Si la Junta Central Electoral anterior nació con el pecado original, la actual nació con una herencia envenenada.  Aclarar todo lo referente al contrato SOMO-JCE parece ser la primera prueba de fuego para el renovado tribunal electoral, que tiene que demostrar que puede funcionar con un mínimo de credibilidad.  En efecto, se trata de una papa caliente no solicitada para una Junta que es nueva.

O mejor dicho, para una Junta que es casi totalmente nueva.  La aclaración es pertinente porque, de los miembros que conformaron la JCE anterior, sólo uno repite. 

Este hecho hace que sea mucho más importante, y mucho más delicado, que los representantes del tribunal electoral hagan lo necesario para que todo, absolutamente todo, lo relativo al cuestionado contrato se aclare.  Que hagan lo necesario para demostrar que su compromiso – más que con las gestiones del pasado – es con la institucionalidad del organismo, con la transparencia y con el buen gobierno.  Desde luego, ese camino pasa por aclarar todo de manera convincente, independiente y definitiva.

De otra forma – esto es, si esta aclaración no llegara, o fuera incompleta o insatisfactoria – estaría comenzando mal la Junta.  Y esto sería muy lamentable.  Ya de por sí el camino de toda JCE es difícil, como para además transitarlo con mellas en la credibilidad.

No hay que olvidar que la credibilidad es el activo esencial de la Junta.  Sin ella es imposible que pueda cumplir su función.  Por ende, cualquier esfuerzo dirigido a construirla y preservarla es de máxima prioridad.  Esa es la tarea que toca acometer ahora a los miembros del pleno de la Junta, especialmente a su presidente.  Construir y preservar credibilidad.    

En este contexto, no ayuda a crear un ambiente de tranquilidad el que recientemente el pleno cancelara al secretario de ese organismo.  No conocemos las razones, que deberían ser muy graves, para una decisión tan drástica.  Suponemos que las habrá.  Pero el pleno de la Junta debe cuidarse de no enviar un mensaje de que en la JCE se castiga al que denuncia la corrupción.   

Por lo tanto, la respuesta debe ser claridad por todos los costados.  Aclarar todo.  Transparentar todo.    

Responder todas las preguntas.  ¿Por qué se cancela al secretario del pleno? ¿No dificulta su cancelación la investigación que hay que llevar a cabo sobre los contratos? ¿Hay condiciones para que se conduzca una investigación independiente y creíble? ¿Quién la dirigirá? ¿Cuándo y cómo se hará? ¿Hará el Departamento de Prevención contra la Corrupción una investigación paralela a la que se conduzca en la Junta? ¿Cuántas investigaciones se harán?  

Si todas estas preguntas tienen respuestas publicables, y responderlas aumentará la confiabilidad de la Junta, ¿cuál es el problema de pedir que se aclare? ¿Es demasiada necedad demandar transparencia en el manejo de los fondos del erario público?  

Está claro que hay mucho que aclarar.  Está claro que lo peor que puede hacerse es echarle tierra al asunto.  Está claro que la demanda ciudadana continuará hasta que las explicaciones se den y hasta que las responsabilidades, si las hay, se establezcan.  Por el bien de esta JCE, que es lo mismo que decir que por el bien de todos, es esencial que todo se aclare.  En juego, está nada menos que su credibilidad.