La Liga Municipal Dominicana fue creada mediante la Ley 49 del año 1938. Estableciéndose funciones de organismo asesor, de asistencia, control y fiscalización de los Ayuntamientos. Como se puede observar, esta Ley se promulga en un contexto caracterizado por un régimen político autoritario, autocrático, represivo y unipartidista. Marcado por una amplia predominancia de una sociedad rural. Este legado ha sido heredado por el actual modelo que rige la LMD, sin que hayan ocurrido importantes cambios en las prácticas de conducción de esta institución.

La Liga Municipal Dominicana es un organismo que amerita una transformación institucional que toque lo más profundo de su marco jurídico centralizador y trujillista, su inoperancia administrativa y estructura de funcionamiento presidencialista clientelar.

Es una entidad apetecida por el sistema de los partidos políticos. Aunque la apetencia no se acompaña de propuestas de superación de sus debilidades de transparencia, gestión profesional, democracia en las decisiones, descentralización y desconcentración territorial. En los próximos meses, la sociedad dominicana observará las luchas políticas por el control de la Secretaría Ejecutiva y los cientos de puestos que de la misma se desprenden. ¿Pero se están planteando los partidos propuestas de refundación, reforma, transformación? ¿o se plantean recocer y remendar los parches de una institución que en este año 2006 se está tragando, si digerir, que es lo mismo que botar sin producir, nada más que 575 millones de pesos de los bolsillos de los contribuyentes dominicanos?

En la sociedad dominicana existen tres corrientes de pensamiento, o de opinión, sobre el futuro de la Liga. Una corriente tradicional se identifica con sostener su estado actual; otra radical plantea su desaparición, y una moderada que defiende su transformación.

Mantener esta “institución” sin proponerse cambios implicará un fortalecimiento de una cultura política caracterizada por el clientelismo, la construcción de nuevos caudillos o caciques, la ineficiencia e ineficacia administrativa y la falta de transparencia. Por otro lado, su desaparición acarrearía dificultades en el funcionamiento de los ayuntamientos pequeños que requieren mínima asistencia, que con mucha precariedad reciben de la Liga Municipal Dominicana, pero les ayuda. La tercera corriente, la transformista, que tiene pocos adeptos, partidarios, seguidores y defensores, orienta su discurso en el diseño de un nuevo marco jurídico que conlleve las siguientes cuestiones:

1.      Romper con el denominado “peaje” del 5% del monto global de fondos que reciben los ayuntamientos por transferencias establecidas en la Ley 166-03. Este monto debería transferirse a los municipios que tienen los peores niveles de pobreza. El cambio significará que la Liga disponga de un presupuesto anual en correspondencia con las necesidades de asistencia técnica de los ayuntamientos.

2.      Descentralización administrativa territorial. Esto va a implicar sacar la Liga de la Capital dominicana e instalar oficinas regionales con mayor proximidad territorial, o cercanía, a los ayuntamientos localizados. Estas oficinas regionales prestarán servicios en asuntos urbanos, financieros, legales, ambientales, en participación social y gestión integral de recursos humanos.

3.      Definición de un plan decenal de capacitación municipal en coordinación con el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), las universidades y organizaciones de la sociedad civil que tienen programas de formación municipal. Esto pasa por convertirla en un Instituto Nacional de Formación Municipal (INFOM)

4.      Reclutamiento de personal por mérito. Significando la derrota del clientelismo y consecuentemente, la profesionalización y democratización de la asistencia técnica municipal. Con lo cual se haría una contribución a la cualificación, especialización y estabilidad de las capacidades humanas dedicadas al fortalecimiento y revalorización del Estado dominicano.

5.      Eliminar los altos niveles de intervención en la autonomía financiera municipal. Los presupuestos municipales una vez aprobado por el Concejo de Regidores adquieren carácter legal y ningún órgano público tiene facultades para limitar la decisión, siempre y cuando se demuestre lo contrario.

6.      Diagnosticar la demanda de asistencia y asesoría técnicas para definir una oferta acorde con las necesidades de los actores municipales. Esta propuesta, la cual puede ser ampliada, podría ser considerada por los partidos políticos para construir una agenda de reforma de la Liga Municipal Dominicana a partir de la elección de las nuevas autoridades el 26 de enero 2007, para marchar hacia la refundación de este organismo.