El Metro no aparece en el programa de gobierno del PLD, ni antes de la juramentación del Presidente Leonel Fernández se conocía que era una de las prioridades más importantes del gobierno. Inmediatamente después del discurso de toma de posesión se nombró a un funcionario especial como encargado de la construcción del Metro y se le dotó, de forma generosa, de los recursos económicos para la realización de la obra que fue definida como el símbolo de la modernización del país. Una voluntad política que ha estado ausente respecto a las verdaderas prioridades nacionales se ha manifestado de forma reiterada en esta prioridad impuesta, a pesar de que en un informe del Consejo Económico, Social e Institucional (CESI) al propio Presidente de la Repúblicase había expresado que “en estos momentos la construcción de un metro no es una solución oportuna y adecuada. Lo más oportuno y adecuado fuera que se escogiera una alternativa de solución mucho más integral, que abarcara lo técnico y lo institucional, partiera de las posibles opciones en la superficie y que no representara una carga excesiva a la economía nacional, ni en el presente ni en el futuro”.

Mientras se continúa aceleradamente con la construcción del Metro, la inversión en educación es sustancialmente menor a lo que se estima necesario y que está establecido en una ley vigente que se viola impunemente. En un vano intento de pretender justificar la escasa inversión en la educación, se argumenta que se heredó una grave crisis económica, el pago de una inmensa deuda pública y la necesidad de mantener unos subsidios, que benefician más a quienes menos los necesitan. Sin embargo, cuando se produce algún excedente en la gestión económica del gobierno, en vez de restablecer lo que no se le pudo entregar a educación, se prefiere gastarlo en mantener y aumentar el subsidio a la energía eléctrica y al gas licuado de petróleo. Cuando se carece de los recursos, no se puede invertir en educación pero cuando se dispone de ellos, tampoco. Se prefiere el gasto a la inversión y destinar recursos a otras prioridades, aunque signifique estar hipotecando el futuro.

Cuando se formulaba el presupuesto para el 2006 se declaró que los recursos solicitados por la Secretaría de Educación representaban los que eran requeridos para asegurar una educación de calidad para todos y que se correspondían con los planes y proyectos contemplados para lograr ese objetivo, además de una manifestación de que la educación era una verdadera prioridad nacional, por lo que no se aceptaría ni un centavo menos. Al final, en el presupuesto aprobado se le asignó sólo el 50% de lo que se había solicitado. Y en vez de reclamar que se invierta más en educación, al menos lo que está contemplado en una ley que no ha sido derogada, lo que se hace ante la drástica reducción es pretender justificar el escaso aporte que hace el gobierno.

Recientemente, mientras la Secretaria de Educación señalaba que no se podían terminar las escuelas, liceos y aulas en proceso de construcción o remodelación porque se carecía de los recursos económicos para poder hacerlo, el gobierno sigue suministrándole, de forma cada vez más generosa, los fondos que requiere la construcción del Metro y cuando las disponibilidades del gobierno son insuficientes entonces se autoriza de concertación de préstamos internacionales. Justamente lo que la Secretaría de Educación necesita para concluir escuelas, liceos en construcción y aulas en remodelación es la misma cantidad que actualmente se gestiona para el metro, mediante un préstamo en euros. Y se sigue proclamando, aquí y en el exterior, que la educación es la prioridad nacional.

Mientras la voluntad política se manifiesta generosamente, junto a la provisión de los recursos económicos requeridos para la construcción del Metro, para que marche raudo y veloz contra viento y marea, esa misma voluntad política está ausente en la educación y no aparecen recursos internos, ni se agencian los externos como se hace para la nueva prioridad, catalogada como el signo más importante de nuestra modernidad.

Si no hay recursos para la educación en la medida de las necesidades y los compromisos, incluyendo una ley aún no derogada, tampoco debiera haber para la construcción del Metro, a no ser que se admita que el Metro es más prioritario que una educación de calidad para todos.