Debemos reconocer que en materia fiscal las sucesivas “reformas fiscales” que en pocos años hemos padecido, los argumentos para justificarlas y las decisiones que finalmente se imponen, han permitido que el pueblo dominicano haya aprendido suficiente del arte gubernamental de incrementar los ingresos sin una contrapartida en la calidad del gasto. Recientemente ese caro aprendizaje ha aumentado por el aporte, bastante innovativo, en términos semánticos. Sabemos, aunque es lo que nunca se hace, que una “reforma fiscal” tiene una integralidad que comprende ingresos estimados necesarios y la calidad del gasto a los que éstos se orientarán. Pero la reforma fiscal es siempre descartada para quedarnos en un simple “ajuste tributario” mediante el cual el gobierno obtiene un incremento en los ingresos, vía nuevos impuestos o ampliación de los existentes, para destinarlos exclusivamente al pago de deudas, subsidios y déficit, sin aumentar la inversión social. Ahora se nos quiere vender la idea de un nuevo “ajuste” con el ropaje de una “rectificación fiscal”.

El diccionario de la Real Academia nos ilustra sobre lo que debemos entender por rectificar y, de paso, lo que nos vendrá con la llamada “rectificación fiscal”. Veamos.

Rectificar, según el instrumento normativo de nuestro idioma, puede significar: a) reducir una cosa a la exactitud que debe tener; b) contradecir a otro en lo que ha dicho por considerarlo erróneo; c) modificar la propia opinión que se expuso antes y c) enmendar uno sus actos o su proceder. Conforme a lo anterior, debemos esperar que con la “rectificación fiscal” se nos quiera convencer de que como con el ajuste anterior no se obtuvieron los ingresos esperados, es necesario realizar un nuevo ajuste para lograrlos y, si es posible, en una cantidad mayor que lo estrictamente necesario. Es decir, corregir lo mal que se hizo, haciendo de nuevo lo mismo: incremento de los ingresos, vía impuestos, para pagar deudas, cubrir déficit y subsidios, sin aumentar la inversión social.

Si rectificar es modificar la propia opinión y enmendar lo mal que se hizo antes, la “rectificación fiscal” debiera ser la oportunidad para hacer una verdadera reforma fiscal y no quedarse, como siempre se ha hecho, en un “ajuste tributario”.

Este nuevo sacrificio que se le impone al pueblo, donde los que menos tienen son los que terminan pagando más, no debe centrarse sólo en la necesidad de más ingresos sino en lo que se deben gastar e invertir. Los compromisos fundamentales del Estado no son el pago de deudas, cubrir déficit y mantener subsidios, que benefician más a lo que menos lo necesitan, sino proporcionar una vida digna a todos los ciudadanos y ciudadanas, invirtiendo en el desarrollo humano.

Los recursos que se necesitan, por los cuales se trata de justificar cada ajuste tributario, aunque se presente en una antigua o nueva terminología, nunca son los que se precisan para ser invertidos en el desarrollo humano, que asegure a la ciudadanía el bienestar y una vida digna y al país la competitividad considerada como imprescindible en un mundo globalizado y competitivo. Cada gobierno da la pelea por los ingresos necesarios para aumentar el gasto, no para pagar la deuda social vía el incremento de la inversión.

Se justifica la escasa inversión que se hace en educación (1.9%) y en salud (1.2%) del PIB por la crisis económica que se heredó, el pago de una enorme deuda pública, la necesidad de cubrir déficit y de mantener subsidios considerados necesarios, pero surgen nuevas prioridades para las que aparecen los recursos que no se hacen presentes para las ya declaradas prioridades nacionales y cuando se produce algún excedente, no se invierte en educación y salud. El mensaje es que nunca hay recursos que puedan ser invertidos en estas prioridades en los montos necesarios y comprometidos, aún en leyes que no han sido derogadas.

La “rectificación fiscal” se nos presenta como exigencia del Fondo Monetario Internacional para evadir responsabilidades y tratar de que el costo político sea menor. Pero cuando el Presidente de la República anunciaba en Washington, al salir de una reunión con el Director y Gerente General del organismo, dando la impresión de que fuera una imposición comunicada en esa reunión, en una conferencia ante la Cámara Americana de Comercio, el Superintendente de Bancos anunciaba ya su contenido, evidenciando que la decisión ya se había tomado y su contenido definido.

Es evidente que muchas de las decisiones que deben tomar los administradores del Estado son “inducidas” a través de “condicionalidades” para la asistencia técnica y financiera. Algunas, no obstante, han sido positivas. En el caso concreto de la “rectificación fiscal” ¿porqué el FMI “solicita” el incremento de los ingresos y no “solicita” también que una parte significativa de este incremento se destine a aumentar la inversión social en los renglones que aseguran el desarrollo humano? ¿Por qué entender que lo segundo sería una ingerencia pero no lo primero?