Es una quimera. Pretender que los procesos sean transparentes sin que exista vigilancia es, por decir lo menos, ingenuo. Es cierto que el primer paso para alcanzar un grado aceptable de transparencia es ajustar el diseño del proceso mismo para que sea más confiable y existan menos oportunidades para que se corrompa. Pero no es lo único que debe hacerse.

Veamos el proceso de las elecciones en la República Dominicana, por ejemplo. Si analizamos cómo han ido cambiando los procedimientos y los controles de las elecciones, hay que convenir en que ciertamente la mejora es dramática.

El padrón electoral es mucho más confiable y lo suficientemente abierto como para que cualquier alteración pueda ser detectada. Los procesos de votación y conteo en los colegios electorales son transparentes y sin oportunidad para variar la voluntad de los que votaron. Y el conteo a partir de las actas generadas en los colegios electorales – copias de las cuales son entregadas a los actores del proceso en físico y en formato digital – deja muy poco espacio para malos manejos.

Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan hacerse trampas. Ni que el proceso no deba ser observado de inicio a fin por entidades independientes. Todo lo contrario. Las mejoras procesales concretas deben unirse a la observación crítica permanente para llevar la confiabilidad del resultado al nivel correcto.

De hecho, estas mejoras “duras” del proceso – que eliminan dudas en puntos específicos del mismo – han servido para que la observación se haga más efectiva. De dos maneras. La primera es que permiten concentrar la observación en los puntos débiles del proceso. La segunda es que, por su diseño, proveen información que permite detectar casi cualquier práctica dudosa o mal intencionada.

Esto quiere decir que no es posible garantizar que no se intentará hacer fraude; pero es muy difícil que el mismo no se detecte ni sea observado. Si es cierto que no existe control sobre el comportamiento de los actores principales – partidos políticos y representantes del tribunal electoral – no es menos cierto que quien se atreva a alterar el proceso tiene altas probabilidades de ser sorprendido in fraganti, lo que da oportunidad para la sanción o, al menos, para someter al trasgresor al juicio de la opinión pública.

Hablemos de casos concretos. Hablemos, por ejemplo, del caso de la provincia de Pedernales para las próximas elecciones congresuales y municipales. Se ha denunciado un movimiento irregular y sospechoso en el padrón de votantes de esa provincia.

En efecto, una mirada a la base de datos – que está disponible para todos los actores del proceso – indica un comportamiento claramente anómalo: 3,496 electores de un total de 16,808 se movieron de otros municipios hacia Pedernales entre el 2004 y el 2006. Esto representa un 20.8% del total de la población electoral, porcentaje más de diez veces superior del promedio de movimientos intermunicipales en el padrón a nivel nacional, que es de apenas un 1.76%.

Definitivamente, algo sucede en Pedernales que debe ser explicado. Y lo interesante es que puede ser explicado, gracias a las mejoras del proceso. Los nombres y generales de todas y cada una de las personas que se cambiaron – o fueron cambiadas – de municipio están disponibles en la base de datos, por lo que es muy fácil hacer un muestreo para investigar la naturaleza del cambio. Al momento de escribir estas líneas, ya Participación Ciudadana ha movilizado a sus técnicos y voluntarios para hacer la investigación y arrojar luz sobre el asunto, para desgracia potencial de quien esté detrás de ello.

Lo mismo puede y debe hacerse para cualquier municipio o provincia cuyo padrón presente variaciones sospechosas.

El otro ejemplo de debilidad concreta del proceso electoral es tan penoso como innegable. Se trata del accionar de la Junta Central Electoral, el cual deja al descubierto claras deficiencias en cuanto a su capacidad de gestión; así como debilidad de carácter para imponer, como supone hacer, su criterio de árbitro de forma inequívoca.

Sobre este punto, sólo queda apoyar, acompañar y vigilar; según el caso. Lo importante es que el apoyo, la compañía y la vigilancia se provean dentro de un marco de respeto absoluto por la institucionalidad; sin que se pretenda suplantar la autoridad del tribunal electoral ni que se violenten los papeles que les toca jugar a todos los envueltos en el proceso. Especialmente el rol de la vigilancia, que debe ser intensa, permanente e independiente.

Está claro. La transparencia sin vigilancia es una falacia. No es muy buena rima, pero sí una verdad irrefutable. Por eso hay que observar. Mucho. Y siempre.