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El fraude en el Banco
Mercantil
Durante los años 2002 y
2003 y antes de la adquisición de la mayoría de sus acciones por parte
del Republic Bank Limited, de Trinidad y Tobago (el 8 de octubre del
2003), el Banco Mercantil S.A. experimentaba serios problemas de
iliquidez, los cuales fueron solventados con facilidades y recursos en
adelantos y redecuentos del Banco Central de la República Dominicana.
Esos adelantos y
redescuentos ascendieron a la suma de unos SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES
DE PESOS (RD$6,500.000.000.00), los que fueron otorgados, entre otras
razones, por el aporte que significa dicha asistencia económica a la
estabilidad del sistema bancario y financiero del país.
Sin embargo, una parte
importante de dichos recursos fue empleada por los principales ex
ejecutivos y ex directivos en su provecho personal y para generar
facilidades adicionales, obtenidas dolosamente, a las anteriormente
recibidas por ellos y por muchos de sus vinculados.
De acuerdo con la
auditoría forense realizada por la firma Duarte y Asociados, S.A. y
concluida el 24 de marzo de 2004, el Banco Mercantil fue administrado por
un núcleo de empresas vinculadas entre sí por sus familiares que a su vez
pertenecían al consejo de administración del banco y que estaban
emparentados con su anterior principal ejecutivo, que lo era el
presidente ejecutivo del mismo, Andrés Alejandro Aybar Báez. Con
la anuencia del ex presidente del Consejo de Directores, Eduardo Jacinto
Alejandro de Castro Sánchez, quien a través de su grupo de empresas, se
benefició de manera extraordinaria mediante tasas activas y pasivas
privilegiadas y muy lejanas a las del mercado, entre otras facilidades
irregulares y fraudulentas, fueron creadas alrededor de 12 “empresas” con
la finalidad de obviar la supervisión de las autoridades monetarias y
financieras y ejecutar operaciones fraudulentas fuera de libros, a través
de mecanismos diversos, tales como:
1) Dar por existentes
empresas ficticias o mejor aun, empresas sin acta de nacimiento a la vida
legal o personalidad jurídica, que sólo funcionaban como cuentas para
realizar operaciones de desvío fraudulento de valores para favorecer a
sus ex ejecutivos y ex directivos.
2) Constituir
empresas formales con vínculos innegables con el banco y sus empresas
afiliadas, pues todos los miembros del Consejo de Directores de las
mismas eran los del Banco Mercantil, S.A., compartían las operaciones del
activo y el pasivo del banco, así como las instalaciones, personal, red
telefónica y emblemas y signos distintivos del banco.
3) Fundar una
empresa offshore, constituida en Panamá, que al igual que las que
se describen en el número anterior compartían todo su activo y pasivo con
el Banco Mercantil, S.A., así como el personal, instalaciones, etc.,
realizando sus operaciones principalmente en dólares de los Estados
Unidos de América.
Como consecuencia, los
abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, en nombre de
la Autoridad Monetaria y Financiera, presentaron una querella con
constitución en parte civil en contra de seis ex ejecutivos y directivos
del Banco Mercantil, a quienes acusan de haber dispuesto ilegamente de
6,500 millones de pesos.
La querella, presentada por
los abogados Ramón Pina Acevedo, Artagnán Pérez Méndez, Carlos Salcedo,
Jorge Luis Polanco y José Lorenzo Fermín, acusa a los ex ejecutivos del
Banco Mercantil de la comisión de delitos de falsedad en escritura
pública, falsedad de documentos de comercio y de banco, uso de documentos
falsos, estafa calificada, abuso de confianza calificado, y alteración y
manipulación de datos y documentos.
La documentación presentada
por los representantes de los intereses del Estado demuestra que la
falsificación y manipulación irregular de documentos se hizo con la
intención de desviar la fiscalización e investigación de las autoridades
monetarias y financieras y para elaborar y aprobar balances de Estados
Financieros adulterados o falsos.
Las irregularidades
cometidas buscaban ocultar operaciones fraudulentas en el Banco
Mercantil, delito previsto y sancionado por la Ley 183-02 del 21 de
noviembre del 2002, que regula las operaciones monetarias y financieras
del país.
