La revalorización alcanzada por los gobiernos locales en América Latina está conduciendo a un nuevo estilo de hacer política. Esto implica que sectores sociales están reivindicando que la democracia representativa, cuyos representantes han cambiando la representación de los intereses colectivos por los intereses partidarios e individuales, sufra las transformaciones hacia una democracia directa o participativo.

Está democracia participativa conlleva el establecimiento de mecanismos de participación como los cabildos abiertos, plebiscitos, referéndum y presupuesto participativo. Busca dar el salto de la democracia electoral hacia estilo de gobierno de proximidad cotidiana con la gente, gobernar con una perspectiva de derechos políticos y sociales, gobernar por derechos y no por favores. En este marco se desarrollan los presupuestos participativos cuya concepción original es creada y recreada por la izquierda brasileña, la que llevó Lula al poder del Brasil.

Los presupuestos participativos se remontan al año 1989, cuando el Partido de los Trabajadores en Brasil asume el mando de la Prefectura de Porto Alegre. Hoy más de 200 ciudades brasileñas los aplican, varios municipios argentinos, uruguayos, peruanos, chilenos, bolivianos, venezolanos, colombianos. En República Dominicana se inician en el municipio de Villa González en 1999 y hoy se ha aplicado en decenas de municipios. Pero también la estrategia atravesó el Atlántico y llegó a España, Francia y Alemania. En España existen experiencias en ciudades y municipios como Córdoba, Rubí, Sabadell, La Cabeza de San Juan.

Sin embargo hay que distinguir los presupuestos consultivos de los presupuestos participativos. En el primer caso la ciudadanía participa en procesos de consultas sobre las prioridades que deben incluirse en el presupuesto municipal sin que haya continuidad y seguimiento. Para el segundo caso, el presupuesto participativo, existe tres requisitos básicos: consultas ciudadanas, concertación entre los diferentes actores políticos y sociales, constitución de una estructura funcional y seguimiento a la ejecución presupuestaria según lo aprobado. Cuando se alcanza poner en marcha estos componentes de manera permanente y sostenible se avanza hacia la institucionalización, de lo contrario se estaría en una fase de experimentación.

En el Presupuesto Participativo se puede encontrar un puente que ayuda a romper las marañas de la burocratización del gobierno local. Es una institución que supera el modelo dominante de democracia electoral, converge con la democracia representativa y consolida el paradigma de democracia participativa.

La institución del Presupuesto Participativo viene a reivindicar la apuesta histórica de compartir las legitimidades formales transitorias (expresadas en los espacios públicos) e informales permanentes (expresadas en las comunidades).

El poder originario o legitimador, que descansa en la conciencia social ciudadana, es el ámbito que delega el poder que descansa en la autoridad pública.

Ciudadanos y ciudadanas delegan a través del voto su poder a las autoridades. Aunque esta delegación tiene que acompañarse permanentemente de las opiniones que hacen los ciudadanos y ciudadanas que le dan permanencia a esa delegación, lo que sería el poder legitimador. Con esta posición no existe un rompimiento de la autoridad, al contrario hay un fortalecimiento.

La autoridad con el poder delegado cumple con un conjunto de reglas formales y no formales que le establecen límites que van más allá de la noción entre los que mandan y los que obedecen.

El Presupuesto Participativo lo que hace es servir de equilibrio entre los dos poderes: delegado y legitimador u originario.

Los que se oponen al ejercicio de compartir los poderes públicos podrían argumentar que el Presupuesto Participativo quita legitimidad a las autoridades legalmente constituidas. Aunque deben comprender que la legitimidad de un sistema, puesto público, autoridad, funcionario, se sostiene a partir del cumplimiento con los deberes para los cuales han sido elegidos. Es decir, que se puede estar legalmente constituido, aunque ética y moralmente deslegitimados por los que delegaron su poder (los ciudadanos).

Con el Presupuesto Participativo se comparte el poder. Pero, ¿quita autoridad el compartir el poder? Desde una visión clásica y conservadora la respuesta puede ser afirmativa. Tradicionalmente el poder se define como la capacidad de tomar decisiones que puedan afectar o no la vida de los otros. La autoridad realmente se pierde en la medida que quienes ejercen el poder se alejan de las expectativas ciudadanas. Un dirigente político tiene autoridad cuando posee poder obtenido a través de un partido o movimiento que capta votos ciudadanos, los cuales consideran que gobiernan de forma justa.

La fortaleza de la autoridad, aunque proviene de la legalidad, está estrechamente relacionada con el ejercicio del poder. La autoridad que no reconoce el poder de los demás es autoritaria y antidemocrática. Tanto el autoritarismo como los métodos antidemocráticos son negadores de la autoridad, la cual se pierde cuando se pierden los instrumentos institucionales de consulta (Presupuesto Participativo, cabildo abierto, etc.) y deliberativo (elecciones primarias de los partidos y elecciones de autoridades públicas).

Con el Presupuesto Participativo como institución se busca disminuir el poder de quienes manejan vulgar y discrecionalmente los fondos públicos y benefician con las políticas y planes a grupos focalizados en consonancia con sus intereses. Estas prácticas sí erosionan la autoridad pública. Los que fortalecen la autoridad legalmente constituida son aquellos que rinden cuentan del uso de los fondos obtenidos de los impuestos que pagamos, construyen una nueva práctica de hacer política vinculada a la ciudadanía y buscan beneficiar a los más excluidos. Este es parte del rol que juega el Presupuesto Participativo.

Entre los mandados y los que mandan existe una relación de autoridad que debe tener un contenido subjetivo. Para mantener, sostener y aceptar esta relación de autoridad, las personas que ocupan los cargos deben tener un prestigio y reconocimiento alto.

Finalmente apuntar que las estrategias de presupuestos participativos tienen que trascender el marco de la inversión de recursos en infraestructuras físicas (puentes, aceras, calles y caminos) y complementarse con integrar al presupuesto local acciones que toquen los aspectos culturales, educativos y de fortalecimiento institucional de las entidades que gestionan dichos procesos. Acciones que se conviertan en una oportunidad para la producción de conocimiento y que sirvan para superar la cultura política de reivindicar derechos y no pedir favores.