Durante los últimos 10 años, la Sociedad Dominicana ha venido experimentando la apertura de debate, discusiones, análisis y propuestas sobre la transformación que amerita su régimen municipal. Los partidos políticos, la sociedad civil, la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), algunas universidades e instituciones públicas como el CONARE, se han encontrado para conocer los principales puntos de la agenda municipal.

Durante ese recorrido se han diseñado y consensuado varios proyectos de leyes; siendo los más destacados la reforma a la Ley de Organización Municipal y la necesidad de aprobar definitivamente la Ley General de Participación. La primera es un marco jurídico característico de una sociedad rural y autoritaria, su promulgación se hizo en el año 1952 en el contexto de la Dictadura de Trujillo, momento en el cual los municipios dominicanos carecían totalmente de autonomía. Con la reforma a esta Ley, numerada como 3455, los nuevos legisladores harían un buen aporte a los procesos de modernización, transparencia, democratización, la profesionalización de los recursos humanos y control social de la gestión de los gobiernos locales.

El proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica Municipal merece ser aprobado sin contratiempo. No hay excusa para postergarlo. Bastante consenso se ha construido sobre el mismo. La diversidad política y social comprometida con los cambios municipales ha sido parte de su diseño. Las nuevas autoridades municipales deben contar con una nueva legislación que le permita gobernar bajo los principios de eficacia, descentralización, desconcentración, coordinación e igualdad ciudadana en el ejercicio pleno de sus derechos.

La segunda propuesta consensuada se le denomina como Anteproyecto General de Participación. Esta fue aprobada en primera lectura por la cámara de diputados en la pasada gestión. También viene debatiéndose desde hace 10 años. Partidos, sociedad civil y congreso saliente la han debatido en múltiples oportunidades. Ha sido tan debatida que pasó en la Cámara de Diputados sin hacerle ningún cuestionamiento. Fue aprobada con el apoyo de todos los representantes de los diferentes partidos. Tampoco existen excusas para postergar su conocimiento. Previamente diferentes organizaciones comunitarias de Santo Domingo Oeste bajo la coordinación de la Unión de Vecinos Activos (UVA), así como el INTEC y cientos de organizaciones de la sociedad civil, la antigua Comisión Presidencial de Reforma del Estado (COPRYME) y el CONARE en los dos gobiernos 2000-2004 y 2004- 2008 han generado un proceso de participación para la reformulación y presentación de este proyecto al Congreso.

Con este proyecto se crearán las condiciones objetivas para que el Estado dominicano abra los espacios de participación social en la toma de decisiones. Un instrumento esencial y oportuno contenido en el proyecto es el denominado Consejo Nacional Económico y Social cuya función es ser un punto de encuentro entre los representantes de los diferentes poderes del Estado y las instituciones sociales para proponer las líneas y estrategias de las políticas públicas que deben integrarse al Presupuesto Nacional. La puesta en marcha de este proyecto de ley puede servir para romper con el poder discrecional de los funcionarios de la administración pública a la hora de ejecutar los planes sectoriales en educación, salud, vivienda, agricultura, transporte, etc.

Como forma de evitar la concentración del poder en el Consejo Nacional Económico y Social se crearían consejos territoriales en regiones, provincias y municipios. Aunque se podría discutir la diseminación, atomización, dispersión y disgregación de estos consejos, los mismos servirán para evitar la alta centralización que se puede producir en las instancias generales y capitalinas. Estas entidades regionales y locales serán responsables de proponer políticas públicas municipales para mejorar los servicios, el ordenamiento del territorio, el desarrollo de infraestructura física y fortalecer los grupos sociales y comunitarios.

Por otro lado la agenda municipal demanda el diseño y los debates para su conocimiento de cuatro proyectos de leyes: ordenamiento territorial para regular y categorizar jurídicamente los diferentes niveles político- administrativos territoriales; reforma a la Ley 166-03 para revisar los montos de transferencia, definir nuevos criterios de entrega de fondos y el traspaso gradual de competencias desde el nivel central al local; la refundación de la Liga Municipal Dominicana para convertirla en un Instituto de Capacitación y Asesoría Municipal y romper con el carácter de organismo puente en la transferencia de fondos a los ayuntamientos o quitar el “peaje”, una vez esto se haga podría quitársele el apetito a determinado político en su afán de controlar este organismo.

Otro desafío de la agenda municipal es la reforma tributaria para promover la mejora en la eficiencia de la recaudación propios de los arbitrios municipales; y el código de ética del servidor municipal para lograr que quienes laboren en los ayuntamientos lo hagan bajo criterios de cumplir con la finalidad para lo que ha sido contratado y gestione las cosas públicas bajo una orientación de la honestidad y la disciplina laboral. Y finalmente la carrera administrativa municipal para seleccionar el personal por mérito y garantizar estabilidad y promoción de los recursos humanos.

Esperamos que la macroreforma de los ámbitos constitucionales, financieros, comerciales, jurídicos y administrativo no se trague la reforma municipal. No hay que olvidar que el gobierno más cercano a la gente es el gobierno local. No olvidar que Duarte en su propuesta de primera Constitución Dominicana propuso el Poder Municipal en primer orden cuando dijo “para la pronta expedición de los asuntos públicos el gobierno se divide en: Poder Municipal, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial”.