El decreto 63-06, que regula las Contrataciones Públicas de Obras, Bienes, Servicios y Concesiones, emitido por el Poder Ejecutivo el 23 de febrero del presente año, fue un paso de avance en la lucha por lograr mayores niveles de transparencia en las acciones gubernamentales.

Este decreto debió entrar en vigencia el primero de este mes.

Sin embargo, hay retrasos e incumplimientos que ponen en dudas la voluntad de los funcionarios públicos para lograr prevenir los actos de corrupción administrativa.

Recordemos que según uno de los considerandos, este decreto tiene como objetivo “la modernización del sistema de contrataciones públicas, en aras de hacerlo cada vez más justo y participativo, promoviendo la libre competencia entre los suplidores del Estado, garantizando igualdad de oportunidades a oferentes y estableciendo mecanismos de transparencia y de responsabilidad de los funcionarios”.

A pesar de la trascendencia del decreto la mayoría de las instituciones del Estado no han producido las acciones que se esperan y la creación de capacidades para que el sistema de compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones pueda funcionar de acuerdo a los criterios de transparencia con los cuales se comprometió el presidente de la República a la hora de promulgar el decreto.

No se han diseñado la estructura y la organización de las Direcciones Administrativas y Financieras, ni se han elaborado sus manuales de funciones, no se sabe qué pasa con el Sistema de Compras y Contrataciones y el muy importante Portal de Compras del Gobierno.

Ni siquiera se ha capacitado al personal de las Direcciones Administrativas y Financieras en el uso del Sistema Integrado de Gestión Financiera del Gobierno Central, todo esto está previsto en los artículos 88, 89 y 90.

En la última reunión de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción a la que asistí, me enteré que esas actividades tienen un retrazo en su ejecución, lo cual implica el no cumplimiento de lo establecido en la disposición Presidencial.

La no aplicación del decreto es un revés en la lucha contra la corrupción. La mayoría de las entidades públicas ni siquiera han cumplido la creación de los Comités de Licitaciones previstos en el decreto.

Dije la mayoría porque hay casos como la Procuraduría que es una de las pocas instituciones que ha tratado de dar cumplimiento a este decreto

La Comisión de Aprovisionamiento no ha confeccionado el Registro Nacional de proveedores, consultores, contratistas y concesionarios, para uso de todas las instituciones.

Pero, es claro que ese hecho no debe ser un pretexto para el no cumplimiento del decreto, ya que el mismo prevee que a falta de este registro las instituciones deberán invitar a cotizar a por lo menos 10 personas naturales o jurídicas, elemento este que no se esta cumpliendo en la mayoría de las entidades.

De todas maneras, los funcionarios deben recordar que uno de los artículos del decreto sostiene que quienes no cumplan con el decreto serán separados de sus cargos, demanda que haremos ante la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción.