Al Senado le faltó coraje.  Valentía.  Eso, o le sobró cálculo.  Con el nombramiento de los miembros de la Junta Central Electoral quedó claro el alcance de la visión institucional de los senadores.

Es una visión que no llega lejos.  Tenían la oportunidad dorada para establecer un precedente histórico, si seleccionaban una junta completamente apartidista.  El proceso comenzó bien, pero terminó como un petardo mojado.  Hizo algún ruido – nadie puede negarlo – pero no explotó como se esperaba. 

Pudo más el pasado.  Pudo más el miedo.  ¿O pudo más el cálculo político de la coyuntura?   

No fueron más allá los senadores de mezclar buenos nombres, adecuados para arbitrar, con nombres decididamente políticos, que contaminan de partidismo al tribunal electoral.  Ciertamente, buenas son las personas no políticas del tribunal, pero el Senado los ha colocado en la incómoda situación de hacer cumplir la ley electoral en convivencia con la parcialidad partidista.   

Lo que llama la atención, al menos a mí, es que el Senado nombró una Junta aceptable, cuando nada, absolutamente nada, le impedía ir mucho más lejos y propiciar un salto institucional en el órgano electoral.  Escogieron el camino fácil, el de la complacencia política inmediata: nombrar una Junta mejor que la anterior – lo cual no era nada difícil – a la vez que permiten que el germen del partidismo político permanezca y se fortalezca. 

Es cierto que, desde el punto de vista institucional, se trata de un avance incremental.  De grado.   Esto es, nadie puede decir que esta JCE no es menos partidista que la anterior.  Pero tampoco puede decirse que el nombramiento de estos jueces electorales – un grupo de juristas respetables mezclados con operadores políticos -  representa una mejora radical respecto del pasado.  He ahí la oportunidad perdida. 

Cuando se adopta el punto de vista político, sin embargo, las cosas se ven con un matiz diferente.  Más allá de los lamentos institucionales, los anteojos del pragmatismo político desnudan una realidad que tiene poco de inocente.  Especialmente, cuando vemos cómo se repartieron los puestos en las cámaras administrativa y contenciosa.  

¿Qué significado tiene que el brazo administrativo de la Junta, el que en la práctica dirige el montaje de las elecciones, esté dirigido por un juez de reconocida afiliación partidaria?  Porque una cosa es que se defienda el derecho de los partidos a tener representantes dentro del pleno de la Junta, y otra muy diferente es que, a sabiendas, se permita que un juez político dirija las elecciones. 

En efecto, el resultado de la permisividad del Senado es que las elecciones del 2008 serán dirigidas, para fines prácticos, por un juez abiertamente comprometido con el partido que controla los poderes ejecutivo y legislativo.  ¿Casualidad?  Estamos ya creciditos para creer en coincidencias.

¿Dónde, en todo esto, quedó la visión del Presidente Fernández respecto de una Junta Central Electoral más alejada de los epicentros partidistas?  No hay que ser un genio para concluir que lo que vimos fue el primer coletazo de la lucha interna del partido de gobierno.  Por cierto, que la primera baja en esa lucha fue la institucionalidad.    

¿Es ése un uso responsable de la mayoría congresual?  Algunos opinarán que sí.  Que en comparación con los desmanes del Congreso perredeísta, el comportamiento de este Senado fue mejor.  Eso no lo dudo.

Pero el estándar deseado no es el de superar al Congreso del PRD.  Es el de una revolución democrática.  No menos de ahí.  Esa es la oferta del Presidente de la República y del PLD.  Y, al menos en mi libro, el comportamiento del Senado no estuvo a esa altura.  Si no, que le pregunten al Presidente.

¿Qué podemos esperar de las reformas pendientes?  Yo, por lo pronto, no estoy muy optimista.  Lo dice alguien que casi nunca tiende a ver el vaso medio vacío.  En el caso de la Junta, no puedo verlo medio lleno.  Ni tengo, tampoco, nada que celebrar.