Recientemente, el Presidente de la República denunció la existencia de una “partidocracia” que ha evitado se aplique de manera adecuada la vigente Ley de Servicio Público y Carrera Administrativa, aprobada hace mucho más de una década, lo que ha impedido, a la vez, que el Estado Dominicano disponga de una Administración Pública profesional y estable.

En un país desarrollado existe una burocracia, formado por funcionarios públicos al servicio del Estado. Su ingreso en base al mérito y después de cumplir con requisitos establecidos para el ingreso. La permanencia y ascenso se relacionan directamente con la calidad del desempeño de sus funciones.

Aquí, por el contrario, el criterio básico para ingresar a un cargo en la Administración Pública, es la pertenencia al partido que ganó las elecciones presidenciales. No se necesita ningún otro mérito que haga referencia a condiciones personales y profesionales para desempeñar el cargo.

Este sistema hace que nuestros funcionarios públicos no sean funcionarios del Estado sino, todo lo más, funcionarios de un gobierno, de un partido y, fundamentalmente, de las facciones que dentro del partido en el gobierno se disputan la hegemonía, especialmente la lidereada por el Presidente.

Bajo el concepto patrimonial prevaleciente de la Administración Pública, el ingreso y el ascenso a un cargo en el gobierno se realiza a través de los partidos políticos, pues los cargos están reservados a los miembros de los partidos. Esto determina que, en la realidad, todos los cargos son políticos y no solamente los de confianza del Presidente, como ocurre en los Estados en que existe la carrera administrativa.

Últimamente hemos visto una cierta correspondencia entre el cargo que se tiene en la estructura del partido y el que se desempeña en el gobierno. Así las cosas, lo importante para el ingreso a la Administración Pública es el cargo; para la permanencia y promoción son más determinantes los méritos por el trabajo partidario que la calidad del desempeño en el cargo administrativo o la pertenencia al grupo hegemónico en el gobierno.

La primera lealtad de todo funcionario público es, primero al partido, y luego a la tendencia interna preponderante. Esto llega al extremo que en algunos sectores de la Administración Pública, Salud y Educación, por ejemplo, la estabilidad en el cargo no la otorga el Estado sino el sindicato al que se pertenece. A los maestros es la ADP la que le da estabilidad; a los médicos el CMD.

Conforme a la partidocracia existente, quien no milita en un partido político, o está relacionado con alguno de su dirigentes principales, tiene escasas posibilidades de desempeñar una función pública, no importa su capacidad y vocación de servicio público.

Si es llamado a desempeñar algún cargo en el gobierno la primera crítica proviene de los partidos políticos, del que está en el gobierno, en primer lugar, por entender que llegó por un mecanismo que no es el válidamente aceptado. La segunda crítica viene desde la propia sociedad civil al entender que fue cooptado o se vendió.

Sin un régimen de partido único, y ante la ausencia de una burocracia estable y profesional al servicio del Estado, lo que tenemos son burocracias partidarias que se alternan en el gobierno.

La voluntad política que se ha hecho presente en la realización de iniciativas que pueden ser catalogadas de despropósitos nacionales, no ha aparecido para la profesionalización y estabilidad de la Administración Pública. No importa que se sustituya una ley que no se cumple por otra que se dice se cumplirá.

Además, sin un pacto político entre los partidos que concretice esa voluntad política, toda ley que establezca la estabilidad y profesionalización del funcionario público no será aplicada.

Sin una burocracia moderna, porque es estable y profesional, jamás tendremos un Estado Moderno, eficaz y eficiente, aunque pregonemos que pertenecemos a la sociedad del conocimiento, dispongamos de miles de computadoras en las escuelas y más de una línea en el Metro.