El PRD tiene razón al cuestionarse la pertinencia de realizar una reforma constitucional cuando el país enfrenta graves problemas que debieron haber sido resueltos hace tiempo; demandar que las reformas a la Carta Magna se realicen a través de una Asamblea Constituyente, no de la Revisora precedida de una Consulta Popular cuyos resultados no son ni siquiera políticamente vinculantes, así como solicitar un amplio consenso y oponerse a que se nombren como miembros de la Junta Central Electoral a personas vinculadas o en representación de los partidos políticos. Pero no tiene calidad moral, y mucho menos política, para hacerlo, y tampoco para exigirlo.

Cuando estuvo en el poder, con una mayoría similar a la que tiene ahora el PLD, mantuvo al país en una zozobra constante porque en cualquier día uno de sus representantes en el Congreso presentaba un anteproyecto de convocatoria de la Asamblea Revisora para modificar la Constitución, hasta que lo lograron, desconociendo acuerdos, consensos, pactos políticos previos, incluyendo la propuesta de un texto constitucional resultado de esos acuerdos. Al final, impusieron su mayoría para solo modificar la constitución en los puntos que eran de su particular interés.

En esa oportunidad, pese a que una Comisión nombrada por el Presidente de la República para que, en base a un diálogo amplio y plural entre los distintos sectores y actores de la sociedad civil y política, presentara la forma en que debía ser reformada la Constitución y las reformas que debían ser introducidas, la modificación constitucional se realizó, no según las recomendaciones de esa Comisión, sino de la forma en que las autoridades del partido y del gobierno entendían que debía hacerse. Contrario a la propuesta de que se hiciera a través de una Asamblea Constituyente, se hizo por los legisladores, entre los que el PRD tenía una amplia mayoría, convertidos en Asamblea Revisora.

Anteriormente había procedido con la falta de congruencia que hoy reclama. Cuando se debió nombrar a los jueces integrantes de la Junta Central Electoral, desconociendo el mecanismo que se había utilizado para darle legitimidad, además de legalidad, utilizó su amplísima mayoría en el Senado de la República para imponer, sin consultar a nadie, a personas que la ciudadanía consideraba vinculadas políticamente con el partido en el gobierno. Desde entonces hasta la fecha, en cada torneo electoral se ha presentado una crisis de credibilidad y confianza porque las partes no consideran imparcial al árbitro.

Quién era presidente del Senado en ese entonces y hoy declara que los miembros de la JCE deben ser elegidos mediante consenso, proclamó que no había necesidad de consultar a la sociedad civil porque ésta ya se había expresado al haberle conferido al PRD en las urnas 29 de los 32 Senadores

Haber desconocido el procedimiento que se había seguido para elegir de manera legítima a los miembros de la JCE, imponer una reforma constitucional realizada por la Asamblea Revisora violando lo que habían sido acuerdos ampliamente consensuados y hacerla en el momento que el gobierno entendía que le era beneficiosa, contribuyó seguramente a la terrible derrota experimentada en las elecciones presidenciales del 2004. El descrédito del PRD y de su gobierno, unido a una profunda crisis económica en que sumieron al país, hizo posible que un partido y una candidatura que ganara unas elecciones presidenciales en una primera vuelta, en las elecciones siguientes perdiera de manera estrepitosa, también en una primera vuelta.

La importancia de lo anteriormente señalado no radica en la descalificación moral y política del PRD para exigir ahora lo que no hizo cuando estaba en el gobierno, con mayoría, además, en el Congreso. Su valor está en que después de conocer la experiencia y el alto costo político que el PRD ha pagado, y que tendrá que seguir pagando, es algo que ningún gobierno o partido debiera repetir, a no ser que se esté en disposición de pagar lo que está pagando el PRD.

Conociendo esa experiencia y su alto costo político parece que el gobierno y el PLD no están por cometer esos mismos errores. Para la elección de los miembros de la Junta Central Electoral el Senado, antes de tomar la decisión que le confiere la constitución vigente, ha desarrollado un proceso abierto de presentación de candidatos (as), evaluación y vistas públicas. Respecto a la reforma constitucional, ninguno de sus legisladores ha amenazado con presentar un anteproyecto de ley para que se haga cuando él lo estime conveniente, sino que es promovida por el propio Presidente de la República, aunque ha preferido una Consulta Popular en vez de la Asamblea Constituyente.

Algo que erosiona enormemente la credibilidad de un gobierno y de un Presidente de la República, no en su partido, pero sí en una parte de la ciudadanía con cada vez mayor influencia en la ganancia y pérdida de las elecciones, es la falta de coherencia entre lo que se predica y lo que finalmente se hace. La elección de los miembros de la JCE tiene que terminar acompañada de la legitimidad, credibilidad y confianza de las partes en el árbitro, tal como ha sido declarado. Por otro lado, si al final se descarta la Asamblea Constituyente para que de esta manera se haga la reforma constitucional, la Asamblea Revisora no debe desconocer los acuerdos adoptados en la Consulta Popular.

Si se hace lo contrario, al PLD le puede pasar lo que le pasa al PRD.