No se había terminado de votar el pasado 16 de mayo cuando ya el país estaba inmerso en un debate sobre reforma constitucional, iniciado por el presidente Leonel Fernández en el momento en que ejercía el sufragio.

         Varios influyentes dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana han insistido posteriormente sobre el tema hasta el punto de que en estos momentos esa cuestión aparece como la prioridad número uno de la organización política que ha obtenido la mayoría de las curules de senadores y diputados.

         Esa prioridad parece determinada, como casi siempre, por la reciente conquista de un gran poder legislativo por el partido de gobierno. Así resultó en 1963, luego en 1966 y en la última reforma a la Constitución dominicana, la del 2002. En ninguno de esos casos se produjo la concertación ni el consenso que casi todos los sectores recomiendan.

         Todos debemos formular votos para que esta vez no haya precipitaciones y para que esa materia no pase por encima de urgentes prioridades como solución al problema energético, aprobación de las reformas legales para la inserción del país en el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica,  la adopción de medidas destinadas a mejorar las posibilidades de los productores nacionales en los nuevos escenarios de competitividad y concierto para comenzar a enfrentar el déficit cuasi fiscal del Banco Central que pende sobre la estabilidad económica.

Tampoco debemos pretender entretener el país con un nuevo e innecesario debate académico ni contratación de asesores extranjeros para una reforma constitucional que está sobradamente diagnosticada.

Esas discusiones académicas ya se dieron abundantemente en las universidades y en los foros de la sociedad civil dominicana en la última década, así como en el Diálogo Nacional que impulsó el presidente Leonel Fernández en su anterior gestión de gobierno.

De las recomendaciones de esos escenarios fue que se nutrió la Comisión Especial creada por el presidente Hipólito Mejía el 21 de marzo del 2001, bajo la coordinación de Monseñor Agripino Núñez Collado, la cual rindió un amplio informe de su gestión el 13 de agosto del mismo año.

Conviene recordar que esa comisión fue de una amplitud sin precedente, al estar integrada por representantes de todos los partidos reconocidos, de la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral, del Consejo Nacional de Reforma del Estado, de las mayores organizaciones empresariales y sindicales, de tres universidades, de las iglesias Católica y Evangélicas y de 7 de las instituciones sociales más participantes en el debate nacional.

La integraron también una decena de juristas reconocidos: Wellington Ramos Messina, Bernardo Fernández, Manuel Bergés Chiupani, Luis Scheker Ortiz, Guillermo Moreno, Ramón Tapia Espinal, Juan Manuel Pellerano, Pedro Romero Confesor, Wenceslao Vega y Jottin Cury . Además del ingeniero Leopoldo Espaillat Nanita y el sociólogo Franklyn Franco Pichardo.

La Suprema Corte y las JCE no se integraron a la comisión, como tampoco el doctor Bernardo Fernández, pero con todo la misma resultó ampliamente representativa y sus trabajos fueron intensos.

El informe no será un compendio de perfección. Pero sí una síntesis consensuada de propuestas, y en algunos puntos en que no se pudo dar el consenso presenta dos y hasta tres opciones.

Ese documento, editado en un folleto por la Universidad Católica Madre y Maestra, tiene que constituir el documento base si se quiere buscar un amplio consenso nacional. Carecería de credibilidad todo intento que pretenda prescindir de un acuerdo tan amplio, que tomó unos 5 meses de trabajo en comisiones y plenaria, dentro de un ambiente de absoluta libertad.

Más aún, ya se sabe de instituciones de las que participaron en aquella comisión que se plantean como fundamental el documento consensuado hace 4 años. Ya fue suficiente con que el presidente Mejía y su grupo político desconociera aquel gran esfuerzo y que se dedicaran a hacer una reforma antojadiza y burlesca. Volverlo a ignorar ahora sería una nueva burla al consenso que tanto se pregona en la sociedad dominicana.-