Los acusados por las
autoridades son los señores Andrés Alejandro Aybar Báez, quien se
desempeñaba como presidente desde el 1 de abril de 1989 hasta el 4 de
agosto del 2003, y los ex ejecutivos Evelyn Altagracia Pérez Montandón,
quien fue vicepresidenta de administración y finanzas; Eduardo Jacinto
Alejandro de Castro Sánchez, quien era presidente del Consejo de
Directores. También figura como acusado Ramón Aref Henríquez Risk, quien
se desempeñaba como vicepresidente de Operaciones y Tecnología.
Los demás acusados son José
Manuel Mateo Contreras, vicepresidente de Auditoria y Seguridad; y Rafael
Maximiliano Moya Hernández, vicepresidente de Control Financiero.
Además de las violaciones a
la Ley Monetaria y Financiera, los ex ejecutivos bancarios son acusados
de violar el Código Penal en sus artículos 147, 148, 405 (modificado por
la Ley No. 5224 del 29 de septiembre de 1959) y el artículo 408
(modificado por la Ley No. 461 del 17 de mayo de 1941). La querella
sostiene que, valiéndose de acciones ilegales, los ex ejecutivos del
Mercantil desviaron 6,500 millones de pesos.
Los ex ejecutivos del
Mercantil establecieron un proceso en la referida institución bancaria
mediante el cual se extraían fondos fuera de los libros del Banco, con la
finalidad de obtener a su favor y de otros ex ejecutivos de la
institución, de manera fraudulenta, una serie de beneficios y facilidades
personales adicionales a los que tenían derecho y a los que figuraban en
los libros y cuentas que eran presentados a las autoridades encargadas de
la supervisión de la actividad y operaciones del sistema financiero
nacional.
Mediante la creación
real, en pocos casos, y ficticia en casi todos, los ex principales
ejecutivos y directivos del Banco Mercantil, S.A. generaron una serie de
“empresas” que emitían cheques con firmas de personas
inexistentes, beneficiarios ficticios y endosantes y endosos inexistentes
e irregulares, todo ello con el deliberado y fraudulento propósito de:
-
Trasegar o producir
desvíos fraudulentos de recursos del Banco Mercantil, S.A. para
favorecer a sus más altos ex directivos y ex ejecutivos, mediante
nóminas fuera de libro y otros beneficios, tales como bonos especiales,
compra de vehículos de lujo, entre otros;
-
burlar la supervisión
bancaria y el alcance del control de las autoridades monetarias y
financieras;
-
sustraerse a las
regulaciones y normas dictadas por la autoridad monetaria y financiera,
específicamente sin que sea esto limitativo, a las relativas al encaje
legal, haciendo que las operaciones por esa parte fueran más rentables;
-
evadir impuestos;
-
favorecer con
“préstamos” y créditos, en su gran mayoría, sin respaldo o garantía
alguna y sin retorno, a sus ex directivos y principales ex ejecutivos.
En
sus investigaciones, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos
hallaron que las instrucciones relativas a la
operación de dichas cuentas se encuentran en el Memorándum referido
precedentemente, del 21 de octubre de 1997 y que cuenta con las firmas
del pasado presidente del Banco Mercantil, S.A., Andrés Alejandro
Aybar Baéz y tres vicepresidentes del mismo, Juan R. Oller, Evelyn
Altagracia Pérez Montandón y Juan Reyes M.
El Memorándum ordena de
manera formal y expresa a los segundos vicepresidentes a ejecutar las
operaciones bajo nombres ficticios, con la advertencia expresa de que
bajo ninguna circunstancia se deben entregar informaciones escritas a los
clientes.
El
21 de octubre de 1997 la entonces ejecutiva del Mercantil, Evelyn
Altagracia Pérez Montandón, solicitó al Comité Ejecutivo del Banco
autorización para diversas cuentas de Servivalores S.A, bajo la
responsabilidad respectiva de Maribel Alvarez, Rafael Maximiliano Moya
Hernández y Mirtha Salazar.
Estas cuentas se abrieron
para ser “afectadas” mediante cheques, de forma que las personas que
firmaban eran nombres de personas ficticias.
De acuerdo el Memorándum
citado, Rafael de Moya era responsable de una cuenta con el nombre
ficticio de Angel D. Camacho; Maribel Alvarez manejaba otra con el nombre
falso de Cinthia Estepan; Mirtha Salazar se encargaba de otra cuenta con
el nombre falso o ficticio de Ivelisse Nin.
