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Carlos Pimentel | 22 de Enero del 2013
¿Aliados o Enemigos? Del Gobierno Abierto

Para democratizar la democracia… “El Gobierno Abierto es una plataforma de gestión de la transparencia gubernamental, que penetra el muro de la opacidad de la administración pública y desafía la conciencia ciudadana”.

 

El grado de penetración de la corrupción en el país trasciende lo meramente coyuntural y por el contrario, la incidencia de la corrupción es sistémica y estructural e  involucra a los distintos sectores y actores de la vida nacional estando presente por décadas. Una vez que la corrupción se hace sistémica “la probabilidad de detección y sanción disminuye y se crean incentivos para que la misma siga aumentando en las instituciones” por lo que se incumplen las reglas y normas de comportamientos, ya que se han adaptado a un modus  operandi corrupto y los funcionarios y otros agentes suelen seguir el ejemplo de sus superiores o incluso recibir instrucciones de éstos.

 

Por eso, la República Dominicana sigue apareciendo entre los países con profundos niveles de corrupción, de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción-IPC 2012, el año pasado el país ocupó el lugar 118, con una puntuación de 32 puntos en una escala del 0 al 100; esto significa que seguimos en la categoría de los países que son percibidos con altos niveles de corrupción.

 

Para enfrentar el fenómeno el Estado Dominicano ha realizado varias reformas normativas que pueden servir instrumento legal para el seguimiento al manejo transparente y la participación de la ciudadanía en el control social de la gestión pública. En este sentido, se destacan la proclamación de una nueva Constitución, la promulgación de la Ley No.340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No 200-04, la Ley de Función Pública, NO 41-08, entre otras, las cuales  instituyen mecanismos de participación de la sociedad civil.

 

No obstante los bajos niveles de implementación y cumplimiento de estas legislaciones por parte de las entidades del Estado, es lamentable, lo que ha generado la desconfianza y la ausencia de una real voluntad política para transformar el Estado, democratizar la democracia y dar pasos de apertura de una “democracia representativa” a una democracia participativa.

 

Las organizaciones de la sociedad civil como actores-promotores de un gobierno abierto han trabajado durante años para que se cumplan las disposiciones legales y se logre una mejor inversión de los recursos del Estado, de manera particular para que se aborden sistemáticamente los postulados y principios de la administración pública abierta, que establece la primacía del interés general del  Estado por encima de los intereses particulares, sean estos personales, grupales o partidarios.

 

En este contexto se impulsa la Alianza de Gobierno Abierto como iniciativa que busca  la adopción de políticas públicas que promuevan mejoras en los Estados, en el ámbito de la promoción de la transparencia, la participación de la ciudadanía y la rendición de cuentas, proceso que encontrará siempre dificultades y obstáculos en sociedades cerradas como la nuestra, con altos niveles de corrupción, caracterizada por el autoritarismo y el  caudillismo, convirtiéndose en un muro de contención para los avances de una proceso donde el gobierno y sus agentes dialoguen con la ciudadanía y tomen decisiones colectivas y en colaboración.

 

De acuerdo al autor Enrique Cusba quien describe la colaboración como “elemento fundamental en la implementación del Gobierno Abierto, porque la colaboración es vital como forma de práctica participativa, como un cambio en la forma en que se gestionan los intereses públicos, ya no sólo se hacen cosas entre las instituciones públicas, ahora se hace un llamado a los ciudadanos/as a compartir lo que saben y a generar soluciones en las áreas donde tienen conocimientos”.

 

Este tipo de colaboración tiene como eje básico la innovación, permitiendo la integración de otros actores de diversos sectores y sólo es posible con los datos abiertos, para promover una nueva cultura de participacion.

 

Quienes, de alguna manera, están compenetrados con la cultura caudillezca, tienen sobradas razones para no entender, obstaculizar e impedir procesos, donde el pueblo en quien reside y emanan todos los poderes, se legitiman en el ejercicio de una representación directa.

 

Una muestra indiscutible de los desafíos que se presentan para la adopción en la práctica de una Iniciativa de Gobierno Abierto, lo representa los bajos estándares en el cumplimiento y respecto del Derecho a la Informacion Pública. Una muestra reciente de esta afirmación lo constituye los resultados del 6to Informe de Monitoreo de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, donde se indican  retrocesos y dificultades. Un poco más ocho (8) años de adopción de la referida normativa, muestra que la instalación de las prácticas  institucionales en la gestión gubernamental no se deriva simplemente de nueva legislación, un plan, una política o una iniciativa, más bien esto amerita de una amplia vocación de los poderes públicos y de la ciudadanía.

 

En ese sentido es insuficiente que una ley que autorice el acceso a la información pública, es que introduzca un cambio de valores, de la cultura organizacional y de la política de los actores gubernamentales además de una voluntad política real. Situación inviable en países como el nuestro con un sistema político caracterizado por presidencialista, caudillezco, clientelista, rentista y patrimonialista; pero es demasiado obvio que el poder político no está dispuesto a renunciar a estos privilegios que les reporta tantas ventajas inmediatas, aunque resulte tan cuestionable como nocivo.

 

Además en el orden operativo, práctico y de gestión de la Ley de Acceso a la Información que en la actualidad existen en nuestro país, no previó, ni creó un  órganos independientes dedicado especialmente al control, vigilancia y promoción de la ley, hecho que desde nuestro punto de vista  está ocasionando dificultades y lentitudes en la implementación de dicha norma, sumado esto a actitudes dictatoriales y de fomento de la opacidad de algunos funcionarios públicos.

 

No podemos aceptar el hecho de la creación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental como órgano rector en varias materias, incluyendo el acceso a la información, y que esto pueda subsanar la ausencia de un verdadero e independiente órgano rector como lo demanda la sociedad.

 

Este órgano independiente con funciones claras y amplias competencias para todos los sujetos obligados y que están en el ámbito de la Ley 200-04 (Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Partidos Políticos, Ayuntamientos y Organizaciones de la Sociedad Civil) que manejan fondos públicos  garantizaría el acceso a través de procedimientos sencillos y expeditos, también mejoraría la clasificación, el manejo de documentos y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados; así como transparentar la gestión pública mediante la difusión de información y la rendición de cuentas como único mecanismo para promover la participación de calidad de la ciudadana y acercarnos a una política de Gobierno Abierto.

 

De lo que se trata es de convertir este tema en una demanda social, en una preocupación nacional de la sociedad dominicana, para que en breve tiempo la Administración Pública dé un salto de calidad y permanencia. ¡Hacer lo que nunca se ha Hecho!

 

No obstante, lo importante no es modernizar la Ley, y ponerla a tono con las innovaciones que demandan los nuevos tiempos, siendo la primera y principal razón el cambio de actitud y de percepción del poder político, que reconozca la necesidad de abandonar y sustituir un régimen clientelar, empírico y anacrónico, por otro más avanzado, con mecanismos idóneos y suficientes para corregir los grandes males, atajar la corrupción, racionalizar los recursos y emprender una profilaxis que impulse la función pública a la eficiencia y los cambios que demanda la nación para su desarrollo y viabilidad del Gobierno Abierto.

 

¿Quiénes se oponen a la transparencia? ¿Quiénes niegan la colaboración? ¿Quiénes obstruyen la participación? ¿Quienes incumplen las normativas? ¿Quiénes no informan y ocultan información? ¿Quiénes bloquean los procesos democráticos? Esos son los verdaderos enemigos del Gobierno Abierto y la democracia.

Impresora



 

 
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