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En el reino de las contradicciones Cuando aún no se han ofrecido los más mínimos elementos que pudieran hacer transparente el contrato con la empresa The Sund Land Group por 132.4 millones de dólares para equipar a la Policía Nacional, el Poder Ejecutivo envió esta semana al Congreso otro contratación nebulosa para privatizar funciones que corresponden a la Dirección General de Bienes Nacionales. Este nuevo contrato, al igual que el de los equipos policiales, fue otorgado sin que mediara ningún concurso público, aunque implica el traspaso de importantes responsabilidades de un organismo del Estado, lo que en sí mismo no tiene que ser perverso, pero contiene cláusulas legítimamente discutibles. Si fue necesaria una ley para “capitalizar” las empresas del Estado, vendiendo el 50 por ciento de sus acciones mediante rigurosos procesos de licitación o concursos públicos, es contradictorio que no se siga el mismo procedimiento tratándose de funciones legalmente atribuidas a un organismo del gobierno central. El trámite de la concesión es más injustificable y contradictorio si se tiene en cuenta que desde el pasado 1 de junio rige el decreto 63-06 emitido por el presidente Leonel Fernández, el cual establece concursos públicos para las compras y contrataciones del Estado. Resalta la falta de transparencia, más allá de si se justifican los porcentajes atribuidos a la empresa que venderá propiedades estatales y cobrará las deudas pendientes por inmuebles bajo responsabilidad de Bienes Nacionales. Más aún cuando el Estado se compromete a cubrir los costos de los procedimientos, y de honorarios profesionales, así como a avalar los financiamientos por montos indeterminados en que incurra la beneficiaria del contrato. Con el agravante de que la Empresa Nacional para el Desarrollo no tiene el menor aval público. Se desconoce que tenga experiencia en el manejo de bienes inmuebles de la categoría de los que se pondrían bajo su responsabilidad. Tampoco se ha explicado por qué se somete a un Congreso en despedida una contratación realizada hace casi un año, el 5 de agosto del 2005. Los dos contratos bajo cuestionamiento han coincidido con la entrega de un edificio a la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción, instituida también por el actual gobierno, y mientras en los predios oficiales predomina un discurso de modernidad, de transparencia electrónica y de condena de actos turbios de anteriores autoridades, lo que es otra contradicción. Ya la Comisión de Etica y el Departamento de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría General de la República han sido retados a examinar los términos del contrato para los equipos de la Policía, tanto por la doctora Milagros Ortiz Bosch como por el movimiento cívico Participación Ciudadana. Una contradicción adicional es que la Cámara de Diputados haya aprobado esta semana el contrato de los 132.4 millones de dólares, saltándose el procedimiento de la comisión de estudios. Se ha pretendido justificar un contrato absolutamente leonino y sin ninguna transparencia en las urgencias que impone el desafío de la creciente delincuencia, lo que también es contradictorio con el hecho de que los equipos serían entregados en un plazo de cuatro años, período excesivamente largo si se tiene en cuenta de que la mayor parte de los mismos, como automóviles, computadoras, inversores eléctricos y de comunicaciones están disponibles en el mercado internacional en cuestión de semanas. Ya se ha resaltado que el contrato es tan genérico que no establece marca ni modelos de la mayoría de los equipos, pero sí precios hasta dos y tres veces superiores a los del mercado. Los 800 vehículos sin especificaciones a 49 mil 685 dólares y las otras tantas computadoras a 9 mil 803 dólares, todos exonerados, y los abultados honorarios a pagar son suficientemente escandalosos. Pero lo mismo ocurre con otros equipos de menor cuantía, como los inversores, cotizados los de 6 kw a 6 mil 811dólares, cuando en el mercado local se pueden comprar –con impuestos- a 1,200. Los de 3.5 kw el contrato los cotiza a 3 mil 746 dólares, pero tenemos cotizaciones de empresas locales que ofrecen de 3.6 kw por el equivalente de 742, de 903 y 911 dólares. Las 1740 baterías que el contrato cotiza a 255 dólares, se ofrecen en tres empresas locales entre 79 y 91 dólares. Es gravemente contradictorio que pretendamos equipar a la Policía para combatir la delincuencia con contrataciones que dejan tufo de tráfico, cuya aprobación se inscribe también en cuestionamientos de todo género. Todo eso mientras esta misma semana el padre José Luis Alemán, abogaba ante la Cámara Americana de Comercio por “una mayor transparencia del manejo de los ingresos y gasto públicos y por la neutralidad e impugnabilidad de licitaciones de contratos e inversiones públicas”...
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