El instructivo interno
del Banco Mercantil disponía que las operaciones en dólares fuesen
manejadas a través de la cuenta Valmer, y que los beneficios
producidos por la misma fueran transferidos a las cuentas Prinsa
Comercial o Roi Consulting. Con estos beneficios Prinsa Comercial
o Roi Consulting podían adquirir carteras del banco, las que se
convertían en activos improductivos, pues al final de cada año se usaban
para sanear las finanzas del banco y crear beneficios ficticios o lo que
es lo mismo beneficios inexistentes, que eran empleados para justificar
el pago de grandes sumas de dinero por concepto de salarios exagerados,
doble nóminas, en pesos y en dólares, bonos, vehículos de lujo y una
variada gama de beneficios a favor de los principales ex ejecutivos del
banco.
Las numerosas cuentas referidas eran fraudulentamente
engrosadas con depósitos de certificados de clientes del Banco.
Sólo la cuenta servinvest manejó operaciones en el
año 2003 ascendentes a la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS (RD$3,000,000,000.00)
y la misma cuenta manejó en el año 2001 valores que suman TRES MIL
CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS (RD$3,129,000,000.00).
Al mismo tiempo, a la
cuenta de “Prinsa Comercial”, se les extraían los fondos
observando el protocolo que a continuación se precisa:
1º.
Emitiendo cheques a nombre de personas inexistentes.
2º.
Mediante cheques firmados por altos ex ejecutivos del Banco con otros
nombres. Durante las investigaciones, los ex ejecutivos declararon ante
un notario que firmaban los cheques y las cuentas con nombres ficticios,
que los endosos eran realizados de igual manera y que las sumas cobradas
venían a satisfacer las necesidades creadas para favorecer fuera de los
libros a los principales ex ejecutivos y directivos del Banco.
3º.
Endosando los cheques simultáneamente, a nombre de beneficiarios
ficticios, con cédulas ficticias en los casos en los que se hacía
constar, no habiéndose encontrado en los registros de la Junta Central
Electoral ninguno de los números de cédulas de identidad y electoral
indicados al dorso de los cheques a nombre de los supuestos
beneficiarios, en los casos en que los mismos eran indicados.
Fraude en las
transacciones y cambio de dólares
En el manual de
procedimiento para el pago de pesos por el canje de dólares de sucursales
o agencias, se establecía que “los cheques recibidos para el pago de
operaciones deben ser remitidos a favor de una tercera persona. Estos se
desviaban al Mercado de Divisas o se depositaban como cheque directamente
a la cuenta de Servivalores (empresa que entonces operaba el grupo
Mercantil), previa conversación con el Mercado de Divisas. Los cheques
debían ser endosados sin el nombre o número de cuenta de Servivalores, y
sellado por el cajero como pagado por caja”.
En uno de los párrafos
finales del procedimiento de operaciones en dólares se ordenaba que para
las operaciones en dólares hechas “fuera del sistema”, se “establecerá un
mínimo de US$10,000.00 tanto para la compra como para la venta”, y que
“las transacciones inferiores a este monto se tramitarán a través de la
División Internacional (Ventanilla)”.
Pero, se ordenaba que se
mantenga “la disposición de no entregar ningún tipo de evidencia física a
los clientes que realicen este tipo de transacciones”. Asimismo, se
ordena que los cheques en dólares que sean comprados a los clientes del
Banco Mercantil debían ser “emitidos a favor de Mercantil Transacciones o
a nombre del mismo cliente y endosado”, y “no podrán recibirse cheques a
favor del Banco Mercantil”.
Cuentas y empresas
fantasmas
Otras de las pruebas de
fraude presentada por los abogados de la Autoridad Monetaria y Financiera
es que los ex ejecutivos del Mercantil crearon empresas y cuentas para
producir desvíos fraudulentos de recursos, mediante la falsificación de
cheques y otras artimañas.
Entre las “empresas”
creadas para estos fines (que nunca cumplieron con los requisitos legales
de constitución) están Servivalores S.A., Adminvest, y SAT, S.A.
Asimismo, las cuentas
Valmer, Prinsa Comercial o Roi Consulting, Asesores y Consultores, Micro
G Consulting y Alco Solutions, todas sin ningún soporte jurídico ni de
las normas establecidas en el sistema financiero nacional.
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