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Análisis racional de la delicuencia El liderazgo político y social dominicano tiene que abocarse a un análisis racional y profundo de la delincuencia más allá de circunstancias tan emotivas como la producida con el asesinato de la estudiante santiaguense Vanessa Ramírez Faña. Es relevante es que la sociedad de Santiago haya reaccionado indignada, reclamando acciones para detener el curso de la delincuencia generando una eficiente actuación policial. En este caso se dieron múltiples factores generadores de fuertes emociones y solidaridad. La víctima, una hermosa flor, estampa de la belleza cibaeña, aplicada estudiante de medicina, hija de dos distinguidos y apreciados profesionales, asesinada a la puerta de su casa para quitarle un teléfono cuando retornaba de estudiar. Pero las estadísticas indican que se requiere una reacción permanente, una militancia sin tregua, pero no en la simple condena de la delincuencia, sino especialmente en el análisis de sus causas y en las propuestas de soluciones. Vanesa no es una víctima extraordinaria. Nada menos que ciento veinte (120) personas, tan valiosas como ella, fueron asesinadas en el país entre enero y abril pasado, a razón de una cada día, en robos y atracos. El dato está contenido en un informe de la Procuraduría General de la República del que se hizo eco esta semana el periodista Panky Corcino en el semanario Clave, en el cual se muestra que los homicidios se elevaron en un 120 por ciento entre el 2001, cuando se contaron 1,086, y el 2005 en que ascendieron a 2,385. Eso significa que durante cada uno de los 12 meses del año pasado 199 personas murieron asesinadas, 66 cada día y una cada 3 horas y media. La incidencia de los homicidios guarda relación con las mayores concentraciones urbanas: Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago y San Cristóbal. Pero no solo es impresionante el crecimiento de los homicidios, sino también el de los suicidios, que según la Procuraduría General se elevaron de 280 a 518, equivalente a un 85 por ciento, en un solo año, entre el 2004 y el 2005. Ante esas estadísticas hay que preguntarse qué es lo que está pasando en la sociedad dominicana. Cuáles son los factores que están determinando tanto desprecio por la vida humana, la ajena y la propia. Es obvio que la enorme acumulación de pobreza, la exclusión de la mitad de la población de los beneficios del crecimiento económico, la falta de oportunidades para la mayoría de los jóvenes pobres, la ofensiva exhibición de riquezas muchas veces mal habidas, y la impunidad que carcome los cimientos de la sociedad son factores determinantes. Llama la atención que los homicidios crecieran un 40 por ciento entre el 2003 y 2004, cuando pasaron de 1,656 a 2,323, justamente en el período de la terrible crisis financiera que según el reciente informe del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, fue determinante para que un millón y medio de dominicanos y dominicanas se empobrecieran. ¿Qué, sino la marginalidad y la exclusión social, la desesperanza y la falta de oportunidades puede explicar que 186 muchachos y muchachas de entre 15 y 29 años optaran por privarse de la vida durante el año pasado? Es relevante que la mayor parte de quienes se preocupan por el auge de la delincuencia sólo piensen en soluciones represivas, planteando desde cadena perpetua hasta la pena de muerte, aunque en lo que va de siglo más de 2 mil personas han muerto en “intercambios de disparos con la Policía”, que en la mayoría de los casos no son otra cosa que ejecuciones sumarias, en mucho mayor proporción que las penas de muerte ejecutadas en todo los países donde aún se mantiene esa draconiana sanción. Otros acuden de inmediato al descalificado argumento de que es consecuencia de las deportaciones de dominicanos desde Estados Unidos, que es otra forma de escurrir el bulto y por lo tanto dar palos de ciego. Los involucrados en el asesinato de Vanessa no parece que hayan viajado al exterior. El combate eficiente de la delincuencia antes de que nos haga la vida imposible, como en la mayor parte de los países pobres, pasa por eficientes políticas sociales para reducir la pobreza, por una revolución educativa que multiplique los politécnicos. También por una profunda reorganización de la Policía Nacional para que deje de ser una fábrica de delincuentes, por una inversión mucho mayor en la seguridad, por el convencimiento de que pagando salarios de entre 4 y 6 mil pesos no vamos a lograr que rasos, cabos y sargentos policiales salga a las calles a jugarse la vida para defender a una sociedad tan injusta. Los 30 años de pena máxima son suficientes para sancionar la delincuencia. El problema es que solo se aplica una decena de veces por año, a elementos sin capacidad para pagar defensa, y jamás a los grandes delincuentes responsables de la pobreza nacional.-
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