Estos son los hechos. Desde el inicio mismo de su gestión, el Presidente de la República ha estado enviando al Congreso Nacional un grupo de contratos que comprometen al Estado a diversas obligaciones frente a entidades privadas. Contratos de heterogénea factura y diverso contenido que tienen en común que llegaron al Congreso con la recomendación y el aval de la Presidencia, y que – por decir lo menos – no aparentan soportar un análisis técnico elemental.

Léase bien. Es el Poder Ejecutivo el que ha escogido, libremente y suponemos que a sabiendas, empujar entre los legisladores estos proyectos. Esos son los hechos. Lo demás son anécdotas.

Esto quiere decir que el Presidente y el Congreso son igualmente responsables de los desatinos – o de las glorias, si las hubiere – de estos acuerdos convertidos en ley. La aclaración es pertinente porque, tal vez por aquello de criar fama y echarse a dormir, se quiere endilgar al Poder Legislativo la totalidad de la responsabilidad por estos contratos.

Pero el caso es que sólo el Presidente puede presentar al Congreso contratos que obliguen al Estado frente a particulares. Y en cada uno, la estrategia de la Presidencia ha sido tan variada como la naturaleza de los susodichos contratos.

En el caso del metro, que no se trataba de una concesión ni un contrato con una empresa privada, la táctica empleada fue la de aplicar la aplanadora de la voluntad política de la Presidencia. No hubo otra salida después de que las intentonas de convencer a la opinión pública explotaron en la cara de sus representantes. Al parecer, no contaron con que los debates auspiciados pondrían en evidencia la inviabilidad de la idea de forma muy contundente.

Nos imaginamos que ésta debió ser una experiencia valiosa para ellos, ya que no han vuelto a cometer el mismo error. Al menos, no exactamente. La isla artificial, por ejemplo, fue rechazada casi a unanimidad por la ciudadanía. Pero en este caso, en vez de imponerlo a sangre y fuego, los estrategas del Gobierno Central decidieron apostar al olvido y esperar una ocasión más propicia para reintroducirlo al Congreso, esta vez subrepticiamente. El hecho de que – a pesar del abandono del proyecto proclamado en los medios – el contrato no haya sido retirado del Congreso no deja lugar a dudas del compromiso del Presidente de la República con los promotores de semejante adefesio.

A esas alturas, ya el aprendizaje estaba bastante avanzadito. La transparencia y la divulgación de los detalles de los proyectos solamente son buenas cuando se está en la oposición. Los demás entuertos habría que hacerlos a lo oscuro y con el método del hecho consumado.

Así lo demuestran los últimos contratos, que han salido a la luz pública sólo cuando su implantación está completa o muy avanzada. El caso del contrato de adquisición de equipos para la Policía Nacional sólo fue conocido unos pocos días antes de ser conocido en la Cámara de Diputados. Cuando todos pusimos, con razón, el grito en el cielo denunciando la falta de transparencia y exigiendo al Gobierno apego a su propio discurso, de inmediato se alzaron voces oficiales que anunciaban que el contrato no se ejecutará. De manera excesivamente conveniente, empero, esto sólo ocurrió después de que el contrato fue aprobado a la carrera por ambas cámaras. Dejá vú. Con lo de isla, quiero decir.

El hecho de que el Presidente de la República aceptara una dádiva millonaria de los reconocidos promotores de este contrato grado a grado sólo añade suspicacia al evento. No precisamente una práctica de buen gobierno. Irónico que la fundación presidencial, receptora del interesado obsequio, pretenda ser el templo de la gobernabilidad democrática.

Con la concesión de la administración y titulación de Bienes Nacionales tampoco están claras las cosas. Sorprende que un contrato tan importante se haya estado ejecutando a escondidas. Su tránsito por el Congreso ni se sintió. Pasó en plantillas de medias, y cuando lo hizo ya estaba en ejecución por muchos meses. ¿Por qué el sigilo? ¿A qué se debe tanto misterio? Con tanta oscuridad, cualquier explicación tendría que ser muy buena para convencer de que no hay algo turbio en el asunto.

No sé lo que es más patético de todo esto. No sé si será la impresión de que a nadie en el Gobierno le importa la acelerada pérdida de credibilidad que traen estos escándalos; o si será la apariencia de que la fiesta seguirá con otros contratos que están esperando su turno en el Congreso.

Tal vez no es ni lo uno ni lo otro. Quizá lo más terrible sea el insulto a la inteligencia que representa esta charada barata, mal pensada y peor montada. ¿Cómo pretenden que les creamos lo que dicen ahora, o que les volvamos a creer cualquier otra cosa que digan en el futuro?

¿Se rompió algo entre el oficialismo y el resto de la sociedad? ¿Mantendrá el Presidente Fernández su credibilidad si no le da el frente con decisión a estos escándalos? Tiene varias oportunidades en bandeja de plata para enviar señales claras de su compromiso con la famosa transparencia y el manoseado buen gobierno.

Para mí, por lo pronto, es ahora o nunca. Ya me cansé de esperar.