logros visible en la agilización del proceso de administración de justicia y si no hay evidencias de un aumento substancial del crimen y el delito, ¿será que las deficiencias del nuevo Código están en la forma en que este podría estar entorpeciendo el trabajo policial? Sobre este aspecto no hay estadísticas de ningún tipo, pero tampoco hay datos que evidencien que la Policía hacía un mejor trabajo de investigación, persecución y prevención del crimen y el delito antes de la entrada en vigencia del nuevo Código.

El nuevo Código no ha atado la mano a la Policía para que atrape a los infractores en flagrante delito, por ejemplo. Eso sí, el nuevo Código exige de una Policía cada vez más capacitada y motivada. Hay que dignificar la labor policial, en ese aspecto se incluye los incentivos económicos (mejores salarios) y los incentivos intangibles (hacer de la Policía una profesión digna y que merece respeto). La conclusión es clara: necesitamos más y superiores estadísticas para forjar una política pública coherente y efectiva de combate al delito y el crimen. Además, es necesario que la Policía y el Ministerio Público limen sus asperezas y cada uno cumpla el rol que le corresponde.