El PLD tiene amplias posibilidades de afianzarse en el poder, con una oposición en crisis, si evade el inmediatismo y realiza transformaciones institucionales y sociales

            El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) empieza la segunda mitad de su gobierno con grandes posibilidades de afianzarse como fuerza política dominante, sobre todo si evade el inmediatismo y se concentra en una gestión de largo plazo acompañada de una vuelta a sus orígenes que reduzca los riesgos de luchas internas.

         Ahora que por primera vez concentra los poderes Ejecutivo y Legislativo, y con los partidos de oposición sin perspectivas de repuntar a corto plazo, el gobierno del presidente Leonel Fernández puede emprender importantes transformaciones institucionales y sociales sin urgencias para los comicios del 2008.

         Sus principales retos podrían presentarse en las políticas económicas que han representado su mayor éxito en la primera mitad, en una transparencia que todavía escasea, en una mejor distribución del ingreso y en desarrollar capacidad para establecer una alianza con la sociedad civil.

Gestión de largo plazo      

         Con mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas y un Poder Ejecutivo que mantiene amplia aceptación popular, el PLD tiene muchas posibilidades de afianzarse como fuerza política dominante si evade las tentaciones del inmediatismo y realiza una gestión gubernamental de largo plazo.

         Dado el deterioro interno y el descrédito de los partidos de oposición, sin mayores posibilidades de repuntar en el corto plazo, el gobierno peledeísta no parece tener urgencias políticas de cara al próximo desafío electoral dentro de 21 meses. Los dos mayores partidos de oposición aparecen sin un líder capaz de unificarlos y convertirlos en una alternativa real de poder.

         Tres meses después de las elecciones en que la alianza de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) resultara un fiasco, en vez de abrirse expectativas de rectificación y renovación, aparecen sumidos en el desconcierto y las luchas internas.

         La últimas decisiones de los legisladores de esos partidos al concluir el período constitucional en que dominaron el Congreso sólo ha servido para ratificarlos como traficantes de la política, sin que sus partidos hayan producido las sanciones prometidas.

         El clientelismo con el que sobreviven determina que les resulte casi imposible ponerse de acuerdo para una candidatura común en la Liga Municipal Dominicana, lo que permitirá al PLD quedarse también con el control de ese organismo. Por lo menos  en el ayuntamiento de Santiago ya perredeistas y reformistas demostraron sus incapacidades para actuar en consonancia con la alianza que sostuvieron en los pasados comicios.

         Pero más que preocuparse por unos centenares de empleos en la Liga Municipal, o por el reciente absurdo de concentrar los cuerpos de bomberos en violación a la ley de organización municipal, el PLD y su gobierno deberían concentrarse en las grandes demandas nacionales, con soluciones de mediano y largo plazo y diferenciarse de los otros partidos evadiendo las confrontaciones, dejando que ellos se consumen en sus luchas intestinas.

Retos institucionales

            El PLD acertó al elegir a su secretario general Reinaldo Pared Pérez y a Julio César Valentín para presidir el Senado y la Cámara de diputados y sus discursos al posesionarse dejaron esperanzas. El primero planteó entre las prioridades un amplio programa de reformas institucionales y políticas en consonancia con el legado político y moral del fundador de ese partido, el profesor Juan Bosch.

         Entre esas reformas están algunas integradas al tratado de libre comercio suscrito con Estados Unidos, como las leyes que crearían las secretarías de Planificación y Desarrollo y de Hacienda. También las de Arbitraje, Defensa de la Competencia, Planificación e Inversión Pública,  Sistema Integrado de Administración Financiera y el Sistema de Control Interno.

No menos importantes para el fortalecimiento institucional serían también las nuevas leyes para regular el Presupuesto Nacional y la Contraloría General, que junto a la recién aprobada ley sobre contrataciones, compras y concesiones del Estado, deben ser base de una nueva transparencia y de políticas para reducir la corrupción.

Una ley de partidos políticos, que regule su funcionamiento interno y sus finanzas es otra urgencia para el mejoramiento institucional,  paralela con una ley de participación social.

Todo ese prontuario legislativo está sobradamente diagnosticado, discutido y prometido por el sistema político y deben ser parte fundamental de una gestión gubernamental de largo plazo, junto a un empeño por dar vigencia a otras legislaciones vigentes que aún no se cumplen, como las que crean el Sistema de Seguridad Social,  la Defensoría del Pueblo y la de Defensa del Consumidor.

Esa agenda legislativa es prioritaria a la reforma constitucional en la que el gobierno parece centrar su prioridad con el agravante de que está renunciando al compromiso programático y  los pactos que han acordado realizarla mediante una Asamblea Constituyente de elección popular.        

