Me pregunto qué pasaría si utilizara las justificaciones que se han esgrimido en los casos de los fraudes bancarios la próxima vez que un oficial de la AMET me detenga en la calle por violar un semáforo o por manejar sin el cinturón de seguridad.

Podría decirle, por ejemplo, que no puede multarme, porque sus colegas de otras esquinas me vieron violar la ley y no hicieron nada. Por tanto, su sanción sería una inconsistencia, aún cuando sean ciertas y comprobables las faltas cometidas.

Si ese alegato no funcionara, haría entonces un gran escándalo, denunciando que muchos vehículos se cruzan en rojo y que hay muchos conductores que no se ponen el cinturón. No negaría que violé la ley, pero levantaría el dedo acusador, y cuestionaría los motivos del oficial para imponerme una multa. ¿Por qué castigarme precisamente a mí, cuando tantas personas rompen la ley? Una conspiración, sin dudas, de la que usted, señor agente, o es instrumento o forma parte.

Buscaría, en fin, otro culpable. Idealmente, un culpable político. Uno que esté ubicado en un lugar opuesto a la autoridad de turno. Así podría manipular al agente del orden y a cualquier otro oficial superior. Podría decirle mi propia versión de lo que le dijo la turba a Pilatos: – Si no nos entregas a Barrabás, entonces no eres amigo del César.

El escándalo que haría sería tan grande que paralizaría el tránsito. Y cualquier transeúnte que abra la boca para opinar o para quejarse del tapón me serviría para comprobar que en efecto hay una confabulación en mi contra. Lo sugestionaría, lo amenazaría, lo descalificaría. Embarraría todo y a todos. Cualquier cosa con tal de distraer la atención y convertirme en una víctima. Cualquier cosa, hasta el absurdo.

Pensándolo bien, la opción es extravagante y de dudosa efectividad. Habría que suponer estupidez en la autoridad pública para creer que pueda salirme con la mía con pretextos tan débiles. Y, al final, nada cambiaría el hecho incontrovertible de que violé la ley y de que debo ser sancionado.

Sin embargo, y por increíble que parezca, un camino muy parecido tomaron los defensores de los acusados en el caso de terrorismo financiero más importante del que se tenga memoria en este hemisferio y en la mitad del otro.

Ante lo insólito, surge el impulso de poner cada cosa en su sitio. Por un lado, es cierto que todas las personas que son acusadas de un delito tienen derecho a una defensa y a un juicio imparcial. Nada más legítimo. También es cierto que cada quien se defiende como puede.

Pero, por otro lado, hay límites. Al menos, debiera haberlos. Primero están los límites de lo lógico y lo razonable. La pretensión de convertir el fondo del caso en una discusión acerca de quién quebró el banco y de quiénes también violaron la ley es, por decir lo menos, pueril. Una defensa tan cara debería ser capaz de construir argumentos más sólidos.

Luego están otros límites. Los del decoro se atraviesan queriendo destruir alegremente bien ganadas reputaciones. Y los de la inteligencia se traspasan cuando se llega al extremo de cuestionar públicamente la lealtad de los funcionarios más prestigiosos del gobierno. Del propio gobierno de los abogados defensores, hay que añadir.

Y ahí comienza a ponerse difícil aquello de poner cada cosa en su puesto. Principalmente por el flagrante conflicto de interés que representa que el jefe de la defensa de un perseguido por el Estado pueda ponerse tranquilamente su sombrero de funcionario público de alto nivel, y compartir la mesa del Consejo de Gobierno con quienes reciben sus ensañados ataques.

No extraña que, con estas ruidosas señales cruzadas, exista desconfianza en el empeño real del gobierno por someter a quienes se demuestren responsables de los fraudes bancarios. Una administración tan preocupada por las formas debería poner más atención a esta situación. No debe olvidar que el conflicto de interés es un hecho objetivo y no una opinión. Y no debe olvidar que el responsable directo por estas contradicciones y por sus consecuencias no es otro que el jefe máximo.

Al Presidente Fernández, y a nadie más, toca volver a poner las cosas en el lugar que les corresponde y ahorrarle a su equipo económico esta innecesaria e inmerecida humillación. Y si necesitaba una excusa, ya la tiene, pues esta vez los señores defensores han ido más allá de cualquier límite.

Por alguna razón, las circunstancias del caso llevan mi pensamiento a Joseph McCarthy y su cacería de brujas. El senador McCarthy abusó y atropelló cuanto quiso, hasta que cometió el error de meterse con el Ejército de los Estados Unidos. El principio del fin le llegó en una famosa audiencia en la que el abogado del U.S. Army, Joseph Welch, lo puso en evidencia con una frase memorable pronunciada durante un agrio careo: – At long last, sir, have you left no sense of decency?

McCarthy encontró finalmente la horma de su zapato. ¿Habrán encontrado la suya los defensores de los imputados en el fraude bancario?

Como nota interesante, hay que decir que poco tiempo después de su intercambio con Welch, el senador McCarthy inició su marcha inexorable hacia el olvido. Fue puesto en su sitio.