La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC) está cumpliendo con su papel y ha tenido logros aceptables que justifican su existencia y la permanencia de las organizaciones de la sociedad civil dentro de ella.

Sin embargo inacciones gubernamentales arrojan un manto de desconcierto y ponen en duda la existencia un compromiso real de las más altas esferas gubernamentales con el combate de la corrupción.

Lo más desconcertante ha sido el manejo de la licitación realizada por la OPTIC que provocó la renuncia del Coordinador de la Unidad Técnica de la Comisión, Gustavo Montalvo, y la puso en un jaque bordeando el mate.

En algunas instancias de las organizaciones de la sociedad civil llegó a plantearse mi renuncia de la CNECC como representante de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y el Foro Ciudadano.

Poco sabía el público de lo que estaba pasando dentro de la CNECC. A lo interno había cierto desaliento, pero al mismo tiempo reconfortaba saber que el sentimiento de que la CNECC no debía naufragar por este impasse era unánime.

La convicción de que el caso de la licitación realizada por la OPTIC que provocó la renuncia de Montalvo no debía quedar impune era compartida por casi todos los miembros.

Fue así como se nombró un pequeño comité encargado de revisar las razones de las renuncia de Montalvo. Las conclusiones del pequeño comité fueron contundentes. La CNECC conoció el documento y lo asumió como propio, agregándoles elementos importantes.

El documento fue entregado al Presidente de la República hace cerca de un mes. El informe final dado a conocer a la prensa y entregado al Presidente tiene dos importantes conclusiones.

La primera es que “en cuanto a los motivos que produjeron la renuncia del licenciado Gustavo Montalvo, esta Comisión ha podido comprobar que los mismos eran válidos”.

Vale recordar que en la carta que remitió Montalvo a sus colaboradores sostenía que su renuncia, “está fundamentada por desacuerdo con decisiones presidenciales que, a mi juicio, vulneran la institucionalidad y principios innegociables”.

La segunda conclusión es que “se ha producido un conflicto de intereses y un manejo ético inadecuado, que ha despertado mucha suspicacia, por lo que lo aconsejable y prudente es dejar sin efecto y valor alguno la referida licitación”.

En definitiva la CNECC hizo su trabajo, es cierto que con cierta lentitud provocada por la naturaleza misma de la Comisión: es un organismo de voluntarios formado por personas del Gobierno y la sociedad civil que deben ponerse de acuerdo y que representan sectores con los cuales deben consultar. Las conclusiones pueden ser catalogadas de irrebatibles, pero lamentablemente existe la impresión de que el Gobierno no le ha hecho caso.

Es cierto que se nos ha dicho que la licitación fue dejada sin efecto, pero este anuncio no ha sido dado a conocer a todo el mundo.

Es importante que las altas esferas gubernamentales muevan sus fichas. Le den el gran espaldarazo a la Comisión sancionando a los responsables y dando a conocer formalmente que la licitación de la discordia fue dejada sin efecto.