En las actuales perspectivas políticas, el gobierno debería honrar ese compromiso en una alianza con la sociedad civil, auspiciando la elección de la constituyente junto a la presidencial del 2008 para culminar la agenda de reformas políticas e institucionales “guiado -como planteó Reinaldo Pared- por la pluralidad, tolerancia, participación, respeto, moderación y prudencia”.

Ese programa legislativo ejecutado con transparencia, convirtiendo el Congreso en la casa de cristal que evocó Valentín, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, produciría un rescate de la credibilidad del Poder Legislativo, situado como los partidos políticos entre las cinco institucionales nacionales que menor confianza tienen de la ciudadanía, según la encuesta de Gallup para HOY publicada esta semana.

Retos económicos                                                                                                            

         El primer gran reto del gobierno peledeista es no repetir el error de concentrar la inversión en grandes proyectos capitalinos, como ocurrió en su gestión 1996-2000. La amenaza la representa el barril sin fondo del Metro que construye en Santo Domingo y el desbordamiento del gasto que ya obligaron a paralizar las obras en el interior del país como reconoció esta semana el vocero Roberto Rodríguez.

         Una real política de austeridad parece inaplazable y más posible sin urgencias  clientelistas, lo que le daría fuerza moral para las nuevas cargas impositivas que han adelantado como inevitables para enfrentar la bomba de tiempo del déficit del Banco Central, cuantificado ya en más de 162 mil millones de pesos. El secretario Técnico de la Presidencia, Temístocles Montás, consideró esta semana que el déficit cuasifiscal y el déficit energético son los principales retos del gobierno.

         El gobierno peledeísta debe cuidarse de mantener  el triunfalismo del crecimiento económico sin redistribución del ingreso -otra de las deficiencias de su anterior gestión- y de no dar prioridad real a la educación, la salud, la vivienda popular, la energía eléctrica y la seguridad social.

Deberían considerar que la reciente encuesta Gallup para HOY  arroja que el 62.7 por ciento de la población considera mal o muy mal la situación económica, casi 20 por ciento más que en abril pasado, pese a que el Banco Central registra un crecimiento del producto bruto de casi 12 por ciento en la primera mitad del año.

Tal como planteó esta semana la socióloga Rosario Espinal, las posibilidades de afianzamiento del PLD como fuerza política dominante pasan por una vuelta a sus orígenes boschistas con  reformas económicas y sociales en orden a una mejor distribución del ingreso y reducción de la pobreza.

Los mayores peligros

Entre los mayores peligros que corre la nueva hegemonía peledeísta está su creciente asociación con posiciones conservadoras y seguir el camino de gobernar en función de estas.

Así mismo dar rienda suelta a ciertos pujos autoritarios y realizar una reforma constitucional a la medida del partido, con absoluto predominio de su fuerza legislativa, sin dar participación a los diversos sectores sociales para que tenga un profundo contenido democrático, como prometiera en su programa de gobierno.

El empeño, casi imposible, de concluir el metro capitalino antes de los comicios del 2008, lo que conllevaría una reducción de inversiones prioritarias, y el no enfrentar con equidad el déficit del Banco Central, en medio de las penalidades del precio del petróleo y una mayor carga de deuda externa para los próximos dos años, podrían revertir el mayor éxito gubernamental que ha sido la estabilidad macroeconómica.

Gobernar con inmediatismo, en función de la reelección presidencial obligaría a políticas de efectos inmediatos que podrían tornarse en riesgos políticos incluso al interior del PLD, donde amplios sectores no ocultan su preocupación sobre el particular. Sobre todo la maquinaria política cada vez más inclinada a Danilo Medina como alternativa de poder.

Las encuestas muestran que el presidente Fernández mantiene un alto nivel de aceptación, y los analistas entienden que buscaría una reelección con buenas posibilidades de lograrla. Pero su propio carácter y vocación más académica que de activismo partidista, dejan el campo abierto a la emergencia de una alternativa en su propio partido.

En definitiva, la propia debilidad de los partidos de oposición podría convertirse en un riesgo de sobreestimación del gobierno y llevarle a ignorar que en estos tiempos la popularidad de los gobernantes se esfuma con rapidez como ha ocurrido en las últimas décadas en América Latina, donde las reelecciones democráticas no alcanzan para los dedos de una sola mano.

La enorme deuda social y las profundas insatisfacciones generan convulsiones sorpresivas, y si no hay partidos alternativos, se imponen  figuras casi siempre con rasgos providencialistas.-