Después del año 1997 la Liga Municipal Dominicana (LMD) despertó un interés inusitado y excepcional. Previo a este año la elección de su Secretario Ejecutivo pasaba y la ciudadanía apenas se informaba. No se debe pasar por alto que en el año 1999 se generó una crisis institucional por el control de este organismo entre los bloques del PLD-PRSC y el PRD. En el año 2003, en el cual existía una expectativa de superación de la carencia de legalidad, el PRD da un espaldarazo a la reelección de Amable Aristy a la Secretaría General. El resultado está a la vista: la instauración del Sr. Amable Aristy Castro como cacique de los síndicos, sindicas y regidores de la República Dominicana.

Por su parte no se han observados cuestionamientos ni presión política a las prácticas centralistas, anti-autonómicas, clientelistas e ineficientes de este organismo. Ningún síndico, ninguno de los partidos que contribuyeron con el status de la Liga ha hecho pronunciamiento crítico y de superación de la cuestión. Han sido algunos medios de comunicación que se han pronunciado sobre la falta de transparencia de la Liga Municipal Dominicana. El sistema político baila la fiesta con el “hombre” que podría abrir y cerrar puertas en las alianzas electorales, hay un acomodamiento y un silencio espantoso y vergonzoso.

Sin embargo Domínguez Brito, senador por la Provincia de Santiago se ha atrevido a presentar un proyecto de reforma a la Ley 166-03 que toca de fondo la cuestión del interés vulgar de manejo de los recursos financieros por parte de la Liga Municipal Dominicana. Domínguez Brito se ha atrevido a plantear que la eliminación del “peaje” de un 5% de los fondos de los ayuntamientos por parte de la LMD. Para este año 2006 dicho porcentaje representa aproximadamente 700 millones de pesos dominicanos. Si se cumpliera la Ley 166-03 para el año 2007 la Liga podría estar manejando más de 1 mil 200 millones de pesos. Ese poder financiero de la Liga sería sepultado si se llevara a cabo la propuesta de Domínguez Brito. Pero también en el proyecto se plantea que la transferencia de fondos hacia los ayuntamientos se realice a través de la Tesorería Nacional, demanda esta muy reiterada por los municipalistas dominicanos.

Los que conocen la Ley 166-03 saben que en la misma se establece que el 10% de los ingresos nacionales serán destinados a los ayuntamientos según su población. Este indicador es válido, pero insuficiente y el proyecto Domínguez Brito debe incorporar otros indicadores que conduzcan a la equidad territorial y social. Quiere decir que los ayuntamientos ubicados en aquellos municipios donde existan mayores niveles de pobreza deben ser favorecidos con mayor transferencia de fondos; construir indicadores para la descentralización social del gasto. Lo reiteramos en la actualidad el 50% de la transferencia es centralizada por 10 ayuntamientos ubicados en municipios donde hay mayor riqueza.

Pero también la propuesta debe acompañarse por indicadores de eficiencia y eficacia del gasto; que se premien las buenas prácticas de transparencia y capacidad de gestión financiera. Las transferencias sin condicionamiento pueden conducir al parasitismo financiero producto de la desmotivación para la recaudación propia. Debe haber indicadores que fomenten la descentralización desde el centro hacia la periferia y al ámbito rural. Sin bien se justifica exigir descentralización financiera desde el Poder Ejecutivo hacia los ayuntamientos, también se justifica que los gobiernos locales descentralicen hacia las comunidades.

Un elemento poco claro de la propuesta de Domínguez Brito es el referido a la que la transferencia a la LMD sea reducido de un 5% a un 0.8%. ¿De dónde sale este porcentaje?. La suficiencia o insuficiencia financiera está relacionada con los planes, programas y proyectos; que para el caso de la LMD no está claro hablando estratégicamente. Más que de porcentaje podría plantearse un presupuesto por programa como se estila en la planificación moderna.

Una vez resuelta la cuestión financiera de la Liga Municipal Dominicana, este organismo debe avocarse a recuperar su rol original que le manda a desempeñar labores esencialmente de asistencia técnica y capacitación. Ojalá el próximo Congreso Municipal a celebrarse el 26 de enero 2007, además de elegir un secretario ejecutivo con valores éticos y claridad estratégica, pueda resolutar administrativamente su transformación institucional.

Finalmente. Amable renuncia a su puesto como senador, ¿está dispuesto al “sacrificio”, aun reduciéndose significativamente el presupuesto a la LMD? O ¿existen desde ya arreglos políticos que sirven de base a las negociaciones durante un año preelectoral como el 2007? ¿Cuenta la propuesta de Domínguez Brito con apoyo de su partido? Estas son las preguntas cuyos desenlaces indicarán el camino de la propuesta de Domínguez Brito.