Contrario a lo que se podía esperar, con el paso de las décadas la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos de Estado se ha enraizado más.

En agosto de 1953, el Estado español de Franco y el Vaticano de Pacelli suscribieron lo que fue considerado por los partidarios del “caudillo-por-la gracia-de-Dios” como el mejor concordato de toda la historia de la Iglesia Católica. Se entronizaba así el nacionalcatolicismo como doctrina en la dirección del Estado, borrando todas las fronteras entre lo civil y lo religioso en la vida de los ciudadanos y ciudadanas españoles.

Menos de un año después, en junio de 1954, Rafael Trujillo en persona – para que no hubiera dudas respecto de quién personificaba al Estado dominicano – y el prosecretario del Papa firmaron una versión de concordato tan similar a la española que demuestra que el copy-paste no es algo tan nuevo después de todo. La similitud no es de extrañar, pues nos imaginamos que Trujillo le tenía tanta admiración a Franco que estaría feliz de copiarle otra página a su generalísimo colega.

El paralelismo entre ambos acuerdos no sería, sin embargo, perfecto. En España, mientras hubo dictadura, hubo concordato. La desaparición de Franco dio paso a un modélico proceso de transición política que culminó en la Constitución de 1978, en la cual la neutralidad religiosa del Estado español se estableció de manera expresa. Tan temprano como en 1979, el concordato de 1953 fue sustituido por acuerdos internacionales con la Santa Sede que cubren temas económicos, educativos, jurídicos y militares. Por cierto, en la actualidad estos acuerdos – y los privilegios que otorgan a la religión católica – son objeto de intenso cuestionamiento respecto de su procedencia constitucional en un Estado explícitamente aconfesional.

Con la derogación, si bien incompleta, del concordato del ’53 tanto la Iglesia Católica como el Estado español avanzaron en el proceso de reconocimiento de la libertad religiosa como un derecho fundamental y de la noción de la separación entre Iglesia y Estado como una verdad auto evidente en el pensamiento occidental.

Ciertamente, con esta primera regularización el Vaticano dio un paso importante hacia la coherencia respecto de su propia declaración de libertad religiosa, la aplaudida Dignitas Humanae, que vio la luz en 1964, en el Concilio Vaticano II. La robustez filosófica de este manifiesto – que, de la mano del jesuita norteamericano John Courtney Murray, estableció límites razonables entre el dogma y la razón – le permitió en su hora resistir acalorados debates así como los embates y maniobras del ala más reaccionaria de la Iglesia. Existe bastante consenso entre los pensadores progresistas de la Iglesia de que Dignitas Humanae marcó el final de la viabilidad conceptual de los concordatos al estilo español y dominicano.

En nuestra media isla del Caribe, como es siempre de lamentar, las cosas han evolucionado de manera diferente. O, más bien, no han evolucionado nada ni para el Estado ni para la Iglesia Católica. Poco importó que la brutalidad de Trujillo le hiciera perder el favor eclesial a los pocos años de la firma del concordato, ni que su dictadura terminara, al menos nominalmente, en medio de un tiroteo nocturno y tras un enfrentamiento bastante abierto con la jerarquía católica.

Contrario a lo que se podía esperar, con el paso de las décadas la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos de Estado se ha enraizado más, al punto de que el anacrónico concordato – y todo lo relacionado con la separación entre Iglesia y Estado – permanece en la percepción de los políticos profesionales del patio como un cable de alta tensión. Lo tocas y te quemas.

Así de conservadores somos. O así de narcotizados estamos. Los gobiernos de todos los colores ideológicos se han sucedido sin que siquiera el tema se haya tratado con seriedad y profundidad. Un verdadero tabú religioso.

Parecería, entonces, que no estamos listos para avanzar. Que no nos merecemos nada mejor que esta versión tropicalizada de nacionalcatolicismo de Estado. ¿Cómo esperar que se discutan abiertamente temas de derechos civiles cuando aún los políticos supuestamente más liberales se extirpan el cerebro y la lengua frente a la mitra y al incienso?

Por extraño que pueda parecer, la Iglesia que ha logrado mantener en la República Dominicana un status quo impensable para otras sociedades es exactamente la misma Iglesia que ha tenido que reinventarse para adaptarse a demandas políticas y sociales más avanzadas. La Iglesia es la misma. Las sociedades y los sistemas políticos, dolorosamente, no lo son.