En medio del escándalo del fraude de los falsos regidores que lograron pasaportes oficiales gracias a actas  falsificadas, y de las denuncias del cancelado oficial Felipe Rodríguez y del suplente Jorge Eligio Méndez, la Junta Central Electoral (JCE) comienza a informar con detenimiento sus planes para resolver los problemas del registro civil.  

Los miembros de la JCE,  Roberto Rosario y Luis Nelson Pantaleón, concurrieron a la televisión e incluso a una tertulia de Participación Ciudadana, para explicar las actividades que realiza la JCE para conjurar las dificultades que enfrenta el registro civil. Y fueron portadores de buenas noticias, aunque deben entender que en esta materia, como en tantas otras, esta sociedad es absolutamente escéptica debido a las promesas incumplidas y las malas experiencias. Por ejemplo, informaron que a partir de enero todos los oficiales del Estado Civil tendrán salario y todos los ingresos de las oficialías pertenecerán a la JCE, cumpliendo así un mandato legal que tiene trece años siendo ignorado. También informaron que existe la disposición en la JCE de que las designaciones de los oficiales en el futuro se realicen por concurso público, para evitar las acusaciones de repartición de estas posiciones. 

Entre las buenas noticias se encuentran los planes de modernización del registro civil y de dotar de actas y cédulas a cerca de quinientas mil personas que carecen de uno u otro documento. El plan de modernización, con un presupuesto multimillonario, implica la automatización del registro civil, incluyendo las 160 oficialías existentes, digitalizando todas las actas, lo que permitiría mejorar el tiempo, la calidad y la seguridad del servicio que se ofrece a la ciudadanía. Ciertamente que la automatización es un componente esencial del proceso de modernización, pero no el único, tal como se comentó en la tertulia de Participación Ciudadana. La parte administrativa debe ser mejorada sustancialmente, incluyendo los procesos y  el personal, para poder lograr una reforma integral y  verdaderamente moderna, y esta parte debe ser reforzada en los planes de la JCE. También deben recordar el fracaso de un plan similar, encargado en 1998 a Datocentro, en el que se invirtieron cuantiosos recursos sin resultado alguno.

A pesar de los escándalos, e incluso de la desafortunada forma en que se manejo la suspensión y posterior cancelación del oficial Rodríguez, bajo la antidemocrática fórmula de “conveniencia en el servicio”, no hay dudas de que los miembros actuales de la JCE son los que deberán organizar las próximas elecciones congresionales y municipales, y quien esté pensando a estas alturas en provocar un cambio, pretende pescar en río revuelto. Sin embargo, el momento es propicio para reclamar a la JCE que cumpla con las promesas que realiza en estos días de crisis y recordar a sus miembros que la principal cualidad que debe adornar a un juez electoral es la confiabilidad, que se pierde irremisiblemente cuando se prometen cosas que no se cumplen.

Francisco Álvarez Valdez
Abogado